El activista Guillermo del Sol Pérez alcanzó este lunes los 40 días de huelga de hambre en Santa Clara para exigir la liberación de presos políticos, mientras Roilán Álvarez Rensoler cumplía 11 días de ayuno bajo custodia estatal en Holguín tras sufrir presuntas torturas. La opositora Rosa María Payá alertó sobre el riesgo de vida de ambos ciudadanos y responsabilizó directamente a la cúpula del gobierno cubano por la integridad física de los manifestantes.
La crisis de derechos humanos en la isla vuelve a situarse en el centro del debate internacional tras la denuncia pública de la opositora Rosa María Payá, quien alertó que el comunicador independiente Guillermo del Sol Pérez ha cumplido 40 días en huelga de hambre. La protesta, llevada a cabo en la ciudad de Santa Clara, tiene como objetivo exigir la excarcelación inmediata de 18 presos políticos. Payá advirtió a través de un video difundido en redes sociales que «es una cifra que comienza a ser incompatible con la vida», subrayando que Del Sol, de 60 años, ya ha sufrido las consecuencias de la represión estatal en su salud en ocasiones anteriores.
El deterioro físico del activista es alarmante. Un día antes de alcanzar la jornada 40, Del Sol Pérez se comunicó con medios independientes para reportar su grave estado. «Estoy mal. Es una crisis hipertensiva que me está llevando a tocar fondo», declaró en un audio, detallando que un médico que lo evaluó detectó signos severos de deshidratación a pesar de su ingesta de agua, advirtiéndole que sus reservas orgánicas están prácticamente agotadas. El opositor ha reiterado que su medida no busca beneficios personales, sino visibilizar la crítica situación de ciudadanos encarcelados por motivos políticos. «No estoy pidiendo nada del otro mundo. Lo que estoy pidiendo es que se piense humanamente en estos seres humanos», enfatizó.
La huelga de Del Sol comenzó tras un recrudecimiento en el hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado, un patrón habitual de la dictadura cubana para amedrentar a la disidencia. Según relató Payá, agentes del régimen le confiscaron una bicicleta que el activista utilizaba para prestar apoyo a otros opositores y a familiares de presos políticos. Entre los prisioneros cuya libertad reclama se encuentran figuras emblemáticas de la represión reciente como Mayelín Rodríguez Prado, Donaida Pérez Paseiro, Saylí Navarro Álvarez, Lizandra Góngora Espinoza, María Cristina Garrido Rodríguez, Miguel Díaz Bauzá, Loreto Hernández García, Félix Navarro Rodríguez, José Gabriel Barrenechea Chávez, los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, y Leonel Tristá.
Represión y presuntas torturas en las prisiones cubanas
Paralelamente, la situación en el sistema penitenciario refleja la brutalidad con la que las autoridades de la isla tratan a los disidentes. Roilán Álvarez Rensoler, activista de 41 años afiliado a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la iniciativa Cuba Decide, cumplió 11 días en huelga de hambre en una prisión de Holguín. Su protesta inició tras ser presuntamente agredido por las autoridades penitenciarias por negarse a portar el uniforme reglamentario, lo que derivó en su traslado a una celda de castigo, según documentó el Centro de Información Legal Cubalex.
Los testimonios recogidos por familiares y reportados por la organización legal detallan niveles de violencia estatales que constituyen claras violaciones a los derechos humanos. Álvarez Rensoler habría recibido golpes con garrotes en brazos y cabeza, además de sufrir un intento de estrangulamiento que le lesionó la garganta y afectó su capacidad de habla. El abogado defensor del activista intentó acceder al penal para constatar su estado, pero las autoridades cubanas le negaron la entrada, aislando completamente al preso. Además, funcionarios penitenciarios habrían amenazado al activista con hacerlo desaparecer, someterlo a violencia sexual y tomar represalias contra sus familiares, tácticas de terror psicológico frecuentemente empleadas por la dictadura para quebrar la voluntad de los reclusos.
Álvarez Rensoler se encuentra en prisión provisional desde finales de enero. El ejecutivo cubano le imputa el delito de «propaganda contra el orden constitucional» por supuestas pintadas antigubernamentales en Holguín y por dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán, el lugar de nacimiento del exgobernante. La criminalización de la libre expresión es la base de su encarcelamiento, en un país donde el disenso político es sistemáticamente equiparado con delincuencia común para justificar su reclusión.
Inacción gubernamental y advertencias internacionales
La gravedad del caso de Álvarez Rensoler obligó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgarle medidas cautelares el 24 de marzo. El organismo hemisférico determinó que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud se encontraban en riesgo de daño irreparable. La resolución destacó que el activista había realizado una huelga de hambre de más de 50 días tras su detención inicial, sufriendo un evento cardíaco que requirió maniobras de reanimación, además de denuncias de insuficiencia renal y daños orgánicos severos.
A pesar de las advertencias internacionales, la respuesta del Estado cubano ha sido de absoluto desprecio. La CIDH detalló que el régimen de La Habana no respondió a la solicitud de información enviada, ignorando los estándares internacionales básicos. El organismo interamericano exigió a las autoridades cubanas proteger la vida e integridad del activista, garantizar condiciones de detención dignas, permitir una evaluación médica integral independiente y cesar el hostigamiento contra su entorno familiar y legal. Sin embargo, la realidad en las cárceles cubanas dista mucho de estas exigencias, operando bajo un manto de impunidad absoluta.
El colapso sistémico y la represión como mecanismo de control
Las huelgas de hambre de Del Sol y Álvarez Rensoler no son hechos aislados, sino síntomas de una crisis estructural profunda que atraviesa la sociedad cubana. La isla se encuentra sumida en una de sus peores coyunturas económicas y sociales, marcada por una inflación galopante, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y apagones eléctricos interminables. Ante la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer soluciones, la respuesta oficial ha sido el endurecimiento del aparato represivo. La criminalización de la protesta social, que se intensificó drásticamente tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, ha llenado las prisiones de individuos cuyo único delito ha sido exigir derechos fundamentales.
El contexto en el que se desarrollan estas protestas extremas es el de una nación asfixiada. La mayoría de los presos políticos mencionados por Del Sol son ciudadanos que participaron en las jornadas de protesta del 11J o que han sido víctimas de operativos de amedrentamiento por parte de la Seguridad del Estado. La dictadura cubana ha optado por la vía del castigo ejemplar, imponiendo penas desproporcionadas y manteniendo condiciones de encierro que vulneran toda norma internacional. Las huelgas de hambre se convierten así en el último recurso de una ciudadanía desarmada frente a un aparato estatal que monopoliza la fuerza y niega cualquier espacio de diálogo.
Además, la crisis ha desatado un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado demográficamente al país, particularmente de su fuerza laboral joven. Ante la imposibilidad de cambiar el sistema desde dentro debido a la represión, cientos de miles han optado por el exilio. Los que deciden quedarse y alzar la voz, como Guillermo del Sol y Roilán Álvarez, asumen riesgos mortales. La indiferencia del régimen de La Habana ante el deterioro físico de estos activistas es una muestra más de la deshumanización del poder, que prioriza la permanencia en el control político sobre la vida de sus ciudadanos.
Implicaciones y responsabilidad de la cúpula
La opositora Rosa María Payá ha sido categórica al señalar que la respuesta del régimen ha sido nula y ha responsabilizado directamente por la vida y la integridad física de Del Sol al gobernante Miguel Díaz-Canel y al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas. El silencio gubernamental ante las huelgas de hambre no es más que una estrategia de desgaste que busca la aniquilación física o psicológica del opositor. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos enfrentan el reto de no dejar morir a estos activistas en el olvido. La pasividad frente a estos hechos no solo condena a los individuos en huelga, sino que consolida la impunidad de un sistema que, ante la incapacidad de sostenerse por méritos propios, se sostiene a través del miedo y la aniquilación de la disidencia. El futuro inmediato de la sociedad civil en Cuba dependerá en gran medida de la presión externa para frenar la maquinaria represiva que actualmente opera sin contrapesos.
