Una investigación del medio mexicano MCCI reveló que la administración de Andrés Manuel López Obrador destinó al menos 36,7 millones de pesos para imprimir más de tres millones de libros escolares con contenido ideológico comunista para el sistema educativo de Cuba, en una operación sin transparencia, sin aprobación del Congreso y sin contraprestación alguna por parte de las autoridades de la isla.
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo del Estado mexicano, facilitó a la editorial estatal cubana Pueblo y Educación al menos 172 toneladas de papel, tintas, placas de impresión, refacciones para maquinaria y asistencia técnica especializada para producir los materiales destinados a las escuelas primarias de la isla. El acuerdo nunca fue anunciado públicamente ni sometido a debate legislativo, lo que plantea serias interrogantes sobre la legalidad del uso de fondos públicos mexicanos en un país extranjero con fines de propaganda política.
El reportaje, elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a partir de más de 1.000 documentos oficiales obtenidos mediante solicitudes de transparencia, incluye facturas, órdenes de compra, hojas de trabajo, reportes de viaje y correos electrónicos que demuestran la magnitud de la operación. La Secretaría de Educación Pública (SEP) negó inicialmente la existencia del convenio, afirmando que «no fue posible localizar ningún documento» sobre la colaboración. Sin embargo, la persistencia periodística desenterró un expediente completo que confirma cada etapa del proceso.
El contenido de los libros: adoctrinamiento desde la infancia
Los materiales financiados con dinero del erario mexicano promueven una visión del mundo plenamente alineada con la ideología del régimen cubano. Reporteros de MCCI consultaron copias físicas de los textos en Cuba y documentaron pasajes que revelan el carácter abiertamente propagandístico de los contenidos. En una de las actividades dirigidas a niños de segundo grado, se propone a los estudiantes organizar «una marcha para protestar por una situación que consideren injusta», una consigna que en el contexto cubano se orienta exclusivamente hacia la narrativa oficial y nunca hacia las violaciones de derechos humanos cometidas por el poder.
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Otro de los textos afirma de manera categórica: «En Cuba se aspira a construir una sociedad comunista, es decir, sin clases sociales ni explotación del hombre por el hombre». En una lección posterior, se solicita a los infantes que elaboren un cartel con la consigna «¡Socialismo o muerte!», frase históricamente asociada al discurso represivo del Estado cubano y a la persecución de la disidencia. Adicionalmente, los libros alientan la vigilancia entre compañeros de aula y de barrio: una actividad pregunta a los niños qué hacer si observan que un vecino «bota papeles en la calle y maltrata a los animales», promoviendo una cultura de control social que reproduce los mecanismos de vigilancia del régimen.
Los materiales también insisten en la obediencia al modelo político imperante. «Recordemos que el respeto y la disciplina son fundamentales para construir una patria socialista», reza otro de los fragmentos, en un lenguaje que subraya la sumisión como valor central de la formación ciudadana. El Observatorio de Libertad Académica (OLA), organización independiente cubana, evaluó varios de estos volúmenes y concluyó que contienen «indicadores de adoctrinamiento político», entre ellos «el culto al comunismo», la exaltación del «modelo socialista como el único válido» y la «presencia de estereotipos ideológicos» que anulan cualquier espacio para el desarrollo del pensamiento crítico.
Una operación sin transparencia ni control institucional
La documentación obtenida por MCCI muestra que el convenio se ejecutó sin difusión oficial alguna: no fue publicado en gacetas gubernamentales ni en sitios institucionales, y no existe evidencia de contraprestación por parte del gobierno cubano. Tampoco hay registro de que se tratara de un tratado internacional formal, lo que sitúa la operación en un limbo jurídico que cuestiona la legitimidad del gasto público. El entonces director de Conaliteg, Marx Arriaga, justificó el proyecto como parte de una «cooperación técnica entre pueblos» y aseguró que «no se trata de un regalo», sino de un gesto de solidaridad con Cuba. Sin embargo, la narrativa oficial contrasta con la realidad documental: México asumió la totalidad de los costos, incluido el traslado aéreo de técnicos y los gastos operativos de la misión.
Los informes internos relatan con detalle las tareas realizadas por el personal mexicano enviado a La Habana: reparación de equipos de impresión, instalación de nuevas piezas, capacitación al personal cubano, corrección de pruebas editoriales y validación del proceso productivo. Las bitácoras de viaje evidencian que los técnicos de Conaliteg participaron activamente en cada fase de la producción, desde el mantenimiento de la maquinaria hasta la supervisión editorial final. La producción alcanzó 3.060.000 ejemplares, entregados al sistema educativo cubano entre mediados y finales de 2023. Hasta la fecha, ni la SEP ni Conaliteg han rendido cuentas públicas sobre el proyecto, y los libros no se encuentran disponibles para consulta en territorio mexicano.
El sistema educativo cubano como instrumento de control ideológico
El adoctrinamiento infantil en Cuba no es un fenómeno nuevo ni aislado. Desde la implantación del sistema educativo revolucionario en la década de 1960, la escuela ha funcionado como uno de los principales aparatos de reproducción ideológica del régimen. La organización pionera José Martí, los pioneros exploradores y la Unión de Jóvenes Comunistas constituyen estructuras de control que acompañan al estudiante desde la enseñanza primaria hasta la universidad. La pertenencia a estas organizaciones condiciona el acceso a oportunidades académicas, becas y carreras universitarias, generando un sistema de incentivos que premia la lealtad política y penaliza la disidencia.
Los libros de texto financiados ahora por el gobierno mexicano se insertan en esta lógica de adoctrinamiento sistemático. La editorial Pueblo y Educación, dependiente del Ministerio de Educación de Cuba, tiene el monopolio de la producción de materiales escolares en la isla y opera bajo estricta supervisión del Partido Comunista. Ningún texto puede circular en las escuelas cubanas sin la aprobación previa de las autoridades ideológicas del régimen, lo que garantiza que el contenido educativo permanezca alineado con la narrativa oficial y excluya cualquier perspectiva crítica o plural.
Contexto: crisis estructural y dependencia externa del régimen cubano
La operación financiada por México adquiere una dimensión adicional cuando se contextualiza dentro de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La economía de la isla ha colapsado de manera acelerada en los últimos años, con una inflación descontrolada que ha destruido el poder adquisitivo de los salarios, un desabastecimiento crónico de bienes básicos y un colapso generalizado de los servicios públicos, incluido el sistema educativo. Las escuelas cubanas carecen de materiales básicos: papel, lápices, libretas y libros de texto escasean en medio de una infraestructura deteriorada por décadas de abandono y falta de inversión.
En este panorama, el régimen de La Habana ha recurrido sistemáticamente al apoyo de aliados externos para sostener sus aparatos de control ideológico, mientras la población enfrenta carencias materiales extremas. El financiamiento mexicano para la impresión de libros escolares se inscribe en una lógica de dependencia que ha caracterizado al gobierno cubano durante décadas: la Unión Soviética primero, Venezuela después y ahora países como México, Rusia y China han suplido las deficiencias de una economía incapaz de sostenerse por sí misma. Sin embargo, los recursos externos no se destinan a mejorar las condiciones de vida de la población, sino a fortalecer los mecanismos de reproducción del poder.
El exodo migratorio sin precedentes que ha experimentado Cuba en los últimos años, con cientos de miles de ciudadanos abandonando la isla rumbo a Estados Unidos, México y otros destinos, refleja el agotamiento de un modelo político y económico que no ofrece perspectivas de futuro. La represión sistemática, la falta de libertades y la imposibilidad de prosperar en un sistema controlado por el Estado han convertido la emigración en la única vía de escape para amplios sectores de la población, incluidos profesionales de la educación que han abandonado las aulas para buscar mejores condiciones de vida en el extranjero.
Implicaciones y consecuencias
La revelación de este convenio plantea interrogantes serias sobre la política exterior del gobierno mexicano hacia Cuba y sobre la utilización de recursos públicos sin control democrático. El hecho de que la administración de López Obrador haya financiado la producción de materiales de propaganda comunista en un país extranjero, sin transparencia ni debate público, representa un uso cuestionable del erario que merece escrutinio legislativo y judicial. La ausencia de un tratado internacional formal y la falta de contraprestación por parte del ejecutivo cubano agravan las dudas sobre la legalidad de la operación.
Para la ciudadanía cubana, el impacto de esta colaboración es ambivalente y preocupante. Si bien el sistema educativo de la isla necesitaba con urgencia materiales escolares, los textos financiados por México refuerzan un aparato de adoctrinamiento que anula la formación de ciudadanos libres y críticos. La comunidad internacional, particularmente los organismos de defensa de la libertad académica y los gobiernos comprometidos con la promoción de la democracia en la región, deberían prestar atención a este tipo de cooperaciones que, bajo el ropaje de la solidaridad, fortalecen las estructuras de control ideológico de la dictadura cubana. La pregunta central que queda pendiente es hasta qué punto los gobiernos democráticos de la región están dispuestos a continuar subsidiando, directa o indirectamente, la maquinaria de reproducción ideológica de un régimen que niega las libertades fundamentales a su propia población.
