El preso político Yordanis Díaz Lozano, encarcelado sin juicio desde noviembre de 2023, ha denunciado nuevas arbitrariedades por parte de las autoridades del Combinado del Este en La Habana. La dictadura cubana continúa utilizando la restricción de las visitas familiares como método de castigo psicológico, afectando gravemente a su madre, una mujer de 62 años con problemas de salud que realizó un costoso viaje desde Cienfuegos solo para verlo por menos de una hora.
De acuerdo con la denuncia formulada por el propio prisionero político vía telefónica, la última visita familiar programada se convirtió en una nueva muestra de la crueldad institucionalizada del sistema penitenciario cubano. Su madre, Marcelina Lozano, viajó desde la localidad de Guaos, en la provincia de Cienfuegos, y permaneció desde las primeras horas de la mañana esperando en el área del penal. Sin embargo, las autoridades carcelarias no permitieron que Díaz Lozano bajara al lugar de encuentro hasta casi las 11:00 a.m., lo que redujo el tiempo de visita a menos de sesenta minutos.
Ante esta situación, el prisionero político solicitó al jefe del Departamento de Tratamiento Educativo del penal, el teniente Yanier Marcelo Luis, que le permitiera permanecer unos minutos adicionales con su madre, explicando los obstáculos y el costo del viaje. La respuesta del uniformado fue una muestra de la deshumanización que impera en el sistema: «Hubieras bajado antes». Díaz Lozano enfatizó que los reclusos no tienen autonomía para desplazarse dentro del penal, sino que deben esperar a que los militares lo determinen y a que un guardia los escolte, lo que evidencia la absoluta arbitrariedad de la excusa oficial.
El costo humano y económico de la represión
El caso de Marcelina Lozano ilustra el doble castigo que sufren las familias de los presos políticos en Cuba. A sus 62 años, esta mujer padece hipertiroidismo y desnutrición, condiciones que se han agravado por la ansiedad y el insomnio derivados del arresto y encarcelamiento de su hijo. Para poder visitarlo, tuvo que pagar la exorbitante cifra de 30.000 pesos cubanos por el pasaje desde su localidad hasta La Habana, un monto casi inalcanzable para la mayoría de la población en medio de la profunda crisis inflacionaria que azota a la isla.
El pago de «sin poder» —como se le conoce en el argot popular a los sobornos o pagos informales exigidos para asegurar un asiento en el transporte interprovincial— refleja el colapso estructural del sistema de transporte público en Cuba. Mientras el régimen de La Habana mantiene a cientos de opositores tras las rejas, sus familias deben sortear el desabastecimiento, la inflación galopante y la ineficiencia estatal para mantener un mínimo contacto con sus seres queridos, convirtiendo el derecho a la visita familiar en un lujo inaccesible.
Un encarcelamiento arbitrario y sin debido proceso
Yordanis Díaz Lozano, de 42 años y natural del poblado de Guao en Cienfuegos, se dedicaba a las labores agrícolas en la finca de su familia antes de ser privado de libertad. Su calvario comenzó el 25 de noviembre de 2023, cuando fue apresado y mantenido durante cuatro días en el Centro de Operaciones Especiales de Cienfuegos. Posteriormente, fue trasladado al cuartel general de la Seguridad del Estado en Villa Marista, en La Habana, donde permaneció incomunicado durante tres meses antes de ser enviado al Combinado del Este, un centro penitenciario de máximo rigor conocido por sus precarias condiciones y su hacinamiento.
El motivo de su arresto, según relató el propio Díaz Lozano, habría sido su vinculación con Ardelis García Álvarez, un ciudadano cubano natural de Guao y radicado en Estados Unidos. García Álvarez ingresó al país el 25 de octubre de 2023 a bordo de una moto acuática, con la supuesta intención de reclutar personas para iniciar una revuelta contra el gobierno. La paranoia de la dictadura cubana ante cualquier intento de organización ciudadana o manifestación de descontento social lleva a la aplicación de políticas de culpabilidad por asociación, donde el simple contacto con alguien considerado un «enemigo» del Estado es suficiente para desencadenar una persecución judicial.
Tras más de dos años y medio en prisión sin haber sido juzgado, una violación flagrante del debido proceso, Díaz Lozano recibió la petición fiscal el 12 de junio. El ejecutivo cubano, a través de su aparato judicial subordinado, solicita 25 años de privación de libertad bajo los supuestos delitos de «espionaje», «otros actos contra la seguridad del Estado», «tenencia de armas de fuego» y «delitos contra el orden constitucional». Estos cargos, de carácter genérico y ampuloso, son habitualmente utilizados por el régimen para criminalizar la disidencia y justificar penas extremas sin presentar pruebas concluyentes en juicios que carecen de las mínimas garantías procesales.
Contexto sistemático de violaciones en el penal
La restricción de la visita de julio no es un hecho aislado en el caso de Díaz Lozano. El prisionero político ha denunciado anteriormente que las autoridades del Combinado del Este le han suspendido, sin explicaciones y sin previo aviso, dos visitas familiares y una conyugal. Esta práctica de suspender o limitar arbitrariamente los contactos con el exterior es una táctica sistemática empleada por la dictadura cubana para quebrar la moral de los reclusos políticos, aislarlos de su entorno y aumentar el sufrimiento psicológico de sus familias.
El Combinado del Este es el epicentro de un sistema penitenciario opaco y violatorio de los derechos humanos. Los informes de diversas organizaciones internacionales y de la sociedad civil cubana en el exilio coinciden en señalar que en este recinto, al igual que en el resto de las prisiones de la isla, prevalecen condiciones infrahumanas. La desnutrición, la falta de higiene, el acceso limitado a agua potable y la nula atención médica son constantes que afectan tanto a presos comunes como políticos, configurando un escenario de tortura física y psicológica permanente.
Implicaciones y respuesta ante la crisis carcelaria
El caso de Yordanis Díaz Lozano se inscribe en la política de endurecimiento represivo implementada por las autoridades de la isla tras las protestas del 11 de julio de 2021. Aunque Díaz Lozano fue arrestado posteriormente, su procesamiento bajo cargos de seguridad del Estado responde al mismo manual de represión que ha enviado a cientos de jóvenes cubanos a prisión por el simple hecho de manifestarse o pensar de manera diferente. El régimen de La Habana ha optado por el encarcelamiento preventivo prolongado y las peticiones fiscales desproporcionadas como herramientas para infundir el terror entre la población y disuadir cualquier intento de sublevación.
La situación de los presos políticos en Cuba requiere una atención urgente por parte de la comunidad internacional y los organismos defensores de los derechos humanos. El silencio o la tibieza ante estos abusos solo legitiman la impunidad con la que opera la dictadura cubana. Mientras tanto, familias como la de Marcelina Lozano continúan pagando el precio más alto: viendo cómo sus recursos económicos se esfaran en un sistema corrupto de transporte, mientras su salud se deteriora y el Estado les arrebata el derecho fundamental de abrazar a sus hijos en condiciones dignas. El futuro de la ciudadanía cubana está estrechamente ligado a la exigencia de libertad para estos reclusos y al cese de las tácticas de aniquilación psicológica que el poder ejerce desde sus cárceles.
