Ante el acelerado envejecimiento poblacional y la evidente incapacidad del Estado para sostener la red asistencial, las autoridades de la isla han autorizado a actores económicos no estatales a prestar servicios de cuidado a personas adultas mayores y con discapacidad. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, busca descargar la saturada infraestructura estatal trasladando parte de la responsabilidad social al sector emergente.
El Acuerdo 10249/2025 del Consejo de Ministros establece que los nuevos servicios funcionarán como complemento de las casas de abuelos y hogares de ancianos estatales, hoy sumidos en el abandono y la escasez. La norma define tres modalidades de prestación: residencias de cuidados diurnos, permanentes y mixtas. Para operar, los gestores privados deberán obtener el aval del Director General de Salud municipal y cumplir con los requisitos sanitarios y de capacitación impuestos por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), que mantendrá el control regulatorio y la concesión de licencias.
El diseño de la política incluye una cláusula que obliga a los prestadores a reservar al menos el 10% de su capacidad para personas vulnerables consideradas \»de interés social\». Para estos casos, las tarifas deberán equipararse a las de las instituciones estatales certificadas. En situaciones de insolvencia económica acreditada, el pago total o parcial recaerá sobre la Asistencia Social. Sin embargo, en un contexto de hiperinflación y devaluación salarial, la viabilidad de que el Estado cumpla con estos subsidios promete ser un reto financiero insalvable para el gobierno cubano.
Una salida tardía ante la crisis demográfica y el éxodo
Esta apertura responde directamente al colapso estructural del sistema de salud y bienestar social en Cuba. La isla enfrenta uno de los procesos de envejecimiento más acelerados del hemisferio, agravado por un éxodo migratorio masivo que ha dejado a miles de ancianos en el más absoluto abandono. Las casas de abuelos estatales operan con déficit de personal, falta de alimentación adecuada y precarias condiciones higiénicas, obligando a las familias a buscar alternativas desesperadas ante la indolencia institucional y la falta de políticas públicas efectivas.
Aunque la medida podría ofrecer una salida a familias con poder adquisitivo, la realidad es que la dictadura cubana continúa trasladando sus responsabilidades básicas a la ciudadanía. La exigencia de que el sector privado asuma cuotas sociales con tarifas congeladas, mientras el ejecutivo incumple sistemáticamente sus propios pagos, amenaza con ahogar estos emprendimientos antes de que despeguen. El éxito de esta iniciativa dependerá de si las autoridades permiten la real viabilidad económica de estos centros o si, por el contrario, los asfixian con la misma burocracia que ha destruido el aparato productivo nacional.
