El Ministerio del Interior (MININT) en la provincia de Granma anunció la ampliación de una estricta zona restringida en el litoral sur que abarca los municipios de Pilón y Niquero. La medida, adoptada mediante el Acuerdo No. 24/2025 del Consejo de Gobierno provincial, busca cortar el acceso de la población a los bultos de estupefacientes que arrojan las corrientes marinas, un fenómeno que ha derivado en la proliferación de redes de narcotráfico informal en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla.
La nueva disposición prohíbe el acceso de personas naturales o jurídicas a un extenso segmento costero delimitado desde la Ensenada del Toro hasta la Ensenada La Campana, extendiéndose una milla náutica hacia el mar. El perímetro incluye puntos geográficos clave como Pesquero Alto, Punta Mono, Punta Morlote, Bajada de Samuel, Jagüey Caído (Camino Abajo del Uno), Cueva Paco Pérez, Cueva Las Bajas, Camino de Todo el Día y la oficina de ETECSA en Cabo Cruz. La militarización de esta franja costera evidencia la incapacidad de las autoridades de la isla para controlar el territorio por vías institucionales convencionales, optando en cambio por la restricción territorial absoluta.
Según la comunicación emitida por la Jefatura del MININT en Granma, la decisión responde directamente a «la persistencia de ciudadanos dedicados a la procura de drogas procedente de recalos». El documento oficial detalla que estos individuos «se establecen en el litoral accediendo posteriormente al mar para su apropiación y luego comercialización». Esta admisión por parte del gobierno cubano confirma que el narcotráfico de origen marítimo ha dejado de ser un evento aislado para convertirse en una actividad económica de supervivencia para muchos residentes locales.
Militarización y vacíos legales
El documento advierte que las personas detectadas dentro de este espacio incurren en violaciones a la Resolución 135 de 2024, aprobada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). Sin embargo, la nota oficial omite detallar las sanciones específicas que enfrentarán los infractores, ni establece un marco claro sobre los mecanismos de control que se implementarán para vigilar tan vasta zona geográfica. Esta opacidad informativa es una constante en la gestión del régimen de La Habana, que suele aplicar medidas punitivas sin ofrecer garantías procesales ni transparencia a la ciudadanía.
Hasta el momento, el MININT no ha ofrecido datos sobre el número de incidentes recientes vinculados a recalos de drogas en la zona, ni ha informado si se han producido detenciones como resultado de esta actividad. La ausencia de estadísticas oficiales contrasta con la severidad de la medida, que califica la situación como un problema de seguridad nacional que requiere la intervención directa de las fuerzas militares y del orden interior.
Antecedentes del narcotráfico costero en el oriente cubano
El fenómeno de los «recalos» no es nuevo en Cuba. Durante años, diversas zonas costeras del oriente del país —especialmente en provincias como Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo— han sido receptoras ocasionales de bultos de marihuana y cocaína que son arrojados al mar por lanchas rápidas de carteles internacionales, generalmente en rutas hacia Estados Unidos o Europa. Las corrientes marinas empujan estos cargamentos hacia el litoral cubano, donde tradicionalmente eran recogidos por pescadores o campesinos.
En el pasado, las autoridades de la isla aseguraban haber neutralizado estas redes mediante operativos puntuales. Sin embargo, la persistencia de esta actividad, y su evolución hacia un mercado interno de distribución, demuestra el fracaso de las políticas de seguridad del Estado. Lo que antes se presentaba como hallazgos fortuitos, hoy es descrito por el propio MININT como una actividad sistemática de «procura» y comercialización, indicativo de que el narcotráfico ha echado raíces en las comunidades costeras cubanas.
Contexto: La crisis económica como caldo de cultivo
La expansión de estas redes informales de narcotráfico no puede desvincularse del colapso económico y social que sufre Cuba. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos básicos y la pérdida del poder adquisitivo del salario han empujado a amplios sectores de la población a buscar alternativas de supervivencia en la economía informal o, como en este caso, en actividades ilícitas. La urgencia económica ha modificado el comportamiento social, donde la recolección y venta de drogas de recalos se convierte en una salida desesperada frente a la inanición propiciada por el modelo económico del ejecutivo cubano.
Ante esta realidad, la dictadura cubana responde con la militarización del territorio y la restricción de la movilidad, ignorando las causas estructurales que orillan a los ciudadanos a involucrarse en el narcotráfico. La ampliación de zonas restringidas afecta directamente la vida de comunidades pesqueras que ya enfrentan severas limitaciones para ejercer su labor, en un país donde la libertad de movimiento y el acceso a zonas costeras están permanentemente condicionados por el aparato de control estatal.
Además, la medida se impone en un contexto de creciente represión social y control político. Mientras el régimen de La Habana cierra el litoral sur de Granma bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, mantiene un cerco sobre la sociedad civil, limitando la capacidad de los medios independientes para monitorear la situación y verificar el alcance real del problema o los posibles abusos de las fuerzas del orden contra la población local.
Implicaciones a futuro
La indeterminación sobre la duración de esta medida restrictiva deja en vilo a los habitantes de Pilón y Niquero, quienes ven cercenado su acceso al mar, fuente histórica de sustento para muchas familias. La falta de transparencia sobre las sanciones y los mecanismos de vigilancia abre la puerta a la arbitrariedad por parte de las autoridades militares en un país donde el debido proceso es frecuentemente vulnerado.
Finalmente, esta decisión subraya una vez más la desconexión del gobierno cubano con la realidad de la isla: ante el fracaso de su modelo, la respuesta institucional se limita a la coerción y el aislamiento territorial, sin ofrecer soluciones a la profunda crisis humanitaria y económica que subyace tras el auge del narcotráfico informal. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán mantener la atención sobre estas dinámicas, donde la seguridad estatal se impone a costa del bienestar y las libertades de los ciudadanos cubanos.
