El joven Víctor Ángel Rodríguez Martí perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia en la Segunda Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Santiago de Cuba, un suceso que ha generado una fuerte denuncia por parte de organizaciones de derechos humanos debido a las presuntas torturas, golpizas y falta de atención médica por parte de los agentes del Estado.
El deceso ocurrió en la instalación policial conocida popularmente como «El Palacete», según informó el Centro de Información Legal Cubalex a través de sus redes sociales. Hasta el momento, las autoridades de la isla no han ofrecido una explicación clara y transparente sobre las circunstancias que rodearon la muerte del joven, quien padecía de diabetes, una condición médica que requiere monitoreo, cuidado constante y acceso a medicamentos para evitar crisis severas.
De acuerdo con testimonios recogidos por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, Rodríguez Martí sufrió varios desmayos dentro de su celda sin que recibiera asistencia médica oportuna. La gravedad de la situación se intensifica con el relato de un testigo que compartió espacio de detención en la misma unidad policial. Este aseguró que el joven fue víctima de una paliza «brutal» por parte de un oficial, quien presuntamente intentó asfixiarlo y le propinó un fuerte impacto en la cabeza utilizando una tonfa.
La información recabada por Cubalex indica que el cuerpo del joven presentaba hematomas y signos visibles de violencia, lo que contradice abiertamente la versión oficial manejada por el régimen de La Habana. Desde la institución policial se ha sostenido que la muerte se debió a «causas naturales», una afirmación que no ha sido respaldada con pruebas médicas, autopsias públicas ni explicaciones detalladas sobre el proceder de los agentes durante la detención y el tiempo que el joven permaneció en la celda.
Ante la gravedad de los hechos, la organización jurídica ha alertado que no se trata de un suceso aislado, sino de una muestra más de las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país. «Cada muerte bajo custodia es una alerta urgente sobre la desprotección, la impunidad y el abuso de poder por parte de las autoridades», advirtió Cubalex. La entidad ha reclamado una investigación inmediata, independiente y exhaustiva, recordando que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar la vida e integridad física de toda persona bajo su custodia.
Un patrón sistemático de muertes bajo custodia estatal
El caso de Rodríguez Martí se inscribe en un patrón más amplio y preocupante de muertes en recintos penitenciarios y estaciones policiales. Un informe presentado por Cubalex en julio de 2024 documentó que, entre enero de 2022 y enero de 2024, se registraron al menos 56 muertes bajo custodia estatal en Cuba. De estas, 34 correspondían a reclusos en cárceles, nueve a detenidos en estaciones policiales y 11 a reclutas del Servicio Militar, el cual es de carácter obligatorio para los varones mayores de 18 años en la nación caribeña.
El estudio detalla que estas fatalidades fueron consecuencia de la negación de atención médica, uso excesivo de la fuerza, medidas disciplinarias extremas, suicidios, huelgas de hambre y accidentes laborales. A esto se suman las deplorables condiciones que caracterizan a los centros de detención cubanos: hacinamiento crónico, falta de higiene, carencia de alimentación adecuada, escaso acceso al agua potable y una deficiente ventilación, factores que agravan cualquier patología preexistente y vulneran los derechos fundamentales de los reclusos.
La falta de protocolos para atender emergencias médicas en recintos policiales es una constante en el sistema judicial cubano, donde la presunción de inocencia y el derecho a la salud son frecuentemente ignorados en favor de la imposición de autoridad. La negación de acceso a tratamiento no es solo un acto de negligencia administrativa, sino una forma de trato cruel, inhumano y degradante que el gobierno cubano utiliza de facto dentro de sus centros de aislamiento.
Antecedentes de represión y negligencia institucional
La memoria reciente de la represión estatal incluye casos notorios que evidencian el uso de la violencia y la negligencia como herramientas de control. Entre ellos destaca el del preso político Luis Barrios Díaz, quien falleció en un hospital de La Habana tras haber sido trasladado desde la prisión sin recibir la atención médica necesaria a tiempo. Igualmente se encuentra el caso de Carlos López López, un joven de 22 años que murió por falta de asistencia médica tras recibir una golpiza en la prisión Combinado del Este.
Otro caso que conmocionó a la opinión pública fue el del adolescente afrodescendiente Zinedine Zidane Álvarez Batista, de 17 años, quien perdió la vida desangrado tras ser herido por la Policía en Santa Clara en 2022. Estos episodios revelan que la brutalidad no distingue edades ni condiciones físicas, y que los agentes del orden operan bajo la certeza de que las acciones disciplinarias o penales contra ellos serán inexistentes.
La situación se vuelve aún más crítica para los cientos de cubanos encarcelados por motivos políticos, especialmente aquellos sancionados tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J). A finales de 2024, la organización Justicia 11J denunció que al menos cuatro personas condenadas por participar en estas manifestaciones habían perdido la vida mientras cumplían sus penas en prisiones cubanas. Los reportes incluían a Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet, Giraldo Díaz y Manuel de Jesús Guillén Esplugas.
El caso de Guillén Esplugas, de 29 años, ilustra la oscuridad que envuelve a estas muertes. El activista, quien cumplía una condena de seis años en la prisión Combinado del Este, fue reportado por las autoridades como un presunto «suicidio». Sin embargo, su madre, Dania María Esplugas, denunció públicamente que su hijo fue víctima de un crimen a manos de funcionarios del Estado cubano. Imágenes a las que tuvo acceso Justicia 11J evidenciaron supuestos signos de tortura en el cuerpo del joven, desmintiendo la narrativa oficial y revelando el nivel de violencia empleado contra los reclusos.
Contexto: El colapso carcelario en medio de la crisis estructural
Las muertes bajo custodia no pueden desvincularse de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. El sistema penitenciario y policial cubano sufre el mismo colapso que el resto de las instituciones del país. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de medicamentos y la crisis energética impactan directamente en las condiciones de vida dentro de las prisiones y unidades de detención. La falta de recursos para mantener infraestructuras básicas se traduce en un hacinamiento inhumano y en la ausencia de protocolos médicos efectivos, dejando a los detenidos en un estado de total indefensión.
El colapso del sistema de salud pública, sumado a la severa escasez de medicamentos básicos como la insulina o antibióticos, agrava dramáticamente la situación de los reclusos. Cuando un ciudadano con una condición crónica como la diabetes es privado de libertad, su vulnerabilidad se multiplica exponencialmente. Las cárceles se han convertido en centros donde las enfermedades crónicas se convierten en sentencias de muerte debido a la inacción y el desinterés de las autoridades penitenciarias.
A esta crisis material se superpone el endurecimiento de la represión política y social. Ante el creciente descontento ciudadano derivado de la pobreza y la falta de libertades, la dictadura cubana ha optado por el encarcelamiento masivo como método de disuasión. Las cárceles se llenan no solo de personas acusadas de delitos comunes en un contexto de aumento de la inseguridad ciudadana, sino también de activistas, manifestantes y opositores. Este uso político del sistema penal colapsa aún más las instalaciones y multiplica los episodios de violencia por parte de los guardias, quienes actúan con total impunidad al no existir mecanismos de control independiente.
Asimismo, el fenómeno ocurre en un escenario donde el éxodo migratorio ha dejado a miles de familias separadas, dificultando el seguimiento y la denuncia de los abusos cometidos contra los detenidos. Las organizaciones de la sociedad civil, fuertemente acosadas y con limitaciones de operatividad dentro del territorio nacional, se ven obligadas a documentar estos casos desde el exilio, enfrentando la indiferencia de las instituciones internacionales y la propaganda oficial que busca invisibilizar la crisis humanitaria en las prisiones.
La muerte de Víctor Ángel Rodríguez Martí en «El Palacete» de Santiago de Cuba se suma así a una larga lista de fatalidades que la dictadura cubana intenta maquillar bajo el eufemismo de «causas naturales» o «suicidios». La persistencia de denuncias sobre falta de atención médica, condiciones insalubres, torturas y malos tratos refuerza la exigencia de la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que se realicen auditorías independientes en los recintos penitenciarios de la isla. Mientras el régimen de La Habana continúe eludiendo su responsabilidad y perpetuando la impunidad de sus agentes, la vida de cada cubano que pase por una celda policial o un presidio permanecerá bajo una amenaza inminente.
