El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y la Alianza de Cristianos de Cuba (ACC) denunciaron el encarcelamiento de los pastores Luis Guillermo Borjas Navarro y Roxana Rojas Betancourt, líderes de la Iglesia Asambleas de Dios en la Isla de la Juventud. Los religiosos fueron arrestados por la dictadura cubana tras intervenir en un juicio militar contra su hijo y mencionar la justicia divina frente a la Fiscalía, en un nuevo y alarmante episodio de represión contra la libertad religiosa y de expresión en la isla.
Los hechos se desarrollaron durante el proceso judicial seguido contra Kevin Lay Laureido Rojas, hijo del matrimonio pastoral, quien enfrenta una severa petición fiscal de cuatro años de cárcel. El joven es acusado de haber abandonado una unidad militar a la que fue ingresado a la fuerza, en un claro abuso de poder, a pesar de que previamente había sido declarado no apto para el Servicio Militar Activo. Este servicio, de carácter obligatorio en la nación caribeña, ha sido históricamente cuestionado por sus prácticas de reclutamiento forzoso, pero en el caso de Kevin Lay la situación es aún más grave, ya que el joven padece de trastornos psiquiátricos y ortopédicos documentados médicamente y presentados por sus padres ante las autoridades.
Durante la celebración del juicio, los pastores, en su legítimo derecho a defender a su hijo y expresar sus convicciones, declararon ante el tribunal que «se estaba cometiendo una injusticia frente a los hombres y frente a Dios». Según testigos presenciales citados por la activista Yaiset Rodríguez Fernández, el pastor Borjas se dirigió directamente a la fiscal para señalar que estaban actuando con injusticia y que, en consecuencia, les tocaría enfrentarse a la justicia divina. La reacción del aparato estatal fue desproporcionada y reveladora de la naturaleza intolerante del sistema. La Fiscalía citó de inmediato un supuesto artículo legal argumentando que en un tribunal militar no se podía hablar de Dios y, mucho menos, de la justicia divina, asegurando de forma prepotente que los únicos encargados de impartir justicia eran los representantes del régimen.
Como consecuencia directa de estas declaraciones, el régimen de La Habana imputó a los pastores los cargos de desacato y desobediencia, delitos vagamente tipificados que el gobierno cubano utiliza habitualmente para silenciar a sus críticos. La Fiscalía ha solicitado para ambos líderes religiosos una condena de ocho años de prisión, una pena desmesurada que confirma la voluntad punitiva del Estado. Actualmente, Luis Guillermo Borjas Navarro permanece detenido en condiciones de severo aislamiento, sin derecho a recibir visitas ni alimentos por parte de su familia. Por su parte, Roxana Rojas Betancourt sufrió un episodio cardiovascular agudo durante su detención, lo que obligó a su hospitalización y posterior liberación condicional, pero únicamente por razones de salud, manteniendo la amenaza de la prisión sobre ella.
Ante esta grave vulneración de los derechos fundamentales, el OCDH y la ACC emitieron una declaración conjunta condenando enérgicamente estos hechos. Las organizaciones calificaron el arresto como un ataque intolerable contra los derechos humanos y la libertad religiosa en Cuba. En su nota de prensa, exigieron la liberación inmediata de los tres ciudadanos y realizaron un llamado urgente a la comunidad internacional. «Hacemos un llamado a las iglesias cristianas internacionales, entre ellas las Asambleas de Dios, a las ONG y a los gobiernos democráticos, a denunciar la situación de estos tres ciudadanos», expresaron, subrayando la necesidad de no abandonar a los perseguidos por causa de su fe y su búsqueda de justicia.
El caso ha generado una profunda indignación y consternación entre creyentes, activistas y miembros de la sociedad civil cubana, quienes ven en este arresto una cruzada contra la moral y la fe. La propia Iglesia Asambleas de Dios de Cuba, una de las denominaciones más numerosas de la isla, se vio obligada a romper su habitual silencio y confirmó los hechos mediante una publicación en redes sociales, donde solicitó oración por los afectados. El juicio contra Kevin Lay está previsto para el próximo 9 de junio, una fecha que se perfila como un nuevo escenario de enfrentamiento entre la ciudadanía que exige justicia y un sistema judicial subordinado al poder ejecutivo.
Hostigamiento sistemático a la libertad religiosa
Este nuevo episodio de represión no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una política de hostigamiento sistemático y creciente por parte del régimen de La Habana contra cualquier manifestación de independencia institucional o disidencia ideológica. La libertad religiosa en Cuba ha sufrido un deterioro acelerado en los últimos años, convirtiéndose en uno de los frentes de control preferidos por el ejecutivo cubano para silenciar voces críticas. Las iglesias que no se alinean con la ortodoxia del Estado, o cuyos líderes asumen un compromiso cívico y de denuncia social, son sistemáticamente acosadas, multadas o amenazadas con la expropiación de sus locales de culto.
Según el informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el año 2024 se documentaron al menos 996 actos de violación contra la libertad religiosa en la isla, una cifra alarmante que supera los registros del año anterior y evidencia la escalada autoritaria del gobierno cubano. Las vulneraciones más frecuentes incluyen el impedimento de asistir a misas y servicios religiosos, la imposición de multas arbitrarias a líderes de iglesias no reconocidas oficialmente por el Estado, el hostigamiento policial a cristianos con compromiso cívico y la negación sistemática de asistencia religiosa a los cientos de prisioneros políticos que permanecen en las cárceles desde las protestas del 11 de julio de 2021.
Además de la represión directa, la dictadura cubana mantiene una política de asfixia legal mediante la negación de personalidad jurídica a organizaciones independientes. El OCDH destaca que más de 63 entidades que conforman la Alianza de Cristianos de Cuba se encuentran entre las perjudicadas por esta prohibición, lo que las deja en una situación de total indefensión legal. Sin reconocimiento oficial, estas congregaciones no pueden abrir cuentas bancarias, adquirir propiedades ni solicitar permisos para realizar actividades públicas, empujándolas a la clandestinidad y facilitando su posterior criminalización.
Rechazo social al Servicio Militar Obligatorio
El arresto de los pastores Borjas y Rojas también pone de manifiesto el creciente rechazo social hacia el Servicio Militar Obligatorio, una práctica anacrónica que ha generado un profundo descontento en la población cubana. Este malestar se ha intensificado dramáticamente tras la tragedia ocurrida el 7 de enero de este año en la provincia de Holguín, donde nueve reclutas perdieron la vida en un incendio en un almacén militar, un suceso que evidenció las precarias condiciones y la falta de seguridad en las instalaciones de las Fuerzas Armadas.
Organizaciones evangélicas, activistas y ciudadanos comunes en las redes sociales han intensificado sus demandas exigiendo el respeto a la objeción de conciencia y el fin inmediato del reclutamiento forzoso de jóvenes con padecimientos médicos o psicológicos, como es el caso de Kevin Lay. Sin embargo, las autoridades de la isla han ignorado sistemáticamente estas peticiones, manteniendo un modelo de conscripción que vulnera los derechos de los jóvenes y que, en contextos de crisis económica y desabastecimiento, representa una carga adicional para las familias que ven a sus hijos obligados a ingresar a unidades militares carentes de recursos básicos.
Implicaciones y futuro de la represión en Cuba
La criminalización de la palabra y la fe en Cuba proyecta un panorama sombrío para el futuro de las libertades civiles en el país. El pedido de ocho años de prisión para dos pastores evangélicos por el simple hecho de invocar la justicia divina ante un tribunal evidencia la fragilidad del Estado de derecho y la sumisión total del aparato judicial a los designios del poder único. Este caso demuestra que la dictadura no tolera ninguna autoridad moral que no emane del propio partido gobernante, ni siquiera en los recintos donde se supone que se administra justicia.
Frente a este escenario de creciente autoritarismo, la respuesta de la comunidad internacional, los gobiernos democráticos y las congregaciones religiosas a nivel global será determinante. La pasividad ante estos abusos solo alienta al régimen a profundizar su política represiva. La solidaridad internacional y la denuncia constante de estos casos son las únicas herramientas disponibles para presionar al gobierno cubano y evitar que estos nuevos presos de conciencia sean condenados al olvido en las mazmorras del sistema carcelario de la isla.
