LA HABANA. El economista Orlando Freire Santana asegura que la única salida viable a la profunda crisis que atraviesa la isla exige un cambio radical del modelo político y económico. Ante la caída del Producto Interno Bruto, la inflación galopante y el colapso del Sistema Electroenergético Nacional, el especialista con más de cuatro décadas de experiencia sostiene que sin una transición a la democracia que garantice libertades económicas, cualquier medida parcial adoptada por el régimen de La Habana está condenada al fracaso.
El panorama económico de la nación se encuentra en su punto más crítico de las últimas décadas. Freire Santana, quien laboró durante años en ministerios estatales como el de Industria Sideromecánica y Pesquera, así como en la Oficina Nacional de Administración Tributaria, describe una economía paralizada. La incapacidad para honrar la deuda externa, la ausencia de rubros exportables competitivos y el incumplimiento sistemático de los planes nacionales configuran un escenario de asfixia financiera que el gobierno cubano ha sido incapaz de revertir, evidenciando la ineficiencia interna como principal obstáculo para el desarrollo.
En el ámbito interno, la situación es igualmente desalentadora. El deterioro del nivel de vida se ha acelerado por una inflación imparable que devalúa salarios y pensiones, sumado a la crisis estructural del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), manifestada en apagones prolongados por averías y falta de combustible. Las autoridades de la isla han intentado implementar medidas como la dolarización parcial o incrementos salariales, pero el economista advierte que estas acciones son paliativos inútiles frente a una economía que prácticamente no produce, donde el mercado negro y el desabastecimiento marcan la pauta diaria de la ciudadanía.
Desmontaje del aparato estatal y liberalización del mercado
Para revertir este colapso, el experto propone una reestructuración profunda que comienza por la privatización de tierras e industrias, así como el cese del hostigamiento al sector no estatal. La liberalización de los precios, regida por las leyes de oferta y demanda en lugar de la fijación burocrática, se presenta como un pilar indispensable. Además, Freire Santana apunta a la necesidad de desmantelar empresas ineficientes como Acopio, permitiendo que la comercialización agrícola opere bajo dinámicas privadas que incentiven la producción de alimentos y cubran las necesidades internas.
Economista analiza la crisis cubana y señala qué medidas priorizaría durante la transición
Otro aspecto fundamental de esta hoja de ruta es la indemnización y devolución de propiedades confiscadas a nacionales y extranjeros tras la llegada de la dictadura al poder. El economista insiste en que, como ha ocurrido en otras transiciones, la compensación es necesaria para sanar heridas y generar confianza. En materia social, plantea la coexistencia de sistemas públicos y privados en salud y educación, incluida la restauración de colegios religiosos, una demanda histórica de la Iglesia Católica que el ejecutivo cubano ha ignorado sistemáticamente, negando a la población opciones de mayor calidad y eficiencia.
El obstáculo de GAESA y la inversión extranjera
La apertura total de todos los sectores económicos a la inversión extranjera y al capital privado nacional es otra de las urgencias señaladas, siendo el sector electroenergético la principal prioridad. Sin embargo, esto choca con el poder desmesurado de GAESA (Grupo de la Administración Empresarial S.A.), el conglomerado militar que controla sectores estratégicos como el turismo, operando al margen de la Contraloría General de la República y respondiendo directamente a la cúpula de poder. Freire Santana exige la auditoría y el desmantelamiento de este ente supragubernamental, criticando que los escasos recursos se desvíen hacia la construcción de hoteles subocupados en detrimento de la salud, la educación o la industria.
El surgimiento de las mipymes en Cuba ha sido visto con recelo por el régimen. Aunque el experto reconoce la existencia de un sector privado, advierte que este vive constantemente hostigado por inspectores y regulaciones, salvo aquellas empresas controladas por testaferros, militares o familiares de la élite dictatorial. Para revertir esta dinámica, Freire Santana propone derogar la Constitución de 2019, al considerar que consagra una economía centralizada, subestima el papel del mercado y, mediante su artículo 5, garantiza el monopolio del Partido sobre todas las esferas de la sociedad.
Contexto: Crisis estructural, exodo y responsabilidad del régimen
Las propuestas del economista no surgen en el vacío, sino en respuesta a una crisis sistémica que ha derivado en el mayor éxodo migratorio de la historia reciente de la isla. La falta de oportunidades, la represión social y el desabastecimiento crónico han empujado a cientos de miles de cubanos a abandonar el país, desnudando el fracaso del modelo centralizado. La dictadura cubana ha respondido a la inconformidad ciudadana con el endurecimiento de la represión y la censura, ahondando el abismo entre el poder y la población, y vaciando al país de su fuerza laboral y capital humano.
A diferencia de China o Vietnam, donde se implementaron reformas económicas sin alterar el modelo político, el caso cubano requiere un cambio de sistema completo. La desconfianza de la diáspora y de los actores internos es absoluta: no habrá inversiones significativas sin libertades democráticas. El economista también aborda un aspecto incómodo para el régimen de La Habana: la responsabilidad histórica. La reconciliación nacional exige que el gobierno asuma sus crímenes y pida perdón por hechos como el derribo de las avionetas de «Hermanos al Rescate» y el hundimiento del remolcador «13 de marzo», un paso previo e insustituible para construir confianza.
Implicaciones futuras y el rol de la comunidad internacional
Más allá del eventual acompañamiento de organismos internacionales, que podrían enviar observadores en un hipotético proceso de apertura electoral, el factor determinante sigue siendo interno. El desinflamiento de la abultada burocracia estatal, llena de trabajadores improductivos que gravitan en ministerios y organizaciones, y la creación de un nuevo marco legal que garantice seguridad jurídica son tareas ineludibles. Si las autoridades de la isla continúan negando la necesidad de una transformación radical y democrática, el colapso económico y social se profundizará, dejando a la ciudadanía frente a un escenario de pobreza extrema del que será cada vez más difícil emerger.
