LA HABANA, Cuba. — La cúpula gobernante cubana recurre constantemente a la figura histórica de Carlos Manuel de Céspedes para legitimar su discurso, pero la realidad institucional y social de la isla expone un contraste radical con el ejemplo del Padre de la Patria. Mientras el héroe del siglo XIX aceptó su destitución para evitar el derramamiento de sangre entre cubanos, el actual régimen de La Habana se aferra al poder en medio de un colapso económico y social sin precedentes, negando a la ciudadanía la posibilidad de elegir su destino mediante elecciones libres y plurales.
Los registros históricos detallan que, el 26 de octubre de 1873, Carlos Manuel de Céspedes recibió la noticia de su deposición del cargo de presidente de la República en Armas, dictada por la Cámara de Representantes. Aunque el independentista conocía de antemano la maniobra parlamentaria y consideraba nulo el acuerdo, optó por la contención. En un gesto de desprendimiento patriótico, Céspedes decidió no promover ninguna resistencia armada que pudiera fracturar la unidad fraguada en Guáimaro y provocar un enfrentamiento fratricida. Su premisa fue clara y contundente: \»obediente a la Constitución y las Leyes, no sería causa de que se derramara sangre cubana\».
Sin embargo, la historia contemporánea de Cuba dista mucho de presenciar hechos que denoten semejante altruismo institucional. El país atraviesa una coyuntura crítica en la que la dirigencia gobernante se obstina en perpetuarse en el poder, ignorando de manera sistemática las carencias extremas y el sufrimiento generalizado de la población. Esta actitud contradice frontalmente el espíritu cespedista que las autoridades de la isla dicen venerar en sus actos conmemorativos y en su retórica oficialista.
El rostro de la crisis: apagones y colapso sanitario
Incluso la prensa oficial se ha visto obligada a hacer eco de las profundas calamidades que afrontan los cubanos en su día a día, imposibilitada para ocultar una realidad que salta a la vista. Las crónicas cotidianas relatan escenas desgarradoras que evidencian el fracaso del modelo: la niña que llora desconsolada cuando se va la corriente eléctrica en medio de la transmisión de un programa infantil; las intervenciones quirúrgicas que deben concluirse gracias a la iluminación de los teléfonos móviles ante los cortes de energía en hospitales; el paciente crónico que no encuentra el medicamento básico para sobrevivir; o los padres que pasan la madrugada en vela, espantando mosquitos a sus hijos en pleno apagón, ante el colapso del sistema de salud pública y la inexistencia de repelentes en el mercado.
A pesar de esta radiografía de la miseria, la propaganda estatal se niega a reconocer la responsabilidad gubernamental en la generación y perpetuación de estas anomalías. El ejecutivo cubano ha consolidado un relato donde todos los dardos se lanzan contra el \»bloqueo\» de Estados Unidos, señalado como el único y absoluto causante de las privaciones que atormentan al ciudadano de a pie. Si bien las sanciones estadounidenses y las restricciones al suministro de petróleo son medidas reales con un impacto medible en la economía, estas no eximen al gobierno de su cuota de culpa por el deterioro acelerado de la infraestructura nacional, la insuficiente inversión, la incapacidad de retener mano de obra calificada y las desacertadas decisiones económicas internas que han agravado la crisis.
Contexto sistémico: la crisis estructural y la falta de libertades
El contraste con la figura de Céspedes no se limita al discurso retórico, sino que se manifiesta de forma cruda en la relación con el poder y el control del Estado. Mientras el Padre de la Patria acató su deposición para evitar una lucha entre cubanos y respetar el marco legal de la República en Armas, la dictadura cubana actual impide por la fuerza que la ciudadanía sustituya a la dirigencia mediante elecciones plurales y competitivas. El unipartidismo imperante y la represión política contra cualquier forma de disidencia aseguran la continuidad de una élite que no rinde cuentas, perpetuando un modelo que ha derivado en una inflación galopante, un desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio sin precedentes en la historia reciente de la nación.
La crisis estructural que sufre la isla no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de décadas de centralización económica y ausencia de libertades civiles. La negativa del régimen de La Habana a implementar reformas estructurales ha provocado el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la paralización de la producción agrícola e industrial, y una dependencia absoluta de las remesas enviadas por los cubanos en el exilio. Mientras la población soporta apagones que superan las doce horas diarias en diversas provincias y enfrenta la escasez de alimentos básicos, la cúpula del Partido Comunista repite consignas instando a la \»resistencia\», blindando sus propios privilegios y evitando el sufrimiento directo que padecen millones de ciudadanos en las calles.
La manipulación del relato histórico
Desde su llegada al poder, el castrismo ha intentado establecer una línea continua e ininterrumpida entre la gesta independentista del siglo XIX y su propio proceso revolucionario de 1959. La manida frase de \»Nosotros entonces habríamos sido como ellos; ellos hoy habrían sido como nosotros\» busca legitimar la monopolización de la historia patria y presentar al gobierno actual como el heredero natural de los mambises. No obstante, la dirigencia actual parece ignorar que la verdadera homologación con los libertadores no se logra mediante la apropiación de la simbología histórica, sino a través de la coherencia ética, el desprendimiento personal y el respeto a la voluntad popular, principios que caracterizaron a figuras como Céspedes y que hoy están completamente ausentes en la gestión pública de la isla.
Para mitigar la profunda crisis que asola a la nación, la cúpula gobernante tendría a su alcance decisiones de fondo que modificarían el rumbo del país. La primera y más urgente sería la transformación del modelo político: eliminar el unipartidismo, garantizar el regreso de los exiliados políticos, desmantelar el aparato represivo y convocar elecciones verdaderamente libres. Aunque una apertura política de esta naturaleza no acabaría de inmediato con los apagones, la escasez de medicamentos o el deterioro del transporte, sí sentaría las bases institucionales para implementar reformas económicas reales, atraer nuevas inversiones de capital y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas que erradiquen la corrupción institucionalizada.
Consecuencias e implicaciones a futuro
Si el gobierno cubano se niega a emprender reformas auténticas, la única alternativa coherente con el bienestar nacional sería ceder el poder y reconocer que su permanencia es el principal obstáculo para la prosperidad de los cubanos. La insistencia en mantener el control a toda costa, apelando a una resistencia que solo pagan los sectores más vulnerables de la sociedad, augura un escenario de mayor deterioro social, empobrecimiento extremo y aislamiento diplomático. La comunidad internacional y la sociedad civil cubana observan cómo las autoridades dilatan las soluciones mientras el país se vacía demográficamente; la falta de voluntad para seguir el ejemplo cespedista de renuncia por el bien común amenaza con consumar el colapso total de la nación, dejando una herencia de fractura social y miseria que tardará generaciones en revertirse.
