Kany Castillo Figueras, un joven de 19 años afiliado al Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR), enfrenta amenazas de encarcelamiento y severas multas por parte de las autoridades cubanas tras reiterar su negativa a cumplir con el Servicio Militar Activo (SMA). El caso expone una vez más la política de reclutamiento forzado en la isla y la criminalización de la objeción de conciencia por parte del Estado.
Castillo Figueras fue citado para presentarse este miércoles a las 8:00 de la mañana ante el Comité Militar Municipal de Guanabacoa, municipio donde reside, con el objetivo de concluir su proceso de reclutamiento. Ante esta exigencia, el joven ha mantenido una postura firme de rechazo, argumentando motivos estrictamente políticos y éticos. «Yo no tengo por qué pasar el Servicio Militar; estoy en contra de este sistema. No voy a defender una dictadura en la que no creo», declaró el opositor, subrayando que su negativa radica en una convicción ideológica incompatible con el aparato represivo del Estado.
La presión sobre el joven no es aislada ni reciente. Hace aproximadamente un mes, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo obligaron a presentarse a los exámenes médicos previos al reclutamiento, vulnerando su voluntad. Según relató Castillo Figueras, el jefe de sector lo forzó a subir a una motocicleta para trasladarlo al centro médico, advirtiéndole que, en caso de negarse, enfrentaría una multa de 25.000 pesos o prisión por desobediencia. Esta acción constituye una clara muestra de la violencia estatal empleada para someter a los ciudadanos a los designios del régimen de La Habana.
Durante el chequeo médico obligatorio, el joven reiteró ante los oficiales del Comité Militar su posición contraria al sistema político cubano. Sin embargo, su planteamiento fue ignorado por las autoridades, quienes procedieron a realizarle las pruebas correspondientes. Castillo Figueras detalló que se negó a quitarse la ropa como parte del protocolo y que, a pesar de explicar que su postura obedecía a una convicción política y no a un problema de salud mental, los médicos le aplicaron varias pruebas psicológicas. Esta práctica refleja cómo el ejecutivo cubano patologiza la disidencia, tratando el pensamiento crítico como una anomalía que debe ser evaluada o corregida.
Citación entregada al joven (Foto del autor)
«Como si me quieren meter preso, no me interesa. Yo pertenezco a un movimiento de derechos humanos, no soy ‘revolucionario’ y no voy a empuñar un arma para defender a la dictadura», agregó el joven, consciente de las graves consecuencias que su postura puede acarrearle en un sistema donde la justicia opera bajo directrices políticas. Su caso pone sobre la mesa la inexistencia de alternativas legales para aquellos jóvenes que, por razones de conciencia, deciden no integrarse a las filas de las Fuerzas Armadas.
Endurecimiento legal contra la objeción de conciencia
El accionar contra Castillo Figueras se ampara en un marco jurídico cada vez más restrictivo. A principios de octubre de 2024, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó el Decreto 103, una norma que establece nuevas sanciones y contravenciones vinculadas al Servicio Militar. Esta legislación faculta al gobierno cubano para sancionar a los ciudadanos que deben cumplir el servicio, así como a personas jurídicas y naturales mayores de 16 años que «impidan, inciten, obstaculicen o ayuden a evadir» el cumplimiento de los deberes militares.
El Decreto 103 también extiende la responsabilidad penal a los entornos familiares, estableciendo que, en caso de que los infractores sean menores de edad, los padres o tutores deberán responder por ellos. A esto se suma el Código Penal vigente, que contempla sanciones que van desde multas económicas hasta el encarcelamiento para quienes incumplan con los deberes relacionados con el Servicio Militar. Este andamiaje legal funciona como un mecanismo de coacción para garantizar el relevo generacional en las filas militares, en medio de un contexto social cada vez más adverso para el poder.
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Contexto sistémico: Crisis, éxodo y necesidad de control
La persecución contra jóvenes que rechazan el Servicio Militar no puede desvincularse de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. En los últimos años, Cuba ha experimentado un éxodo migratorio sin precedentes, con cientos de miles de jóvenes abandonando el país ante la falta de oportunidades laborales, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la constante represión. Esta fuga de talento y fuerza laboral ha dejado a las autoridades de la isla con un déficit crítico de efectivos para el Servicio Militar Obligatorio, impulsando tácticas de reclutamiento más agresivas y arbitrarias.
La economía nacional, sumida en un estancamiento prolongado, no ofrece incentivos para que las nuevas generaciones se integren al aparato estatal, mucho menos al militar. La desconexión entre las promesas oficiales y la realidad material ha generado un rechazo generalizado hacia las instituciones del régimen. En este escenario, obligar a jóvenes como Castillo Figueras a empuñar armas para defender un sistema que consideran opresivo no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que evidencia la fragilidad y el miedo del Estado ante la pérdida de legitimidad ideológica entre la juventud.
Antecedentes de represión a objetores
Históricamente, la objeción de conciencia no ha sido reconocida por la dictadura cubana. Durante décadas, jóvenes que se han negado a cumplir el servicio militar por motivos religiosos, éticos o políticos han enfrentado el ostracismo, la prisión y la marginación social, viéndose impedidos de acceder a la educación superior o a empleos estatales. Casos como el de los Testigos de Jehová en décadas pasadas, o más recientemente la persecución a jóvenes que se manifestaron en las protestas del 11 de julio de 2021, demuestran que la intolerancia hacia la disidencia pacífica es una constante en la política de La Habana.
La criminalización de la negativa al Servicio Militar se intensificó particularmente tras las protestas antigubernamentales de 2021, cuando el régimen percibió un aumento en el descontento juvenil. Desde entonces, las redadas en zonas marginales, los operativos en parques y la presión en los centros de enseñanza media y superior se han multiplicado, utilizando el servicio militar como una herramienta de castigo y disciplinamiento social contra aquellos que cuestionan el statu quo.
Implicaciones y futuro
La situación de Kany Castillo Figueras plantea un desafío tanto para el sistema represivo interno como para la comunidad internacional. Mientras las autoridades de la isla apuestan por el endurecimiento punitivo para sofocar la disidencia, organizaciones de derechos humanos continúan documentando estas violaciones. La respuesta de la comunidad internacional frente a estos abusos será crucial para determinar si existe una voluntad real de presionar al régimen de La Habana para que respete las libertades fundamentales. Por ahora, el joven opositor se prepara para enfrentar las consecuencias de su postura, sabiendo que su caso es un reflejo de la lucha más amplia de una generación que se resiste a ser instrumentalizada por un sistema en franco declive.
