En las calles de La Habana, una discusión entre dos amigos de la infancia —uno blanco y comunista, otro negro y crítico del sistema— revela una de las narrativas más arraigadas del poder en Cuba: la exigencia de lealtad política permanente de la población afrodescendiente como pago por derechos que nunca debieron depender de la voluntad de un gobierno. La escena, cotidiana pero profundamente reveladora, expone las grietas de un discurso oficial que ha convertido la identidad racial en moneda de cambio ideológico.
Rojo y Negro. Así podrían llamarse los protagonistas de una escena que se repite con frecuencia en las aceras cubanas, aunque rara vez con la intensidad que presenció este reportero en una calle de la capital. Dos amigos desde la infancia, unidos por años de convivencia, pero separados por un abismo ideológico insalvable. Uno abraza sin reservas el credo comunista; el otro, un hombre negro, lo rechaza con la misma convicción. La discusión, que alcanzó tonos de gritos y casi derivó en confrontación física, giraba en torno a una premisa que el régimen de La Habana ha cultivado durante más de seis décadas: que una persona negra en Cuba no tiene derecho a disentir del proyecto comunista sin ser tachada de ingrata.
El argumento del «Rojo» —un hombre blanco que se erigía como defensor de la ortodoxia— no admitía matices. Para él, un negro que reniega del comunismo es, por definición, un traidor a aquello que la narrativa oficial denomina la «dictadura del proletariado» y, más concretamente, a la Revolución. La lógica es simple y aplastante: los negros están en deuda permanente con el poder y deben pagarla con fidelidad incondicional. Una fidelidad que, en el imaginario político cubano, remite inevitablemente a la figura de Fidel Castro y a la promesa de igualdad racial que el proceso revolucionario esgrimió como uno de sus pilares legitimadores.
La trampa del reconocimiento condicionado
El meollo del asunto, sin embargo, radica en una pregunta que el discurso oficial ha evitado sistemáticamente responder: ¿quién tiene derecho a cobrar eternamente una deuda por haber reconocido derechos que nunca debieron depender de la voluntad de un poder político? Los derechos civiles, la igualdad ante la ley y la no discriminación racial no son concesiones graciables de un gobierno, sino obligaciones elementales de cualquier Estado que pretenda llamarse democrático. Sin embargo, el gobierno cubano ha construido un relato en el que la abolición de la segregación racial —formalizada en los años posteriores a 1959— se presenta como un regalo personal del régimen, una dádiva que exige reciprocidad política perpetua.
La paradoja que revelaba la discusión callejera era evidente. El Rojo, blanco, pretendía dictarle al Negro cuál debía ser su posición política en función del color de su piel. Como si la identidad racial obligara a la obediencia ideológica. Esta dinámica, lejos de ser un episodio aislado, refleja una de las grandes trampas del discurso comunista en Cuba: proclama derechos para después convertirlos en moneda de cambio. Al negro que disiente lo califica de malagradecido; al que obedece, lo exhibe como prueba de su supuesto éxito integrador. Si el Negro es rojo, todo marcha bien. Si deja de serlo, afloran los reproches, las descalificaciones y los viejos prejuicios que se dice haber superado.
El rostro racial de la crisis cubana
Lo que la anécdota deja al descubierto es una realidad que las autoridades de la isla prefieren omitir: la supuesta igualdad racial conquistada por el régimen ha sido puesta en entredicho por las propias condiciones materiales del país. Los negros y mestizos, que según el censo de 2012 representan aproximadamente el 36% de la población cubana —aunque estimaciones independientes sugieren que la cifra es superior—, han sido los más afectados por el colapso económico, la inflación galopante y el deterioro generalizado de los servicios públicos que atraviesa la nación.
La crisis estructural de Cuba no afecta a todos por igual. La población afrodescendiente enfrenta desventajas acumuladas que el discurso oficial se niega a reconocer. Las remesas familiares, que se han convertido en una de las principales fuentes de subsistencia para millones de cubanos, llegan con menor frecuencia a los hogares negros, dado que sus redes de familiares en el exterior —particularmente en Estados Unidos— son históricamente más reducidas como consecuencia de patrones migratorios que privilegiaron a las clases medias blancas en las primeras oleadas del exilio. Esto se traduce en menor acceso a alimentos, medicinas y bienes básicos en una economía donde el salario estatal no alcanza para cubrir ni la cuarta parte de la canasta básica.
El desabastecimiento crónico, la inflación que ha depreciado el poder adquisitivo del salario medio a niveles de miseria, y la privatización de facto de servicios que deberían ser públicos —desde la educación complementaria hasta la atención médica especializada— impactan con mayor dureza en las comunidades negras. Los barrios populares, mayoritariamente afrodescendientes, son también los que sufren con mayor severidad los apagones prolongados, el colapso del transporte y la inseguridad ciudadana. La igualdad formal proclamada por el régimen se desmorona ante la desigualdad real que la crisis económica ha desnudado.
Antecedentes de una narrativa incómoda
El debate sobre el racismo en Cuba no es nuevo, pero ha sido históricamente silenciado por las autoridades de la isla. En 1962, Fidel Castro declaró que la discriminación racial había sido eliminada en Cuba, una afirmación que congeló durante décadas cualquier discusión seria sobre el tema. Cualquier intento de abordar las persistentes desigualdades raciales era tildado de «contrarrevolucionario» o de importación de problemas propios de sociedades capitalistas. El resultado fue la invisibilización de un racismo estructural que, sin nombre ni reconocimiento, siguió operando en los márgenes de la sociedad cubana.
Fue necesario esperar hasta la primera década del siglo XXI para que voces dentro de la propia isla comenzaran a romper el silencio. La aparición de grupos como la Cofradía de la Negritud y la articulación de intelectuales afrodescendientes que exigían un debate honesto sobre la cuestión racial generaron tensiones con el establishment cultural y político. En 2009, el gobierno reaccionó ante el creciente activismo racial con una mezcla de cooptación y represión: algunos líderes fueron integrados en instituciones oficiales, mientras que otros enfrentaron el acoso y la censura. El mensaje era claro: el tema racial podía discutirse, pero solo dentro de los márgenes que el poder permitía.
Los acontecimientos del 11 de julio de 2021 marcaron un punto de inflexión en esta historia. Las protestas masivas que recorrieron Cuba ese día tuvieron en los barrios populares —mayoritariamente negros y mestizos— su epicentro. Las imágenes de jóvenes afrodescendientes enfrentando a las fuerzas de seguridad del Estado en barrios como La Güinera, San Isidro o Diez de Octubre desmintieron de manera contundente el mito de la gratitud eterna. La respuesta de la dictadura cubana fue la represión generalizada: detenciones arbitrarias, juicios sumarios y condenas ejemplificantes que afectaron de manera desproporcionada a jóvenes negros de sectores populares. Según recopilaciones de organizaciones de derechos humanos, más de 700 personas fueron procesadas en relación con las protestas, muchas de ellas con penas que oscilaron entre 5 y 25 años de privación de libertad.
El exodo que desnuda la fractura
El éxodo migratorio que ha intensificado la crisis cubana en los últimos años también lleva marcas raciales. La salida masiva de cubanos hacia Estados Unidos, América Latina y Europa ha incluido a una proporción creciente de personas afrodescendientes que, ante la imposibilidad de sostenerse económicamente y la ausencia de perspectivas de cambio, optan por abandonar el país. Sin embargo, las rutas migratorias no son igualmente accesibles para todos. Los costos de los viajes, los trámites consulares y la necesidad de redes de apoyo en el exterior crean barreras que muchos cubanos negros no pueden superar, atrapándolos en una isla que les exige gratitud mientras les niega oportunidades.
Quienes logran emigrar enfrentan, además, nuevas formas de discriminación en los países de destino, donde a menudo se suman a las capas más precarizadas de la diáspora cubana. La narrativa oficial, por su parte, los ha despojado de su cubanía: el régimen los etiqueta como «gusanos», «vendepatrias» o «mercenarios del imperio», sin importar que la mayoría simplemente huye de la miseria que el modelo económico del gobierno ha generado. Para los negros que emigran, el desprecio es doble: abandonan un país que les exigía lealtad ideológica como pago por derechos incumplidos y arriban a sociedades donde la discriminación racial los espera con otra cara.
Un discurso que se agota
La escena de los dos amigos discutiendo en una calle habanera es, en el fondo, el síntoma de un discurso que se agota. El comunismo cubano proclama que los negros deben ser rojos, pero cada día hay menos personas rojas en Cuba. El desencanto ha cruzado todas las líneas: raciales, generacionales, geográficas. La exigencia de gratitud eterna choca con una realidad en la que la población afrodescendiente no ve derechos concretados, sino promesas incumplidas y condiciones de vida que se degradan año tras año.
El gobierno cubano se enfrenta hoy a un desafío que su narrativa no puede resolver: cómo sostener el mito de la igualdad racial conquistada cuando las cifras de pobreza, exclusión y represión muestran que los negros cubanos no solo no han sido privilegiados por el sistema, sino que ocupan los escalones más bajos de una sociedad en colapso. La respuesta del poder ha sido la negación: negar que el racismo existe, negar que la crisis tiene color, negar que la disidencia política puede legítimamente venir de quienes el régimen considera sus deudores morales.
La discusión entre el Rojo y el Negro terminó, como terminan muchas discusiones en Cuba: sin acuerdo, con la frustración a flor de piel y con la certeza de que el abismo que separa a los cubanos es cada vez más profundo. Pero lo que aquella pelea dejó en evidencia es algo que trasciende la anécdota: el derecho de cada ciudadano, independientemente del color de su piel, a pensar, a disentir y a rechazar un sistema que le exige sumisión a cambio de promesas vacías. Ese derecho, que en cualquier sociedad democrática sería incuestionable, en Cuba sigue siendo un acto de rebeldía. Y para los negros cubanos, la rebeldía tiene un costo adicional: la acusación de ingratitud por parte de un poder que nunca tuvo autoridad moral para conceder lo que nunca fue suyo para otorgar.
