La entrada en operación de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas no logra mitigar el severo déficit energético que sufre el país, tras la desconexión de una planta flotante en la capital por motivos comerciales. Las autoridades de la isla proyectan un déficit de 1.674 megawatts (MW) que dejará a la mitad de Cuba sin servicio eléctrico, profundizando el colapso de los servicios básicos y la calidad de vida de la población.
El sistema electroenergético nacional continúa al borde del colapso tras el anuncio de la desconexión de la patana de 240 megawatts (MW) ubicada en La Habana. La decisión, justificada por el ejecutivo cubano por «razones comerciales», fue comunicada a través del periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, quien citó declaraciones del director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Aunque desde el oficialismo aseguran que se toman medidas para evitar que esta salida eleve los niveles de afectación, la realidad que reflejan los datos de la propia Unión Eléctrica de Cuba (UNE) es diametralmente opuesta.
De acuerdo con el parte diario de la empresa estatal, la proyección para el fin de semana es alarmante. Se estima una disponibilidad de apenas 2.022 MW frente a una demanda que alcanzará los 3.700 MW. Este desequilibrio genera un déficit de 1.674 MW, lo que se traducirá en una afectación directa de 1.744 MW para los hogares y empresas del país. La consecuencia inmediata es que la mitad de la isla se quedará a oscuras, en medio de las altas temperaturas estivales y la humedad característica del clima caribeño.
Impacto social y deterioro de la calidad de vida
En provincias del interior del país, la situación ha superado los límites de la resistencia ciudadana, con cortes de luz que superan las 20 horas diarias. Esta privación constante obliga a miles de familias a modificar radicalmente sus rutinas diarias, recurriendo a la cocción con leña ante la imposibilidad de usar cocinas eléctricas, e improvisando rústicos sistemas de refrigeración para conservar alimentos que se deterioran rápidamente.
El impacto de estos apagones prolongados golpea de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad cubana. Personas mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas que dependen de equipos médicos eléctricos o de medicamentos que requieren cadena de frío, se ven en una situación de riesgo inminente. A la inseguridad alimentaria crónica se suma ahora la limitación en el acceso a agua potable, ya que los sistemas de bombeo eléctrico quedan inoperativos, paralizando también los servicios sanitarios básicos en la mayoría de los municipios.
Antecedentes de una crisis inmanejable
La entrada en línea de la Antonio Guiteras, la termoeléctrica de mayor potencia en la isla, solía ser una noticia alentadora en décadas pasadas. Sin embargo, en el contexto actual, su reincorporación tras mantenimientos resulta insuficiente para tapar los múltiples agujeros del sistema. El hecho de que una planta flotante alquilada —cuyo costo y origen comercial el régimen mantiene en la opacidad— sea retirada del sistema por «razones comerciales» evidencia la falta de planificación, la escasez de divisas y la incapacidad de las autoridades para garantizar la soberanía energética.
La crisis energética que padece Cuba no es un fenómeno reciente, pero ha escalado a niveles críticos desde el año 2021, cuando comenzaron los apagones masivos tras el colapso simultáneo de varias unidades generadoras obsoletas. A la falta crónica de divisas para adquirir combustible importado y piezas de repuesto, se suman la ineficiencia estructural en la gestión estatal y el deterioro técnico de una infraestructura eléctrica que no ha sido modernizada sustancialmente en más de tres décadas.
El balance del año en curso es desolador. En lo que va de 2025, se han registrado al menos cuatro apagones nacionales que han dejado a la totalidad del territorio cubano completamente a oscuras durante varias horas. El pasado 28 de junio, más de la mitad de Cuba estuvo sin servicio eléctrico debido a un déficit de 1.907 megawatts (MW), marcando la mayor afectación registrada en la actual crisis, sin contar los colapsos totales del sistema que han paralizado la nación entera.
Contexto sistémico: Represión y colapso estructural
El colapso energético es un síntoma más de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La incapacidad del gobierno cubano para mantener la generación eléctrica se entrelaza con una inflación galopante que destruye el poder adquisitivo de los salarios, un desabastecimiento generalizado de productos de primera necesidad y un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado al país de su fuerza laboral y técnica. Ante este panorama, la respuesta del régimen de La Habana ha sido incrementar el control policial y la represión social.
Frente al descontento generado por los cortes de luz, la dictadura cubana ha impuesto un férreo cerco informativo. Se mantiene la censura sobre cualquier intento de protesta ciudadana por la falta de servicios, mientras se despliega un aparato de desinformación oficial que minimiza la gravedad de la crisis. El acceso libre a los datos técnicos reales sobre el estado de las plantas y los contratos comerciales de las patanas es negado a la ciudadanía y a los medios independientes, violando sistemáticamente el derecho a la información.
Implicaciones y panorama futuro
La desconexión de la planta flotante en La Habana y la persistencia de un déficit superior a los 1.600 MW auguran un verano de profundo descontento social. La incapacidad del sistema para recuperar su estabilidad, sumada a la negativa de la dictadura para implementar reformas estructurales que permitan la inversión privada y extranjera en el sector energético, sugiere que los apagones prolongados se han convertido en la nueva normalidad para los cubanos.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan observando con preocupación cómo el deterioro de las condiciones de vida en la isla es utilizado como herramienta de control por el poder. Mientras la población sobrevive a oscuras, las implicaciones políticas de esta crisis apuntan a un escenario de mayor radicalización del régimen y un inevitable incremento de la presión social, en un ciclo que parece no tener salida bajo el actual modelo de gestión estatal centralizada.
