El representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Jeff Bartos, confrontó frontalmente a las autoridades de la isla durante una sesión del Consejo de Seguridad, acusándolas de eludir su responsabilidad en la profunda crisis económica que asola el país. El diplomático denunció que, mientras la población cubana sufre una escasez generalizada, las élites del poder mantienen estilos de vida opulentos y continúan invirtiendo en infraestructuras turísticas de lujo que permanecen vacías, financiadas por un conglomerado militar con miles de millones de dólares en el extranjero.
La intervención de Bartos se produjo en el marco del debate abierto \»Alimentos bajo fuego: el papel del Consejo de Seguridad en la mitigación de las crisis alimentarias mundiales y locales\», un espacio diseñado para analizar el impacto de los conflictos armados en la inseguridad alimentaria. En la jornada inicial, el representante permanente del régimen de La Habana ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, había responsabilizado a Washington de las carencias de la Isla, denunciando una supuesta \»guerra multidimensional\» y afirmando que el embargo estadounidense había sido reforzado hasta \»niveles extremos\». Soberón sostuvo que las medidas de Estados Unidos obstaculizan el acceso de Cuba a combustibles, alimentos, medicamentos e insumos agrícolas, calificando la política exterior estadounidense de castigo colectivo.
Frente a estas declaraciones, el embajador estadounidense pidió la palabra para emitir una declaración adicional, buscando refutar la atribución de responsabilidades y trasladar el foco hacia la gestión económica interna del gobierno cubano. Bartos calificó las acusaciones de La Habana como un intento de desviar la atención sobre décadas de corrupción y mala administración. \»Mientras el pueblo cubano enfrenta escasez, las élites del régimen llevan estilos de vida opulentos, y el Gobierno continúa despilfarrando recursos en complejos turísticos de alta gama y hoteles que permanecen vacíos\», aseveró el diplomático. Además, subrayó que Estados Unidos sigue siendo uno de los principales proveedores de alimentos y medicinas para Cuba, destacando la entrega de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y aproximadamente 500 millones de dólares en exportaciones agrícolas durante el último año.
El imperio financiero de GAESA bajo el escrutinio internacional
El elemento central de la denuncia estadounidense giró en torno a las finanzas del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado administrado por las Fuerzas Armadas de Cuba. Bartos citó informes de prensa que indican que GAESA y sus subsidiarias han acumulado más de 18.000 millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero. Esta cifra se basa en una investigación periodística publicada recientemente, sustentada en más de 20 estados financieros presentados como documentos internos del conglomerado, los cuales reflejaban cerca de 17.900 millones de dólares en activos corrientes y unos 14.500 millones depositados en cuentas bancarias vinculadas al grupo.
Sin embargo, la magnitud de estas cifras ha sido objeto de debate entre especialistas. Debido a que GAESA no publica sus estados financieros de manera pública ni transparente, la información no puede comprobarse de forma independiente. La economista Emily Morris señaló que, si las cantidades reportadas estaban denominadas en pesos cubanos y fueron convertidas al cambio oficial de 24 pesos por dólar, los activos equivaldrían en realidad a unos 746 millones de dólares, y los depósitos bancarios a aproximadamente 603 millones. Ante esto, la Embajada cubana en el Reino Unido también rechazó la cifra multimillonaria, argumentando que la investigación había multiplicado por 24 el patrimonio real del conglomerado.
A pesar de las discrepancias en los montos exactos, la influencia de GAESA en la economía nacional es incuestionable. El conglomerado administra una extensa red que abarca hoteles de cinco estrellas, el puerto del Mariel, el Banco Financiero Internacional, supermercados, gasolineras y negocios de remesas. Las estimaciones externas sitúan entre el 40% y el 70% la proporción de la economía cubana bajo su control, y sus cuentas no aparecen desglosadas en el presupuesto estatal. Una de sus inversiones más visibles y criticadas es el hotel Iberostar Selection La Habana, conocido como Torre K. Este imponente edificio de 42 plantas, terminado recientemente, permanecía inoperativo en medio del desplome del turismo y una gravísima crisis energética y alimentaria que asola al país.
La opacidad que rodea a GAESA ha sido una constante en la historia reciente de la isla. La excontralora general del régimen, Gladys Bejerano, admitió públicamente que el conglomerado militar no se encontraba bajo la jurisdicción de la institución que ella encabezaba, lo que confirma la falta de control civil sobre el aparato económico militar. Frente a las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, el ejecutivo cubano ha defendido al conglomerado, asegurando que \»no es una estructura opaca ni paralela al Estado cubano\», sino una respuesta diseñada frente al embargo. Un argumento que, para los críticos, solo justifica la concentración de la riqueza en manos militares en detrimento del bienestar colectivo.
Una crisis estructural que asfixia a la población
La denuncia en el seno de la ONU no ocurre en un vacío, sino que se enmarca en una emergencia humanitaria creciente que la propia Organización de las Naciones Unidas ha documentado. Recientemente, el coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, presentó un informe desolador sobre la realidad de la isla. El funcionario reportó apagones diarios de entre 20 y 22 horas incluso en La Habana, la capital, así como alrededor de 100.000 pacientes pendientes de operaciones quirúrgicas, de los cuales 12.000 son niños. Además, detalló que 2,7 millones de personas se ven afectadas por problemas en el suministro de agua, y la disponibilidad de medicamentos esenciales se ha desplomado a apenas el 30%.
Este colapso de los servicios públicos básicos es la consecuencia directa de la falta de planificación, la corrupción sistémica y la centralización extrema que caracteriza al modelo económico cubano. La inflación descontrolada, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el desabastecimiento crónico han empujado a millones de cubanos a la indigencia, obligando a un sector creciente de la población a depender de las remesas enviadas desde el extranjero o de la ayuda humanitaria internacional. Mientras tanto, el régimen de La Habana prioriza la construcción de hoteles de lujo para un turismo que no llega, ignorando las necesidades más apremiantes de su propia ciudadanía en materia de salud, alimentación y vivienda.
La desesperación ha desatado además un éxodo migratorio sin precedentes en la historia reciente de la isla. Decenas de miles de cubanos han abandonado el país en los últimos años, huyendo de la pobreza y la falta de oportunidades, en lo que constituye una fuga de talento y fuerza laboral que agrava aún más la crisis estructural. La dictadura cubana, lejos de implementar reformas económicas de calado o abrir espacios de participación ciudadana, ha respondido a la insatisfacción social con un incremento en la represión política, la criminalización de la protesta y el endurecimiento de las medidas de control social, profundizando el abismo entre el Estado y la sociedad civil.
La respuesta de la comunidad internacional
Ante la magnitud de la crisis, la comunidad internacional ha intentado paliar la situación, aunque los esfuerzos han sido insuficientes frente a la gravedad de la emergencia. El plan humanitario de 94 millones de dólares presentado por la ONU para atender a dos millones de personas apenas ha recibido un tercio de lo solicitado. En este escenario, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró recientemente que Washington ha proporcionado millones de dólares en ayuda tras los desastres naturales que han golpeado a la isla, incluyendo fondos destinados a alimentos, productos de higiene y tratamiento de agua, los cuales son distribuidos a través de la Iglesia católica y otras instituciones de la sociedad civil para garantizar que lleguen directamente a la población.
El cruce de acusaciones en el Consejo de Seguridad refleja una dinámica que se ha prolongado por décadas: la retórica del gobierno cubano responsabilizando al embargo por todos sus males, frente a la evidencia de una administración estatal que privilegia los intereses del aparato militar por encima de la supervivencia de su pueblo. La insistencia de Estados Unidos en señalar el despilfarro en el sector turístico y los activos financieros en el extranjero busca desmontar la narrativa oficial y exponer las causas internas del colapso cubano.
De cara al futuro, la situación en Cuba se proyecta como insostenible si no se producen cambios estructurales profundos. La concentración de la riqueza en manos de GAESA y la negativa del ejecutivo cubano a democratizar la economía y permitir la libre empresa sin restricciones militares, auguran un escenario de mayor empobrecimiento y tensión social. La presión internacional y la denuncia de la opacidad financiera del régimen de La Habana seguirán siendo herramientas clave para visibilizar la desconexión entre las élites en el poder y el drama cotidiano de millones de cubanos que luchan por sobrevivir en un país donde la escasez se impone como norma, mientras las vitrinas del poder se mantienen, paradójicamente, llenas.
