Al menos 39 personas perdieron la vida bajo custodia del Estado cubano durante el primer semestre de 2026, según un balance publicado por la organización de derechos humanos Cubalex. El informe evidencia el deterioro de las condiciones carcelarias y la responsabilidad institucional en la protección de los reclusos, abarcando un período marcado por la negligencia médica, la desnutrición y la represión política contra activistas y ciudadanos comunes.
La cifra proporcionada por la ONG representa un mínimo documentado y no un total definitivo. La opacidad informativa que caracteriza al régimen de La Habana dificulta el acceso a datos oficiales, por lo que Cubalex recopila la información mediante el monitoreo de redes sociales, testimonios directos y reportes de familiares. La organización advierte que esta metodología deja en la invisibilidad a aquellas personas sin acceso a internet o cuyos familiares temen represalias por denunciar públicamente los abusos.
El registro no se circunscribe exclusivamente a los centros penitenciarios. La categorización de «muerte bajo custodia» abarca cualquier espacio donde el Estado ejerce control efectivo sobre la vida de un individuo, incluyendo unidades policiales, instalaciones militares, hospitales e instituciones de internamiento. Aunque no todas las víctimas fueron necesariamente ejecutadas por agentes estatales, la dictadura cubana mantiene un deber reforzado de protección, asistencia médica y esclarecimiento de los decesos, una obligación legal y ética que ha fallado sistemáticamente.
Presos políticos y la práctica de la «excarcelación para morir»
Entre los casos más graves documentados en el informe destacan cuatro presos políticos. El primero fue Lázaro García Ríos, de 47 años, fallecido en enero en el Combinado del Este, en La Habana, debido a la falta de atención médica adecuada. Su muerte marcó el inicio de una serie de decesos que evidencian el trato cruel e inhumano hacia quienes el poder considera opositores o disidentes.
En febrero murió Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, condenado a 12 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Portador de VIH, sufrió una isquemia cerebral en la prisión Cuba-Panamá, en Mayabeque, que lo dejó parcialmente paralizado. Las autoridades de la isla recurrieron a lo que Cubalex denomina «excarcelación para morir»: otorgar una licencia extrapenal cuando el deterioro del recluso ya es irreversible, trasladándolo a su domicilio o a un hospital para evadir la responsabilidad estatal ante el inminente fallecimiento.
Roberto Álvarez Ávila falleció tras resultar herido durante un enfrentamiento con Tropas Guardafronteras el 25 de febrero, en el marco de la interceptación marítima de un grupo de exiliados. La dictadura cubana trasladó al herido a otra provincia pese a la gravedad de sus lesiones. Los cinco sobrevivientes del operativo fueron imputados por el presunto delito de terrorismo y mantenidos en condiciones de rigor extremo, sin atención médica adecuada para uno de ellos, Leordán Enrique Cruz Gómez, quien presentaba heridas de bala.
El cuarto preso político, Ernesto Brieva Sempé, de 52 años, murió el 12 de mayo, también en el Combinado del Este. Presentaba un cuadro severo de desnutrición y complicaciones renales no atendidas. Brieva había sido condenado en 2023 por participar en las protestas de Toyo, en La Habana, y aunque inicialmente se le conmutó la pena por trabajo correccional sin internamiento, el beneficio le fue revocado por mantener una postura crítica hacia el sistema, lo que finalmente le costó la vida bajo custodia estatal.
Colapso sanitario y muertes en la población reclusa general
Más allá de la represión política, las prisiones comunes reflejan el abandono institucional y la crisis humanitaria. Febrero fue uno de los meses más críticos, con siete reclusos muertos por desnutrición, asesinatos entre presos, supuestos suicidios y deficiente atención médica. A estos se sumaron tres muertes bajo responsabilidad estatal: un recluta que se suicidó por acoso militar, un detenido en el Técnico de Alamar cuyo cadáver mostraba signos de violencia física, y una mujer con discapacidad y desnutrición que falleció en el Hospital Calixto García tras ser abandonada allí por trabajadores de un asilo tras un ataque epiléptico.
En mayo, junto a la muerte de Brieva Sempé, Cubalex documentó otras cinco muertes en custodia penitenciaria que ilustran el colapso del sistema de salud dentro de las prisiones. Yassel Martínez Hechavarría, de 28 años, murió tras ser trasladado en estado crítico desde La Caoba, en Palma Soriano. Guidoberto Leyva Guerra, de 61 años y paciente de cáncer, falleció tras pasar un mes con una sonda sin bolsa ni atención. José Ricardo Montero Ávila, de 59 años, esperó más de 12 horas en el puesto médico de El Típico, en Las Tunas, tras sufrir un derrame cerebral.
El informe también detalló el caso de Mario Gómez, trasladado desde Canaleta a Ciego de Ávila, donde se le negó la permanencia en terapia intensiva, y el de Ermis Bombu Moreira, quien entró en coma metabólico durante una huelga de hambre en el Combinado de Guantánamo y falleció tras recibir una tardía licencia extrapenal. Fuera del sistema penitenciario, en mayo se registró la muerte de Ángel Ernesto Apóstol, un joven que sufrió un accidente en un tanque de guerra sin frenos durante una maniobra del Servicio Militar Activo.
En junio, la dictadura cubana fue señalada por dos muertes calificadas como potencialmente ilícitas. Un ciudadano con enfermedad de Parkinson, desaparecido desde el 24 de junio, falleció en el Hospital Salvador Allende, en La Habana, y fue enterrado sin el consentimiento de su familia. Además, una reclusa murió en la Prisión de Mujeres de Camagüey, presuntamente por suicidio, tras sufrir humillaciones públicas por parte de la jefa de la unidad. El informe de ese mes contabilizó 138 violaciones contra personas privadas de libertad, incluyendo 32 casos de negligencia médica.
Contexto Sistémico: La crisis humanitaria tras las rejas
Las muertes documentadas por Cubalex no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de la crisis estructural que atraviesa la isla. La inflación galopante, la escasez crónica de alimentos y el desabastecimiento de medicamentos han convertido a los centros penitenciarios en espacios de supervivencia extrema. El gobierno cubano ha trasladado el peso de la crisis económica a los sectores más vulnerables, incluyendo a la población reclusa, quienes sufren una desnutrición alarmante y la ausencia total de tratamientos para enfermedades crónicas o emergencias médicas.
El sistema penal funciona además como un instrumento de control social. Tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021, el régimen de La Habana endureció las penas y saturó las prisiones con ciudadanos comunes y activistas políticos. Esta sobrepoblación, sumada a la corrupción carcelaria, las requisas arbitrarias, el aislamiento prolongado en celdas de castigo y la negación deliberada de atención médica, configura un escenario de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, donde el abandono se utiliza como método de tortura o represalia.
Los antecedentes de muertes bajo custodia en Cuba muestran una tendencia al alza en los últimos años, paralela al incremento de la represión y al colapso del sistema de salud pública. La falta de rendición de cuentas y la ausencia de un poder judicial independiente permiten que la impunidad se consolide dentro de las instituciones de seguridad del Estado.
Implicaciones y exigencia de rendición de cuentas
La sistemática ocurrencia de muertes bajo custodia estatal plantea un desafío urgente para la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. La falta de investigaciones independientes y transparentes por parte del ejecutivo cubano impide esclarecer el uso desproporcionado de la fuerza y la negligencia institucional, normalizando la vulneración del derecho a la vida.
A futuro, el incremento de estas muertes y el terror a un sistema penal que no garantiza la integridad física de los detenidos podrían acelerar el ya masivo éxodo migratorio. La presión diplomática y la exigencia de mecanismos de supervisión internacional se vuelven imprescindibles para frenar la maquinaria de abandono y represión que opera tras las rejas cubanas, así como para proteger a los ciudadanos que se encuentran bajo el control absoluto del Estado.
