El preso político cubano Yasmany González Valdés, recluido en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, presenta un severo deterioro físico que incluye desnutrición extrema y pérdida casi total de sus dientes, según denunció su esposa Ilsa Ramos Bellido. Las condiciones carcelarias, el hacinamiento y la falta de atención médica configuran un cuadro de violaciones sistemáticas de derechos humanos en el principal penal del régimen de La Habana.
El deterioro físico de González Valdés es alarmante. Según relató su esposa en entrevista con medios independientes, en cada visita familiar constata nuevos indicios de desnutrición y abandono. «Está chupado [extremadamente flaco] y en riesgo de contraer hepatitis o tuberculosis», alertó Ramos Bellido, quien describió a su esposo con un rostro demacrado que aparenta corresponder a una persona de la tercera edad, pese a no tener esa edad. La pérdida de piezas dentales es uno de los indicadores más visibles del estado de abandono en el que se encuentra: solo le quedan dos dientes.
El Combinado del Este, considerado el principal complejo penitenciario de máxima seguridad de Cuba, ha sido señalado reiteradamente por organizaciones de derechos humanos como un centro donde las condiciones de reclusión violan los mínimos estándares internacionales. Según el testimonio de Ramos Bellido, en el penal existen brotes activos de hepatitis y tuberculosis, enfermedades que las autoridades sanitarias del recinto no han logrado erradicar y que se agravan por el hacinamiento extremo que sufre la población reclusa.
Hacinamiento y uso de presos comunes como instrumentos de represión
La sobrepoblación carcelaria se ha intensificado en los últimos meses, según denunció la esposa del preso político. «Cada día meten presas a más personas por el tráfico del ‘químico’. La prisión está superpoblada; por tanto, el riesgo de contraer cualquier enfermedad es mayor», apuntó. El llamado «químico» —nombre popular con el que se conoce al combustible alterado o de procedencia ilícita que circula en el mercado negro cubano— se ha convertido en uno de los delitos que más detenciones genera en la isla, producto de la profunda crisis energética y la escasez de combustible oficial.
La denuncia más grave de Ramos Bellido involucra el uso de reclusos comunes como instrumentos de represión contra los presos políticos por parte de la Seguridad del Estado. Según su relato, González Valdés fue víctima de una agresión física brutal por parte de otros reclusos mientras los custodios del penal permanecían pasivos. «A Yasmany le dieron una golpiza tremenda y, cuando otro preso llamó a los policías, lo que hicieron fue echarle espray en la cara», precisó. Además, los agresores le confiscaron la comida que su familia le había dejado el día anterior y, como represalia adicional, se le impidió recibir la visita familiar.
Esta práctica de utilizar presos comunes para amedrentar o agredir a activistas y opositores recluidos no es un hecho aislado. Diversas organizaciones de derechos humanos con sede en el exterior, así como ex presos políticos que han logrado salir del país, han documentado durante años el patrón de la dictadura cubana de recurrir a estos métodos para reprimir a quienes fueron encarcelados por motivos políticos, sin que exista mecanismo de denuncia efectivo dentro del sistema penal.
Negación de atención médica y bloqueo de medicamentos
La falta de atención médica constituye otra de las graves violaciones denunciadas. Ramos Bellido explicó que debe llevar personalmente todos los medicamentos que su esposo necesita, ya que el penal no dispone de un suministro básico. Incluso cuando los familiares logran conseguir los fármacos —una tarea cada vez más difícil en un país con un sistema de salud en franco colapso—, las autoridades penitenciarias suelen poner trabas administrativas para autorizar su ingreso al recinto.
«Le tengo que llevar todos los medicamentos que necesita porque allí no hay de nada y, de contra que no tienen, muchas veces te ponen trabas para dejarlos pasar», explicó la esposa del activista. Esta situación refleja una crisis más amplia del sistema de salud cubano, que atraviesa una de sus peores etapas por la falta de insumos básicos, medicamentos esenciales y equipos médicos en desuso, afectando tanto a la población civil como a la reclusa.
Libertad condicional denegada por negarse a participar en actividades del régimen
González Valdés también sufre un severo cuadro depresivo, según relató su esposa, tras habérsele denegado la libertad condicional en dos ocasiones. El argumento esgrimido por las autoridades judiciales revela el carácter político de su reclusión. «El abogado me dijo que se la negaron porque consideran que no está reeducado. Él no participa en nada que tenga que ver con actividades de la dictadura», contó Ramos Bellido, evidenciando cómo el sistema penal cubano condiciona cualquier beneficio penitenciario a la sumisión ideológica del recluso.
El concepto de «reeducación» utilizado por el gobierno cubano como criterio para conceder beneficios carcelarios ha sido criticado por organismos internacionales como una forma de coerción política que vulnera el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. En el caso de los presos políticos del 11 de julio de 2021 y de activistas detenidos con posterioridad, este mecanismo se ha aplicado de forma sistemática para prolongar el encierro de quienes se mantienen firmes en sus convicciones.
Detención y condena por pintadas contestatarias
Yasmany González Valdés fue arrestado el 20 de abril de 2023 tras un registro de su domicilio, en el cual las fuerzas del régimen ocuparon un cubo, una brocha y su teléfono móvil como supuestas pruebas materiales. El gobierno cubano lo acusó de haber realizado varias pintadas contestatarias en distintos puntos de La Habana, un acto que fue tipificado como delito de «propaganda contra el orden constitucional», figura penal frecuentemente utilizada para criminalizar la disidencia.
Tras su arresto, González Valdés permaneció 35 días en Villa Marista, la sede principal de la Seguridad del Estado, conocida por ser el centro donde se realizan los interrogatorios políticos más intensivos y donde los detenidos suelen estar en aislamiento y sin acceso a abogados de su confianza. Posteriormente fue trasladado al Combinado del Este, donde permanece recluido con una sanción de cuatro años de privación de libertad.
Contexto: el sistema penitenciario cubano en medio de la crisis estructural
El caso de González Valdés se inscribe en un panorama más amplio de represión y deterioro penitenciario que afecta a cientos de presos políticos en Cuba. Tras las protestas del 11 de julio de 2021, el régimen de La Habana endureció su política criminal contra la disidencia, aplicando penas desproporcionadas y manteniendo condiciones de reclusión que organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han calificado como crueles, inhumanas y degradantes.
El sistema penitenciario cubano, que alberga a una de las poblaciones reclusas más altas de América Latina en proporción a la población total, sufre las mismas carencias estructurales que el resto de las instituciones del país. La inflación descontrolada, la escasez de alimentos, la falta de medicamentos y el colapso de los servicios básicos se replican dentro de las prisiones con una severidad aún mayor, afectando tanto a reclusos por delitos comunes como a los presos por motivos políticos.
El hacinamiento denunciado por Ramos Bellido está directamente vinculado al incremento de la criminalidad asociada a la crisis económica que atraviesa la isla. El mercado negro de combustible, los delitos relacionados con el desabastecimiento y la creciente pobreza han elevado la población carcelaria en un momento en que las prisiones cubanas carecen de infraestructura mínima para garantizar condiciones dignas de reclusión.
La comunidad internacional ha expresado de forma reiterada su preocupación por la situación de los presos políticos en Cuba, pero las respuestas del gobierno cubano han sido de desprecio frente a los llamados de organismos multilaterales. Mientras la dictadura mantenga el control absoluto sobre el sistema judicial y penitenciario, sin mecanismos de transparencia ni supervisión independiente, casos como el de Yasmany González Valdés seguirán siendo la norma y no la excepción. La denuncia de su esposa pone de manifiesto, una vez más, el costo humano de la represión sistemática en Cuba y la urgencia de que la comunidad internacional asuma un compromiso más firme y efectivo con la defensa de los derechos fundamentales en la isla.
