Cuatro mujeres bloquearon este viernes una vía del barrio de Luyanó, en el municipio habanero de Diez de Octubre, para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, en medio de una jornada de colapso total del Sistema Electroenergético Nacional. La protesta, que incluyó un cacerolazo y la quema de un colchón en medio de la calle, fue rápidamente rodeada por un despliegue desproporcionado de efectivos de la Policía y la Seguridad del Estado, evidenciando la prioridad del Estado en reprimir el descontento social antes que resolver la crisis de los servicios básicos.
Las manifestantes interrumpieron el tránsito en ambos sentidos de la vía. Según testigos presenciales, dos de las mujeres permanecieron junto al fuego en medio del asfalto, mientras las otras dos golpeaban calderos desde el portal de una vivienda. Cientos de residentes se congregaron en las inmediaciones para observar la movilización, aunque la mayoría optó por no incorporarse activamente, intimidados por el visible cerco represivo que se tejió rápidamente en torno a las protestantes.
Las personas consultadas en el lugar atribuyeron el estallido de la protesta a la extrema y sostenida reducción del tiempo de servicio eléctrico en esa zona de Luyanó. Un vecino de la localidad denunció que en esa área apenas se están poniendo 20 minutos de electricidad en 24 horas. La desesperación ha tomado las calles, y otro residente fue contundente al resumir la situación: algunas viviendas acumulaban «casi 72 horas sin corriente», lo que ha llevado a la población a vivir bajo la angustiosa premisa de «tres horas de luz cada tres días».
La crisis energética ha derivado además en un aislamiento forzado de la población. El mismo residente denunció que las constantes interrupciones eléctricas han afectado severamente las comunicaciones telefónicas y el acceso a internet. «Se rompió la torre de las llamadas de internet y llevamos casi toda la semana incomunicados», afirmó. Esta desconexión digital agrava la vulnerabilidad de los ciudadanos, impidiendo la denuncia de abusos, la coordinación de ayuda comunitaria y el acceso a información veraz sobre el estado del sistema eléctrico nacional.
El testigo presencial aludió directamente a la presencia desproporcionada de fuerzas represivas frente al reducido número de participantes activas en la protesta. «Están rodeadas totalmente por cientos de policías y efectivos de la seguridad del Estado», afirmó. La rápida movilización de la maquinaria represiva de la dictadura cubana contrasta dramáticamente con la inoperancia del Estado para garantizar un servicio básico como la electricidad. En una actualización posterior, se observó a las autoridades comenzando a despejar la calle, aunque no se pudo confirmar si alguna de las manifestantes fue arrestada o si permanecieron en el lugar.
Colapso del Sistema Eléctrico Nacional
En la tarde del viernes, la Empresa Eléctrica de La Habana intentó justificar la situación informando sobre una intervención de emergencia en la subestación Melones, la cual afectaba los circuitos T41 y T44. Estos circuitos corresponden a una zona de Luyanó comprendida entre la Avenida Diez de Octubre, la Calzada de Luyanó y Tres Palacios. A las 3:00 de la tarde, la empresa estatal reconoció que 243 megavatios (MW) estaban fuera de servicio en 84 circuitos de distribución de la capital, una cifra que retrata la magnitud del desplome del sistema en la ciudad.
El reporte oficial detalló que los circuitos con mayores tiempos de afectación incluían el H341 y el OP408, ambos del municipio Diez de Octubre, con cuatro horas y 34 minutos contabilizados por déficit de generación. Además, se reportó un transformador dañado en la calle Luis Estévez, entre Goss y Pasaje Oeste. La propia Empresa Eléctrica advirtió que los clientes con interrupciones superiores a los tiempos registrados por déficit de generación podían estar sufriendo averías no contempladas en el balance oficial, trasladando la culpa a la fragilidad de la infraestructura.
La protesta ocurrió durante otra jornada crítica para el Sistema Electroenergético Nacional (SEN). La Unión Eléctrica (UNE) reconoció que el servicio permaneció afectado durante las 24 horas del jueves y continuó interrumpido durante la madrugada del viernes por una alarmante falta de capacidad de generación. La mayor afectación alcanzó los 2.315 MW a las 9:10 de la noche, con un impacto que se extendió a todas las provincias del país, demostrando la incapacidad del ejecutivo cubano para mantener la estabilidad del sistema.
Para el horario de máxima demanda del viernes, la empresa estatal pronosticó una disponibilidad de apenas 1.070 MW frente a una demanda estimada de 3.200 MW. Esto dejaba un déficit y una afectación de aproximadamente 2.160 MW, lo que significa que la disponibilidad prevista equivalía a cerca de un tercio de la electricidad requerida para cubrir el consumo nacional. Cinco unidades termoeléctricas permanecían averiadas y otras cuatro se encontraban en mantenimiento. La UNE también informó que 106 centrales de generación distribuida estaban paralizadas por falta de combustible, al igual que las plantas flotantes de Regla y Melones y las centrales de combustible de Mariel y Moa.
Contexto de una crisis estructural
La protesta en Luyanó no es un hecho aislado, sino el síntoma más visible de una crisis estructural profunda que asfixia a la isla. El colapso del Sistema Electroenergético Nacional es la consecuencia directa de décadas de mala gestión, falta de inversión, envejecimiento de la infraestructura y una dependencia crónica de combustibles importados que el régimen de La Habana no logra costear. La falta de electricidad paraliza la ya deprimida economía doméstica, impide la conservación de alimentos básicos y agrava la crisis sanitaria al fallar los sistemas de bombeo de agua potable.
Este deterioro constante de los servicios básicos es el caldo de cultivo para la indignación popular. La ausencia de libertades y el cierre de los canales institucionales para exigir mejoras obligan a los ciudadanos a recurrir a la protesta callejera como único mecanismo de presión. Sin embargo, la respuesta de las autoridades de la isla no es solucionar la crisis, sino desplegar un aparataje represivo para silenciar el descontento. La criminalización de la protesta social por reclamos legítimos demuestra que la prioridad del Estado es el control político por encima del bienestar y la supervivencia de la población.
Antecedentes de movilización en Luyanó
La situación en el barrio de Luyanó ha escalado progresivamente durante los últimos meses, sumándose a un patrón de movilizaciones en toda la capital. El 11 de junio, vecinos se concentraron por segundo día consecutivo en la intersección de Rosa Enríquez y Municipio, después de acumular alrededor de 30 horas sin corriente y diez días sin suministro de agua. En aquella protesta, adultos, jóvenes y niños ocuparon las aceras y parte de la calle golpeando cazuelas y reclamando «Agua y luz», mientras una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria circulaba lentamente junto a la concentración.
Otra movilización significativa ocurrió el 8 de julio en la calle Villanueva, cerca del Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, conocido popularmente como La Benéfica. Residentes bloquearon la vía durante varias horas después de permanecer más de 45 horas sin electricidad y tres días sin agua. En aquella ocasión, policías y agentes de la Seguridad del Estado se limitaron a retirar los objetos utilizados para cerrar la calle, mientras los vecinos denunciaban que las autoridades habían tardado varias horas en presentarse y no restablecieron inmediatamente el servicio, evidenciando una vez más la ineficiencia burocrática.
El estallido de este viernes refleja un punto de quiebre en la tolerancia de la ciudadanía cubana frente a la ineficiencia del gobierno cubano. Mientras el déficit de generación eléctrica amenaza con profundizarse en los meses venideros, la respuesta represiva augura un escenario de creciente conflictividad social. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen la mirada sobre Cuba, ante el riesgo inminente de que la indignación por la falta de condiciones mínimas de supervivencia derive en una nueva oleada de detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales por parte de la dictadura.
