La Alianza de Cristianos de Cuba emitió una firme declaración exigiendo el reconocimiento legal de las congregaciones religiosas en la isla, al tiempo que alerta sobre el aumento de la hostilidad estatal contra los líderes espirituales. En un documento respaldado por 63 integrantes y pastores locales difundido desde Camagüey, la organización insta a la comunidad internacional a presionar al régimen de La Habana para que garantice las libertades religiosas en medio de la profunda crisis nacional.
El pronunciamiento de la agrupación religiosa dibuja un panorama desolador de la realidad cubana, describiendo una «profunda crisis política, económica, social y espiritual» que asfixia a la población. La declaración subraya que esta situación no es producto de la casualidad o de factores externos, sino del agotamiento de un modelo impuesto por el ejecutivo cubano, que ha llevado a la nación al borde del colapso total. Según datos citados por la Alianza y provenientes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89% de las familias cubanas sobreviven en condiciones de extrema pobreza, una cifra que evidencia el fracaso de las políticas gubernamentales y la urgente necesidad de asistencia humanitaria que el Estado es incapaz de proveer.
En el ámbito estrictamente religioso, la denuncia central de los pastores se centra en la negación sistemática de la personalidad jurídica a las iglesias. El texto revela que el gobierno cubano solo reconoce legalmente a las Asociaciones Religiosas y Fraternales que estaban registradas antes de 1962, año en que se consolidó el control totalitario sobre la sociedad civil. Esta medida administrativa, que mantiene su vigencia décadas después, deja despojadas de cualquier estatus legal a más del 80% de las iglesias locales actuales. Sin personalidad jurídica, estas congregaciones no pueden poseer propiedades a su nombre, abrir cuentas bancarias para recibir donaciones ni realizar trámites oficiales, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad permanente frente al acoso y la arbitrariedad estatal.
Hostigamiento y criminalización de la labor pastoral
La falta de reconocimiento legal es solo la punta del iceberg de un entramado de arbitrariedades. Los firmantes detallan que la iglesia cubana se enfrenta cotidianamente a la confiscación de propiedades, la demolición arbitraria de lugares de culto y la imposición de regulaciones de viaje a líderes religiosos que intentan participar en eventos internacionales o coordinar ayuda humanitaria. Además, las autoridades de la isla han implementado estrictas acotaciones a las importaciones de materiales religiosos y han erigido trabas burocráticas insalvables para impedir el servicio social de las iglesias. Esta cruzada restrictiva ha limitado severamente el acompañamiento pastoral en hospitales, hogares de ancianos y de niños sin amparo filial, cárceles, escuelas, universidades, equipos deportivos e incluso en las instalaciones del ejército.
La criminalización de la fe ha tenido un repunte alarmante en el último año. Según los datos expuestos por la Alianza de Cristianos de Cuba, durante 2024 se contabilizaron 996 acciones represivas dirigidas específicamente contra líderes religiosos. Estas acciones incluyen desde citaciones intimidatorias por parte de la Seguridad del Estado hasta multas coercitivas, allanamientos, decomisos y amenazas de encarcelamiento. La dictadura cubana ha mantenido este ritmo de hostigamiento en los primeros meses de 2025, demostrando que el control ideológico y la intolerancia hacia cualquier espacio de autonomía ciudadana, incluso el espiritual, siguen siendo pilares inamovibles de la política estatal.
El documento también hace una conexión ineludible entre la represión religiosa y la violencia estatal generalizada. Los cristianos denuncian la existencia de «al menos 762 presos políticos y de conciencia», una cifra que refleja el endurecimiento de la dictadura tras las protestas del 11 de julio de 2021. Para la Alianza, estos encarcelamientos arbitrarios constituyen «el ejemplo más hiriente —aunque no el único— de tanta injusticia». La presencia de pastores y feligreses entre las filas de los presos políticos ha generado un clima de terror en las comunidades religiosas, que ven cómo cualquier pronunciamiento a favor de los derechos humanos es castigado con la cárcel.
Antecedentes del control estatal sobre la religión
La situación que denuncia la Alianza de Cristianos no es un fenómeno nuevo, sino la culminación de décadas de políticas de control y satelización de la religión en Cuba. Desde los primeros años tras el triunfo de la revolución, el Estado implementó una estrategia para marginar a las iglesias, expulsando a cientos de sacerdotes extranjeros y confiscando colegios, clínicas y orfanatos religiosos. Con la creación de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, el régimen de La Habana consolidó un mecanismo de vigilancia y arbitraje que decide qué iglesias pueden operar, qué pastores pueden viajar y qué ayuda externa puede ingresar al país. Este aparato burocrático ha sido utilizado históricamente para premiar a las religiones afines o sumisas al discurso oficial y asfixiar a las congregaciones que exigen libertades democráticas.
El contexto de la crisis estructural cubana
La asfixia a las iglesias ocurre en un momento de deterioro acelerado de la calidad de vida en la isla. La economía cubana atraviesa una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un colapso total del sistema electroenergético que mantiene a millones de personas en la oscuridad durante horas o días. En este escenario de privaciones extremas, la labor asistencial de las iglesias se ha vuelto vital para la supervivencia de muchas comunidades, siendo a menudo el único refugio para obtener alimentos, medicinas y consuelo espiritual. Sin embargo, el gobierno cubano percibe esta independencia caritativa como una amenaza a su hegemonía, prefiriendo mantener a la población en la dependencia absoluta del Estado antes que permitir que las congregaciones religiosas suplan las deficiencias estructurales del sistema.
El éxodo migratorio masivo, que ha llevado a cientos de miles de cubanos a abandonar el país en los últimos años, ha agravado aún más la situación de las comunidades de fe. Las iglesias se han quedado sin feligreses jóvenes y sin liderazgo intermedio, mientras intentan sostener a una población cada vez más envejecida y vulnerable. Las autoridades de la isla, lejos de buscar soluciones a la crisis que provoca la huida en masa, utilizan la represión para silenciar el descontento social y para impedir que las iglesias se conviertan en espacios de articulación cívica y denuncia, tal como ocurrió en la primavera de 2021 cuando decenas de religiosos se manifestaron pacíficamente.
Un clamor que trasciende fronteras
Frente a este panorama desolador, la Alianza de Cristianos de Cuba ha hecho un llamado formal a «las instituciones internacionales y a los gobiernos democráticos» para que «insten a las autoridades cubanas a poner fin al hostigamiento y las limitaciones a las libertades religiosas en el país». La organización considera que la presión externa es indispensable para obligar al ejecutivo cubano a respetar los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que ha firmado pero que viola de manera sistemática. Los pastores insisten en que su labor no es de naturaleza política partidista, sino una respuesta a un mandato espiritual y social que no pueden abandonar.
La declaración concluye con una afirmación rotunda sobre el propósito de su pronunciamiento: «No lo hacemos en nuestro propio beneficio sino en el del pueblo cubano, necesitado de labor pastoral, profética y asistencial de nuestras iglesias». Las implicaciones de esta denuncia son profundas para el futuro de la sociedad civil en la isla. Si la dictadura cubana continúa avanzando en su cruzada para silenciar a las iglesias, eliminará uno de los últimos reductos de apoyo comunitario y denuncia ética que le quedan a los cubanos. La respuesta de la comunidad internacional a este llamado definirá, en gran medida, el nivel de aislamiento o respaldo que tendrán los ciudadanos de a pie en su intento por sobrevivir y recuperar sus libertades fundamentales en medio de la oscuridad institucional.
