El líder opositor y preso de conciencia Félix Navarro Rodríguez fue golpeado, esposado y confinado en una celda de castigo en la prisión de Agüica, en la provincia de Matanzas, presuntamente tras concluir una visita familiar. La denuncia fue formulada por su esposa, la activista Sonia Álvarez Campillo, quien responsabilizó directamente a la Seguridad del Estado y a la dirección del penal de la dictadura cubana por la integridad física del opositor.
De acuerdo con el testimonio de Álvarez Campillo, difundido a través de un audio en la plataforma Cuba Decide, la agresión ocurrió este jueves y fue ejecutada por Yoslen Pedroso Sotolongo, identificado como jefe de Orden Interior del penal. La opositora, integrante del movimiento Damas de Blanco, detalló que su esposo se encontraba en la enfermería del centro penitenciario debido a su precario estado de salud en el momento en que fue atacado y posteriormente trasladado a la celda de aislamiento.
En su declaración, la esposa del opositor señaló que la conducta violenta de Sotolongo no es un hecho aislado, sino una práctica habitual dentro de la prisión. Asimismo, reveló que Navarro Rodríguez había presentado reiteradas quejas formales sobre este funcionario ante el jefe del penal, Emilio Cruz, sin que las autoridades de la isla adoptaran ninguna medida correctiva. La inacción institucional, según Álvarez, evidencia la complicidad del aparato represivo.
La activista extendió la responsabilidad de los hechos al agente de la Seguridad del Estado Orlando Figueroa, vinculado al caso y al control de los reclusos políticos. Álvarez Campillo insistió en que la principal responsabilidad recae sobre los órganos represivos, los cuales tienen pleno conocimiento del perfil abusivo del funcionario y aun así permiten su actuar contra la población reclusa, particularmente contra quienes mantienen una postura crítica frente al poder.
Un historial de resistencia y represión estatal
Félix Navarro Rodríguez, fundador del Partido por la Democracia «Pedro Luis Boitel», acumula décadas de enfrentamiento pacífico al régimen de La Habana y un extenso historial de represión. Amnistía Internacional documenta que su primer encarcelamiento ocurrió en 1992 bajo el cargo de «propaganda enemiga». Posteriormente, en 2003, fue uno de los integrantes del Grupo de los 75 condenados durante la represiva ola conocida como la Primavera Negra, recibiendo una sentencia de 25 años y siendo declarado preso de conciencia por la organización internacional.
Tras ser excarcelado en 2011, tras negarse rotundamente a aceptar el exilio como condición para su liberación, Navarro Rodríguez continuó su activismo pro democracia. Sin embargo, la persecución del gobierno cubano contra él no cesó. En julio de 2021, en el contexto de las protestas masivas del 11J, fue detenido junto a su hija, Sayli Navarro. Ambos fueron condenados en marzo de 2022 por hechos vinculados a las movilizaciones sociales. En abril de 2025, en una muestra más del endurecimiento punitivo del ejecutivo cubano, las autoridades revocaron su libertad condicional y lo enviaron nuevamente a prisión.
La represión también se ha cebado de manera transgeneracional con su familia. Sayli Navarro Álvarez permanece encarcelada por su participación en las protestas, y Sonia Álvarez Campillo ha sido blanco constante de la hostigación policial. En marzo de 2025, las autoridades de la prisión La Bellotex le impidieron visitar a su hija por el simple hecho de vestir de blanco, color identificatorio de las Damas de Blanco. Más recientemente, en enero de 2026, fue detenida cuando se dirigía a una misa religiosa en Perico, Matanzas, donde recibió amenazas de la Seguridad del Estado para que abandonara su activismo.
El colapso penitenciario y la crisis estructural
El ataque contra Navarro Rodríguez no es un incidente aislado, sino que se inscribe en el patrón sistemático de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que prevalece en el sistema penitenciario controlado por la dictadura cubana. Las prisiones de la isla, caracterizadas por el hacinamiento extremo, la falta de atención médica y la escasez crónica de alimentación e higiene, funcionan como centros de castigo tanto para reclusos comunes como para los presos políticos, quienes sufren un acoso adicional por parte de las autoridades carcelarias.
Esta situación ocurre en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa el país. La economía cubana se encuentra en franco colapso, con una inflación galopante, desabastecimiento generalizado de productos básicos y apagones prolongados que afectan a toda la población. Ante la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer soluciones materiales, la respuesta oficial ha sido el endurecimiento del control social, la criminalización de la protesta y el aumento de la represión política para evitar nuevos estallidos sociales similares a los del 11 de julio de 2021.
El éxodo migratorio sin precedentes que ha experimentado la isla en los últimos años es una consecuencia directa de esta combinación de crisis económica y asfixia política. Al cerrar todas las vías de expresión civil y política, las autoridades de la isla han dejado a la ciudadanía entre la opción de emigrar o enfrentar un sistema judicial penalizador. Los presos del 11J, como Navarro y su hija, representan el costo humano de esta política de intimidación estatal, diseñada para sembrar el terror y desincentivar cualquier forma de disidencia.
Implicaciones y exigencia de respuesta internacional
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado de manera reiterada sobre el deterioro de la salud de Félix Navarro y las deplorables condiciones de su reclusión desde que se le revocó la libertad condicional en 2025. La golpiza sufrida esta semana representa una escalada grave que amenaza directamente su vida, dada su avanzada edad y sus padecimientos médicos preexistentes, los cuales no reciben tratamiento adecuado dentro del penal de Agüica.
La comunidad internacional y los organismos multilaterales enfrentan el desafío de cómo responder a la persistencia de estas violaciones graves de los derechos humanos en Cuba. Mientras el régimen de La Habana continúa negando el acceso a observadores internacionales independientes a sus centros de reclusión, las denuncias de familiares y activistas sobre el terreno siguen siendo la única vía para documentar los abusos. La impunidad con la que operan funcionarios como Sotolongo, Cruz y Figueroa es un reflejo directo de la falta de rendición de cuentas que caracteriza al sistema.
El caso de Félix Navarro y su familia sintetiza la tragedia de la disidencia en la isla: una vida entera dedicada a la exigencia de libertades democráticas, pagada con cárcel, exilio forzado, separación familiar y violencia física. La agresión en la prisión de Agüica exige una condena enérgica y un monitoreo constante de la situación, no solo para salvaguardar la vida del líder opositor, sino para visibilizar el mecanismo de terror institucional que la dictadura cubana utiliza para perpetuarse en medio del fracaso de su modelo político y económico.
