Una madre cubana denuncia engaño procesal tras perder la patria potestad de su hijo en una adopción por integración

Yudiri Caridad Suárez Cintra firmó ante notario el consentimiento para que la esposa de su expareja adoptara a su hijo, entonces de seis años, convencida de que se trataba de un trámite que no extinguiría su vínculo filial. Sin embargo, la Sección de lo Familiar del Tribunal Municipal Popular de San Miguel del Padrón autorizó la adopción y eliminó su filiación, dejando a la madre inmersa en una angustiosa batalla legal que expone las grietas y la opacidad del sistema judicial en Cuba.

El caso comenzó el 25 de marzo de 2024, cuando Suárez Cintra acudió a una notaría en La Habana Vieja para otorgar la escritura pública número 210. En el documento, prestó su \»más expreso consentimiento\» para la adopción, bajo la promesa de que el trámite facilitaría la salida del menor hacia España. La madre asegura que, padeciendo de miopía y sin poder leer el documento por sí misma, confió en las explicaciones verbales que le indicaban que, por tratarse de una adopción por integración, seguiría siendo legalmente la madre del niño.

La realidad del entramado legal cubano resultó ser otra. El 3 de junio de 2025, el tribunal municipal emitió el auto número 195, autorizando la adopción y extinguiendo de manera fulminante el vínculo filiatorio materno. Desde ese momento, Yudiri afirma haber contratado a seis abogados, acudido a tres instancias judiciales y escrito a nueve dependencias estatales en un intento desesperado por revertir una decisión que, según denuncia, se basó en el engaño y su desconocimiento de las leyes.

El laberinto del Código de las Familias y la adopción por integración

El Código de las Familias vigente en Cuba establece en su artículo 92 que la adopción es plena, indivisible e irrevocable una vez autorizada judicialmente. Como regla general, este proceso extingue los vínculos jurídicos filiales y de parentesco con la familia de origen. Sin embargo, la figura de la adopción por integración, regulada en el artículo 103, permite que uno de los cónyuges adopte al hijo del otro \»sin que con ello se extingan necesariamente\» los vínculos con la madre o el padre de origen, abriendo la puerta a la multiparentalidad.

Yudiri y su hijo (Foto: Cortesía)

No obstante, expertos legales advierten que la subsistencia del vínculo no es automática. Alain Espinosa, abogado del Centro de Información Legal Cubalex, ha explicado que esta excepción debe apoyarse en razones acreditadas dentro del proceso y cuya procedencia debe decidir el tribunal. Conservar la filiación materna era una posibilidad, no una garantía. Para Espinosa, el hecho de que la notaria leyera el documento a Yudiri y esta lo ratificara con su firma hace \»poco probable\» que logre demostrar un vicio del consentimiento en un sistema que favorece la formalidad burocrática sobre la protección real del ciudadano.

Antecedentes familiares y la promesa de la migración

La historia de esta familia refleja patrones comunes en la Cuba actual: la ausencia paterna temprana, el reconocimiento tardío y la búsqueda de salidas migratorias como única vía de progreso. El niño nació en mayo de 2017 y fue inscrito solo con apellidos maternos. El padre reapareció cuando el menor tenía tres años y lo reconoció legalmente a los cinco. Posteriormente, el padre contrajo matrimonio en febrero de 2023 y el niño pasó a vivir con él, aunque Yudiri mantenía contacto regular, buscándolo los fines de semana.

Fue la promesa de una mejor vida para el menor, mediante la migración a España a través de la esposa del padre, lo que motivó el consentimiento. Yudiri relata que acudió al proceso judicial sin recibir citación oficial y sin representación legal, enfrentándose a la abogada de la contraparte, quien supuestamente le indicó que el trámite \»luego se revocaba y todo se quedaba como antes\». Esta vulnerabilidad procesal es una constante en los tribunales de la isla, donde los ciudadanos sin recursos o asesoría adecuada quedan a merced de un sistema judicial carente de transparencia y verdadera independencia.

“Yo nunca regalaría un hijo”: la batalla de una madre en Cuba

La versión del tribunal y la indefensión de la madre

El auto judicial 195 contrasta fuertemente con la versión de la madre. El tribunal señaló que el \»parecer favorable de la madre biológica\» fue la primera prueba valorada, alegando en ese texto su \»desinterés e incapacidad de cumplir con los deberes inherentes al ejercicio de la responsabilidad parental\». Además, el tribunal escuchó al menor, conforme al artículo 135 del Código de Procesos, quien manifestó una fuerte conexión afectiva con la adoptante, a quien reconocía como su madre, y mostró a su madre biológica como una figura lejana.

Yudiri, quien tiene otros dos hijos, busca ahora que el niño sea escuchado nuevamente en un proceso ordinario, asegurando que el menor, hoy de nueve años, le ha expresado su deseo de que \»todo sea como antes\». El caso también plantea interrogantes sobre la aplicación del artículo 108 del Código, que obliga a valorar el interés de los demás hijos menores, dado que el padre reconoció legalmente a otro hijo de Yudiri que no es su progenitor biológico, un detalle que el dictamen pericial mencionó de forma ambigua y que CubaNet no pudo esclarecer en los registros oficiales.

Contexto sistemico: La crisis estructural y la falta de tutela judicial efectiva

El desgarrador intento de Yudiri por recuperar su vínculo filial no es un caso aislado, sino el síntoma de una crisis estructural profunda que afecta a la sociedad cubana. El régimen de La Habana ha promovido el nuevo Código de las Familias como un avance de vanguardia, pero en la práctica, la implementación se desarrolla en un entorno de profunda vulnerabilidad económica y desesperación migratoria. Las familias cubanas, asfixiadas por la inflación, el desabastecimiento crónico y la falta de oportunidades, a menudo ven en la migración la única salida, tomando decisiones legales y vitales bajo extrema presión y asimetría de información.

En este contexto, la falta de una tutela judicial efectiva se hace evidente. Las autoridades de la isla mantienen un sistema donde los ciudadanos carecen de mecanismos reales de defensa frente a abusos procesales o errores notariales. La burocracia estatal y la opacidad institucional dejan a individuos como Yudiri en un estado de indefensión absoluta. La dictadura cubana, al monopolizar la administración de justicia y limitar el acceso a una defensa legal independiente y de calidad, propicia escenarios donde los derechos fundamentales pueden ser conculcados mediante tecnicismos legales y relaciones de poder desiguales.

El colapso del sistema de salud, la precariedad educativa y la represión social han generado un caldo de cultivo donde la ciudadanía confía ciegamente en figuras de autoridad —como notarios o abogados estatales— por la simple necesidad de resolver problemas básicos o facilitar rutas de escape migratorio. El gobierno cubano, responsable directo de la ruina material del país, ha delegado la supervivencia a las decisiones individuales, desentendiéndose de las consecuencias psicológicas y legales que esto conlleva para núcleos familiares ya fracturados.

Implicaciones a futuro y la lucha por la justicia

Tras la emisión del auto, Yudiri contrató a una abogada de un bufete colectivo de La Habana para oponerse a la extinción de vínculos y posteriormente interpuso un recurso de apelación, tramitado como expediente 114/2025 por el Tribunal Provincial. Las capturas de mensajes examinadas muestran que, apenas cuatro días después de la resolución judicial, la madre ya expresaba su rechazo frontal a la pérdida del vínculo, asegurando que \»nunca le regaló su hijo\» y que lucharía \»hasta el último de sus días\».

El desenlace de este proceso ordinario no solo determinará el futuro de la relación entre una madre y su hijo, sino que pondrá a prueba la flexibilidad y el sentido humano de un sistema judicial frecuentemente acusado de rigidez burocrática. Mientras tanto, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su mirada crítica sobre el estado de derecho en Cuba, donde la separación de poderes es inexistente y el acceso a la justicia sigue condicionado por las directrices del ejecutivo cubano. Para Yudiri, la batalla legal representa el último recurso frente a una maquinaria estatal que, tras la fachada de un código progresista, oculta la misma vulnerabilidad y desamparo que ha caracterizado a la ciudadanía durante décadas.