Los legisladores cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar exigieron a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, la suspensión inmediata del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) con el régimen de La Habana. Los congresistas argumentan que el pacto legitima y financia a una dictadura que profundiza la represión interna, mantiene presos a cientos de activistas y ha consolidado alianzas con potencias hostiles a Occidente, incluyendo el envío de tropas cubanas a la guerra de Rusia contra Ucrania.
La ofensiva diplomática de los representantes estadounidenses se produce tras las declaraciones de Kallas ante el Parlamento Europeo, donde defendió la continuidad del acuerdo pese a reconocer que no ha arrojado los resultados esperados en términos de apertura democrática. Para Díaz-Balart, mantener este instrumento de cooperación es un error estratégico que ha permitido a las autoridades de la isla fortalecer su aparato de control sin rendir cuentas en materia de derechos humanos.
A través de un comunicado público, el congresista republicano detalló que desde la entrada en vigor del PDCA en 2017, la dictadura cubana ha incrementado de manera sistemática la persecución de opositores. Subrayó que decenas de activistas arrestados durante las protestas masivas del 11 de julio de 2021 continúan tras las rejas en condiciones precarias, evidenciando la falsedad de cualquier apertura política promovida desde Bruselas.
Además de la represión interna, Díaz-Balart alertó sobre la complicidad del gobierno cubano con potencias adversarias a los intereses europeos y estadounidenses. Señaló que el régimen ha autorizado la instalación de un extenso centro de espionaje de la República Popular China a escasas 90 millas de la costa de Florida y ha profundizado la cooperación militar con Bielorrusia. A esto se suma la confirmación de que miles de ciudadanos cubanos han sido desplegados como combatientes en el frente ucraniano del lado de las fuerzas rusas.
En el plano interno, el legislador descalificó las recientes medidas económicas anunciadas por el ejecutivo cubano, tildándolas de mera «propaganda». Afirmó que las supuestas reformas solo consisten en la entrega de licencias a círculos cercanos al poder militar y que las nuevas normativas son decretos que se aplican de manera arbitraria, sin beneficio real para la población civil.
La advertencia de Salazar: seguridad global y presos políticos
Por su parte, la congresista María Elvira Salazar centró sus críticas en la contradicción de que Europa siga inyectando recursos económicos mientras la dictadura cubana encarcela a figuras de la oposición como José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Salazar calificó de inaceptable que el bloque europeo mantenga un canal de financiación que, en la práctica, fortalece a un sistema que aplasta las libertades básicas en la isla.
Salazar también enfatizó que el problema trasciende la crisis humanitaria y de derechos humanos en Cuba. Apuntó directamente a la alianza estratégica entre el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, y Vladímir Putin, advirtiendo que La Habana se ha convertido en un actor que desestabiliza la región y exporta represión. «Cada euro que llega al régimen de La Habana fortalece un sistema que socava la democracia», sentenció la legisladora, instando a la UE a no convertirse en cómplice del sufrimiento ciudadano.
El debate sobre el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
El origen del conflicto diplomático radica en la postura asumida por Kaja Kallas, quien ante el Parlamento Europeo insistió en que el PDCA representa «la mejor oportunidad para promover los valores e intereses europeos y apoyar las reformas en la isla». La alta representante aseguró que los fondos europeos no se entregan directamente a las autoridades cubanas, sino que se gestionan a través de organismos internacionales. Sin embargo, esta afirmación ha sido refutada por activistas y medios de prensa independientes, quienes denuncian que el régimen captura y redirige dichos recursos a su discreción.
Como antecedente, el PDCA fue firmado a finales de 2016 y entró en vigor en 2017, sustituyendo a la «Posición Común» de 1996 que condicionaba las relaciones con la isla a avances democráticos. Desde su implementación, el acuerdo ha sido blanco de rechazo por parte de parlamentarios europeos y organizaciones de derechos humanos que cuestionan su ineficacia para forzar transparencia y apertura en el gobierno cubano. Díaz-Balart aplaudió en su discurso a países como Suecia, que ha pedido una revisión formal, y a Lituania, que se mantiene firme en su rechazo a la ratificación.
Contexto: El colapso estructural y la maquinaria represiva
La exigencia de los congresistas se enmarca en una de las etapas más críticas de la historia reciente de la isla. El régimen de La Habana atraviesa un colapso sistémico marcado por una hiperinflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un apagón energético continuo que paraliza la economía nacional. Ante esta crisis, la respuesta del Estado ha sido endurecer el control social y penalizar la protesta ciudadana, utilizando el aparato judicial y policial para silenciar el descontento generalizado.
La represión funciona como el pilar fundamental para sostener un modelo económico fracasado. Mientras las autoridades de la isla negocian cooperación internacional y abren pequeños espacios de mercado para captar divisas, la mayoría de la población sobrevive en la pobreza, lo que ha detonado un éxodo migratorio sin precedentes hacia Estados Unidos y Europa. La ayuda exterior, lejos de paliar la crisis, es percibida por la diáspora y la sociedad civil como un salvavidas para una dictadura que evita implementar reformas estructurales que afecten su monopolio del poder.
Consecuencias y panorama futuro
La presión del Capitolio sobre Bruselas plantea un escenario de reevaluación de las políticas de cooperación hacia la isla. Si la Unión Europea accede a revisar o suspender el PDCA, el régimen cubano perdería una de sus pocas válvulas de financiamiento y respaldo diplomático en el hemisferio norte. Por el contrario, el mantenimiento del statu quo confirmaría la ineficacia de la diplomacia blanda frente a gobiernos autoritarios que instrumentalizan la cooperación internacional para perpetuarse en el poder.
En definitiva, el debate sobre el futuro del acuerdo europeo con Cuba no solo define la postura del bloque frente a las violaciones de derechos humanos, sino que se convierte en un termómetro de la voluntad occidental para contener la influencia de Rusia y China en América Latina. La comunidad internacional se enfrenta al reto de diseñar mecanismos que apoyen genuinamente a los ciudadanos cubanos sin fortalecer a la maquinaria represiva que los oprime.
