El movimiento estudiantil que comenzó en la Universidad de La Habana en rechazo al incremento de tarifas de internet impuesto por ETECSA ha escalado a una protesta de alcance nacional. Estudiantes de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Villa Clara se han sumado al paro académico indefinido, enfrentando no solo la ineficiencia del servicio, sino también la intimidación y las amenazas de expulsión por parte de las autoridades y la seguridad del Estado.
Lo que inicialmente se planteó como un reclamo puntual por el acceso a la conectividad ha derivado en un movimiento cívico juvenil que cuestiona las políticas del régimen de La Habana. En los últimos días, facultades de diversas provincias del país han emitido comunicados públicos y convocado asambleas para denunciar el impacto del tarifazo en su formación académica. La exigencia transversal es la derogación de las medidas anunciadas el 30 de mayo por la empresa estatal de telecomunicaciones, las cuales limitan las recargas nacionales y obligan al uso de divisas extranjeras para navegar.
En la Universidad de Holguín (UHo), los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Letras emitieron una declaración contundente donde aseveran: «No somos una minoría privilegiada, somos la voz de un pueblo cansado de pagar por la ineficiencia». Su plataforma de exigencias incluye la derogación inmediata de las medidas del 30 de mayo, la mejora del servicio Wi-Fi en los campus universitarios, una auditoría pública a ETECSA y la creación de una comisión multidisciplinaria para rediseñar la política de conectividad en la isla. Asimismo, anunciaron un paro académico indefinido a partir del 7 de junio y denunciaron la complicidad y pasividad de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
Represión y hostigamiento en el oriente del país
La respuesta del gobierno cubano ante la disidencia estudiantil no se ha hecho esperar, recurriendo a mecanismos de coacción institucional y policial. En la Facultad de Medicina #1 de Santiago de Cuba, una estudiante identificada como Roxana envió un mensaje a un canal interno de WhatsApp para oponerse al tarifazo. La reacción fue inmediata: fue citada junto a otros compañeros por las autoridades del Decanato, miembros del Partido Comunista y un teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT).
Durante el encuentro, la dictadura cubana hizo gala de sus métodos habituales para silenciar el descontento. Según testigos presenciales, los estudiantes fueron sometidos a amenazas, chantajes y advertencias de expulsión. A Roxana le confiscaron su teléfono móvil para revisar sus contactos y fotografiar a quienes habían interactuado con su publicación. «La estudiante estaba temblando de miedo ante las amenazas de los directivos y la policía», relató una fuente cercana al caso. Sin embargo, la intimidación fue confrontada por un grupo de compañeros que se apostó frente al Decanato en señal de solidaridad, logrando contener temporalmente la escalada represiva.
La indignación ante la represión ha catalizado aún más la unión del estudiantado. En Guantánamo, los alumnos de la Facultad de Medicina se sumaron a las protestas, exigiendo la revocación de las medidas y mostrando solidaridad con los centros que ya han paralizado sus actividades académicas. «Tanto que dicen que los universitarios somos el alma del país, pero en cuanto expresamos nuestro descontento, solo recibimos represalias», declaró un estudiante del oriente cubano, sintetizando el sentimiento de una generación que rechaza la hipocresía del discurso oficial.
Expansión del movimiento y silencio institucional
A las protestas en el oriente se han sumado instituciones de gran peso académico como la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), la CUJAE y múltiples facultades de la Universidad de La Habana, entre ellas Matemática y Computación (MATCOM), Filosofía, Historia y Sociología, Biología, Letras y la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA). El pliego de demandas nacional es claro: derogación del límite de recargas nacionales, eliminación del pago en divisas extranjeras y respeto al derecho a protestar sin represalias.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Educación Superior ni ETECSA han ofrecido una respuesta pública a las exigencias estudiantiles. Por el contrario, la rectoría de la Universidad de La Habana ha emitido un comunicado oficial reafirmando que «nada ni nadie interrumpirá nuestros procesos docentes», una declaración que evidencia la subordinación de la academia al ejecutivo cubano y su negativa a validar cualquier forma de disenso autónomo.
Contexto: La conectividad en medio del colapso estructural
El conflicto estudiantil no puede desvincularse de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La inflación galopante, la pérdida del poder adquisitivo del salario en pesos cubanos y la dolarización forzada de la economía han empujado a la población a una situación de precariedad extrema. En este escenario, el anuncio de ETECSA de limitar las recargas en moneda nacional y exigir pagos en dólares o MLC para acceder a internet no es solo una medida tarifaria, sino un muro de exclusión para la mayoría de los cubanos que no reciben remesas del exterior.
Para el estudiantado, el acceso a internet es una herramienta indispensable para su formación académica, la investigación y el acceso a la información libre, ante el monopolio estatal de los medios de comunicación. La limitación de la conectividad se suma al colapso de los servicios públicos, el desabastecimiento alimentario y el deterioro de la infraestructura universitaria, factores que han convertido la permanencia en el país en un desafío diario y han disparado el éxodo migratorio sin precedentes de jóvenes profesionales.
Antecedentes como las protestas del 11 de julio de 2021 demostraron el hartazgo social acumulado, pero también la disposición de las autoridades de La Habana a utilizar la violencia estatal para sofocar cualquier manifestación de inconformidad. El actual paro universitario emerge en este mismo linaje de agotamiento, pero con la particularidad de que proviene de un sector históricamente instrumentalizado por el sistema: la juventud universitaria.
Implicaciones y panorama a futuro
El paro académico en Cuba ha dejado de ser una protesta aislada para convertirse en un termómetro de la legitimidad del régimen. La exigencia de los estudiantes de «megabytes, dignidad, respeto y participación» pone en jaque la narrativa oficial que pretende mostrar a las nuevas generaciones como adalides del sistema. La falta de respuestas y el uso de la represión policial y administrativa solo profundizan la desconexión entre el poder y la ciudadanía.
En el plano político, la actitud de la dictadura cubana frente a este movimiento definirá en gran medida el rumbo de la educación superior en la isla. Ceder a las demandas podría interpretarse como una debilidad que incentive futuras protestas, mientras que mantener la represión acelerará la fuga de cerebros y el descrédito internacional de las instituciones académicas. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen la mirada puesta en la isla, exigiendo garantías para el ejercicio de la protesta pacífica y el fin de la persecución contra el estudiantado cubano.
