El ministro de Justicia del régimen cubano, Óscar Manuel Silvera Martínez, aseguró este lunes que el Estado no interfiere en los asuntos internos de la masonería, en medio de una abierta maniobra de su cartera para imponer a Mayker Filema Duarte como Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, desconociendo la elección legítima de Juan Alberto Kessel Linares por la mayoría de los masones de la isla.
En una intervención difundida por medios oficialistas, Silvera Martínez defendió la actuación de su organismo amparándose en la Ley 54 de 1985, conocida como Ley de Asociaciones. El funcionario argumentó que esta normativa confiere al Ministerio de Justicia (MINJUS) un «papel rector en el proceso de constitución, creación y control de las formas asociativas». Según sus palabras, la ley otorga al Estado la responsabilidad del «control, del cuidado, del cumplimiento» de estas entidades, justificando así la supervisión sobre la histórica fraternidad.
Sin embargo, la narrativa oficial contrasta de manera flagrante con los hechos. Mientras el titular de Justicia niega cualquier injerencia, el ejecutivo cubano ha desconocido de forma arbitraria la voluntad mayoritaria de los masones cubanos. En mayo pasado, la institución destituyó legalmente a Filema Duarte y eligió mediante votación interna a Kessel Linares, en estricto cumplimiento de los estatutos fundacionales de la orden. El MINJUS, en lugar de acatar el proceso democrático interno, ha decidido validar la figura del líder depuesto, generando una crisis institucional sin precedentes en la entidad.
Durante su declaración, Silvera ofreció datos que ilustran el amplio control burocrático del Estado sobre la sociedad civil. Señaló que en el país existen 2.261 formas asociativas registradas, de las cuales 1.141 son de carácter fraternal. «Una buena parte… son los masones», reconoció el ministro, subrayando que su organismo tiene la obligación legal de supervisar a todas estas agrupaciones. Al definir a la masonería como una «asociación fraternal de carácter social» inscrita en el Registro de Asociaciones, dejó claro que el escrutinio del MINJUS no es una excepción, sino una norma estructural diseñada para mantener el poder bajo control.
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El ministro también se refirió a la compleja legislación interna de la masonería, compuesta por 16 libros que incluyen la Constitución Masónica, los Estatutos, la Ley Electoral y el Libro de la Justicia Masónica. Afirmó que es una legislación «amplia» que abarca todos los aspectos de la vida de la asociación. No obstante, la contradicción salta a la vista: el propio MINJUS ha optado por ignorar estos mecanismos legales internos al validar a Filema Duarte, un líder que fue rechazado y destituido por la Alta Cámara de la orden.
Represión y amedrentamiento contra la dirección legítima
El intento de Silvera por presentar una imagen de diálogo y consenso —mencionando «conversatorios, reuniones y entrevistas» con representantes masónicos— se desmorona ante la realidad de los hechos. Estas supuestas gestiones de entendimiento se han desarrollado en un clima de constante hostigamiento y represión policial. La dictadura cubana ha utilizado su aparato de seguridad para amedrentar a los líderes legítimamente electos.
Juan Alberto Kessel Linares y Víctor Bravo Cabañas, miembros del nuevo liderazgo masónico, han sido detenidos y amenazados en repetidas ocasiones por agentes de la Seguridad del Estado. La teniente coronel Kenia María Morales Larrea, identificada como una de las operativas del aparato represivo, ha encabezado las acciones intimidatorias contra los masones que reclaman el respeto a su proceso electoral. Esta persecución política demuestra que, mientras el Ministerio de Justicia habla de legalidad, la dictadura aplica la fuerza bruta para someter a una organización centenaria.
A pesar del cerco policial, las detenciones arbitrarias y la propaganda oficial destinada a fracturar a la institución, los masones que respaldan a Kessel Linares y a la alta cámara legalmente constituida mantienen su denuncia. Han logrado sostener su reclamo de manera pacífica, amparados en la legalidad de sus propios estatutos y en el respaldo de cientos de hermanos a lo largo y ancho del país, quienes rechazan la injerencia política en sus filas.
Contexto: El control absoluto de la sociedad civil en Cuba
El conflicto en la Gran Logia de Cuba no es un hecho aislado, sino un reflejo de la crisis estructural que atraviesa la isla en materia de libertades públicas. Desde su instauración, el régimen de La Habana ha mantenido una política de subordinación total de la sociedad civil. Las asociaciones independientes, las fraternidades y cualquier espacio de reunión que no esté bajo la égida del Estado son vistos como una amenaza potencial al monopolio ideológico del poder. La Ley 54 de 1985 es precisamente uno de los instrumentos jurídicos diseñados para asfixiar cualquier atisbo de autonomía ciudadana.
En el contexto actual de profunda crisis económica, caracterizada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos básicos, el colapso del sistema eléctrico y un éxodo migratorio sin precedentes, las autoridades de la isla priorizan el control político sobre la atención a las necesidades ciudadanas. Que el Ministerio de Justicia y los órganos de seguridad dediquen recursos a decapitar la dirección de una organización fraternal evidencia el nivel de paranoia y rigidez del sistema. El gobierno cubano no tolera ni siquiera procesos eleccionarios internos en entidades que históricamente han mantenido un perfil bajo, por miedo a que el espíritu de renovación contagie a otros sectores de la sociedad.
Esta ofensiva contra la masonería se suma a la creciente represión contra activistas, periodistas independientes y artistas que han exigido respeto a los derechos fundamentales. El mensaje del poder es claro: no existe espacio para la disidencia ni para la autonomía organizativa. La imposición de líderes afines, como intentan hacer con Filema Duarte, responde a la lógica de la dictadura de garantizar que todas las estructuras de la sociedad respondan a los intereses del Partido Único.
Antecedentes y perspectivas de la crisis masónica
Los antecedentes de este conflicto se remontan a la creciente incomodidad de la base masónica con la gestión de Mayker Filema Duarte, lo que culminó en su destitución legal en mayo y la posterior elección de Kessel Linares. La negativa del MINJUS a reconocer este cambio no solo viola la soberanía de la institución, sino que coloca al Estado como árbitro absoluto de los conflictos internos de organizaciones que, por derecho propio, deberían ser autónomas.
Al reservarse el derecho de reconocer o no los cambios internos en función del cumplimiento de requisitos legales —evaluados a su exclusivo criterio—, el régimen de La Habana impone una trampa jurídica. Exige el respeto a sus leyes mientras viola sistemáticamente las leyes internas de las asociaciones que pretende regular. Esta hipocresía institucional es una constante en el accionar gubernamental frente a la sociedad civil.
De cara al futuro, la imposición de Filema Duarte amenaza con fracturar definitivamente a la masonería cubana, una institución con profunda raigambre en la historia nacional. La respuesta de la comunidad internacional y de las grandes potencias masónicas a nivel mundial será crucial. Hasta ahora, la pasividad frente a los abusos del ejecutivo cubano ha permitido que la represión se normalice. Lo que está en juego en la Gran Logia de Cuba no es solo el liderazgo de una fraternidad, sino el derecho fundamental a la libertad de asociación en un país donde el Estado ha confiscado todas las esferas de la vida ciudadana.
