La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció una nueva promoción para el Día de los Padres orientada exclusivamente a la recaudación de divisas desde el extranjero, en un momento de profundo descontento social y estudiantil por el reciente e indiscriminado aumento de las tarifas de internet en la isla. La oferta, que exige pago en dólares, contrasta con las severas restricciones impuestas a los usuarios que dependen del salario en pesos cubanos, profundizando la brecha de acceso a las telecomunicaciones y evidenciando la estrategia extractiva del Estado.
Según la información publicada en el sitio web oficial del monopolio estatal, la promoción estará vigente desde las 00:01 horas del 9 de junio hasta las 23:59 horas del 15 de junio. La campaña busca incentivar la conexión familiar ofreciendo 25 gigabytes (GB) de datos para todas las redes, junto con internet ilimitado en el horario nocturno, de 12:00 a.m. a 7:00 a.m., con una validez de 35 días tras la activación.
Sin embargo, el acceso a estos beneficios está estrictamente condicionado al pago en moneda extranjera a través de distribuidores internacionales autorizados. Los usuarios en el exterior pueden enviar 500 pesos cubanos de saldo mediante una transferencia de 21,99 dólares, o bien 1.250 pesos cubanos abonando 65,99 dólares. Esta estructura tarifaria expone, una vez más, la dolarización forzada que ha adoptado la empresa para sostener sus finanzas en medio de la aguda crisis económica nacional.
El «tarifazo» que desató la indignación popular
El anuncio de esta oferta promocional trasciende en un clima de alta tensión y rechazo generalizado hacia las autoridades de la isla, específicamente hacia la gestión de ETECSA. El pasado 30 de mayo, el régimen de La Habana impuso un nuevo esquema tarifario que limita a una sola recarga mensual en pesos cubanos (CUP) a un máximo de 360 pesos. Esta medida restringe drásticamente el acceso a planes básicos de datos, llamadas y mensajes para la inmensa mayoría de la población que no recibe remesas ni tiene acceso a divisas.
La medida fue rápidamente calificada por la ciudadanía como un «robo a mano armada», generando una respuesta cívica inédita en los últimos años. Lo que comenzó como un reclamo focalizado en algunas facultades de la Universidad de La Habana se ha consolidado en un movimiento de alcance nacional que convoca a un «parón total de recargas» como forma de protesta pacífica. Estudiantes, profesionales y usuarios comunes han alzado su voz contra una política que penaliza la conectividad en un país donde el internet es una ventana indispensable al mundo y a la información no censurada.
Frente a este escenario de movilización ciudadana, la postura de la dictadura cubana ha sido la intransigencia y el silencio institucional. En lugar de abrir espacios de diálogo o revisar las medidas impuestas, el gobierno cubano ha optado por mantener el llamado «tarifazo» y desplegar una campaña de propaganda para justificar la decisión. Los argumentos oficiales esgrimen un supuesto endeudamiento de la empresa y la amenaza de un inminente «colapso» de las telecomunicaciones, excusas que la población percibe como una extorsión para forzar la inyección de dólares desde el extranjero.
La dolarización de la conectividad y el apartheid digital
La nueva oferta de ETECSA para conmemorar el Día de los Padres expone con crudeza la doble moral del monopolio estatal. Mientras se estrangula la capacidad de comunicación de quienes dependen del salario estatal en CUP —devaluado por la inflación galopante—, la compañía se muestra dispuesta a diseñar planes «generosos» y flexibles cuando la recompensa proviene de los emigrados cubanos. Esta dinámica consolida un verdadero apartheid digital, donde el derecho a la comunicación está supeditado al poder adquisitivo en divisas.
Para adquirir las nuevas ofertas en dólares, los residentes en la isla deben recurrir a la billetera digital Monedero MiTransfer, un instrumento que también opera bajo la lógica de la recaudación de moneda fuerte. De este modo, el ejecutivo cubano externaliza el costo de su ineficiencia económica hacia la diáspora, utilizando a los familiares emigrados como sostén financiero de una infraestructura que, pese a generar cuantiosos ingresos en divisas, sufre un crónico abandono y falta de inversión real.
Contexto sistémico: Crisis estructural y control social
El conflicto en torno a las tarifas de ETECSA no es un fenómeno aislado, sino un síntoma más del agotamiento del modelo económico cubano. La isla atraviesa una crisis estructural profunda, caracterizada por una inflación descontrolada, el desabastecimiento crónico de productos básicos, el colapso del sistema eléctrico y una pauperización sin precedentes de los salarios. En este contexto, el acceso a internet se ha convertido en una herramienta vital para la supervivencia económica de muchos cubanos, que dependen de las redes para ofrecer servicios, comprar alimentos o recibir ayuda de sus familiares en el exterior.
Históricamente, la dictadura cubana ha mantenido un control férre sobre la información y las comunicaciones. Aunque la expansión de los datos móviles en años anteriores representó una apertura relativa, el régimen no ha dudado en utilizar el corte de señal como mecanismo de represión durante las protestas, como se evidenció durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Las restricciones actuales de ETECSA pueden leerse también como una medida de contención social, encaminada a dificultar la organización ciudadana y el flujo de información en momentos de creciente descontento.
Antecedentes de esta política extractiva se remontan a años anteriores, cuando ETECSA comenzó a segmentar sus servicios, ofreciendo mejores tarifas y paquetes exclusivos para quienes pagaran con tarjetas vinculadas a cuentas en divisas. Esta gradual dolarización de la economía, impulsada por el régimen de La Habana, ha profundizado las desigualdades sociales en un sistema que oficialmente se jacta de ser igualitario. La dependencia de las remesas, que se estima supera los miles de millones de dólares anuales, es el principal oxígeno de la economía nacional, y el gobierno cubano busca captar cada vez más una porción de ese flujo a través de monopolios estatales.
Perspectivas futuras y respuestas de la sociedad civil
El llamado a no recargar ha demostrado ser una herramienta de presión novedosa en el repertorio de la sociedad civil cubana. Si los emigrantes se suman a este boicot, el impacto en las arcas del monopolio podría ser significativo, obligando a las autoridades a reconsiderar su estrategia. Sin embargo, el riesgo de represalias estatales contra los estudiantes y activistas que lideran estas protestas en la isla es inminente, dado el historial del gobierno de criminalizar la disidencia y cualquier forma de exigencia de derechos.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos observan con atención el desarrollo de esta crisis. La restricción del acceso a internet es considerada una violación a la libertad de expresión y al derecho a la información. La forma en que el régimen gestione la actual crisis con ETECSA será un termómetro de su disposición a tolerar el descontento social o de su inclinación a profundizar la represión. Lo que está en juego no es solo el precio de un megabyte, sino el derecho fundamental de los cubanos a comunicarse, informarse y participar en el destino de su nación frente a un sistema que los margina económicamente y los silencia políticamente.
