Cuba: Regimen Obliga a Tenedores de Libros a Reportar Operaciones Vinculadas al “Terrorismo”
MIAMI, Estados Unidos — El Gobierno cubano ha introducido una medida que amplía drásticamente la vigilancia financiera y el control sobre sectores económicos de menor tamaño, convirtiendo a trabajadores por cuenta propia, mipymes y cooperativas no agrícolas en “sujetos obligados” para informar operaciones relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento al “terrorismo” y la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta resolución, publicada recientemente en la Gaceta Oficial No. 37, es parte de una serie de medidas que buscan fortalecer las barreras contra supuestas amenazas a la seguridad nacional, aunque muchos ven detrás de esta normativa un intento del régimen de mantener el control sobre la economía y restringir las posibilidades de autonomía económica para los ciudadanos.
Esta medida viene en un contexto de creciente precariedad económica que ha afectado a Cuba debido a una combinación de factores: la crisis internacional, la pandemia de COVID-19 y las sanciones extraterritoriales impuestas por Estados Unidos. Las restricciones financieras han limitado significativamente el acceso a divisas e importaciones, lo que ha llevado a un severo escasez en bienes básicos y servicios. En este entorno de crisis estructural, el régimen busca mantener la estabilidad económica mediante medidas drásticas como esta.
El sector de teneduría de libros se encuentra en una situación particularmente vulnerable. Estos emprendedores suelen trabajar en espacios pequeños o caseros, donde las operaciones financieras son menores pero igualmente cruciales para la circulación cultural y el intercambio económico informal. La resolución obliga a estos individuos a informar cualquier transacción sospechosa, lo que plantea preguntas sobre la privacidad y los riesgos potenciales de denunciar actos pacíficos.
Las críticas al régimen argumentan que esta medida es una forma indirecta de control social y económica. Los defensores del libre mercado y las libertades económicas ven en esta normativa un ataque a la autonomía financiera y el derecho a emprender sin restricciones innecesarias. Esta medida se suma a otras iniciativas anteriores que han limitado significativamente la capacidad de los cubanos para operar económicamente fuera del control estatal, como la prohibición de las transferencias en divisas o las restricciones al comercio con Estados Unidos.
La implementación de esta resolución también ha generado preocupaciones sobre el cumplimiento y la justicia. Muchos temen que la aplicación de estas normativas se pueda viciar, llevando a situaciones donde ciudadanos legítimamente inquietos o erróneamente informados podrían enfrentar represalias del régimen. Esto podría llevar a una situación en la cual la libertad de expresión y los derechos fundamentales de los cubanos sean aún más limitados.
En resumen, esta medida no solo representa un paso hacia la intensificación del control económico en Cuba sino también un indicio de las tensiones internas que enfrenta el régimen. Mientras que la comunidad internacional busca formas de ayudar a aliviar la crisis humanitaria en Cuba, los gobiernos y organizaciones internacionales deben monitorizar de cerca estas medidas para asegurarse de que no se usen como pretexto para limitar aún más las libertades civiles de los cubanos.
