Investigadores del Centro de Estudios Convivencia (CEC) en Pinar del Río advierten que casi siete décadas de totalitarismo han provocado un deterioro profundo en el tejido social y moral de la isla. Yoandy Izquierdo Toledo, miembro del Consejo Directivo de la organización, traza una radiografía interdisciplinaria de la crisis cubana y sostiene que un cambio político real no es factible con los mismos actores que ostentan el poder, ni sin sanar primero las heridas infligidas a la psiquis colectiva.
La crisis que atraviesa Cuba no se limita a la escasez de alimentos, los apagones prolongados o la inflación galopante. Según la mirada analítica de Yoandy Izquierdo Toledo, experto con una formación que entrelaza la microbiología, la bioética y la acción política, la nación padece un «fallo multiorgánico» crónico. Este deterioro impide que el sistema funcione y es el resultado directo de más de seis décadas de políticas públicas fallidas y un modelo de gestión agotado. Desde la perspectiva del CEC, una organización dedicada por casi dos décadas a diseñar la arquitectura institucional de la Cuba futura, la solución requiere atacar la raíz del problema y no únicamente sus síntomas visibles.
El concepto central de este diagnóstico es el «daño antropológico», una noción desarrollada desde 1994 por el intelectual Dagoberto Valdés y consolidada en 2019. Esta teoría define el impacto del totalitarismo en la isla como el debilitamiento o quebranto de las facultades cognitivas, afectivas y volitivas, junto con las dimensiones éticas, sociales y espirituales de la persona humana. Aunque la dignidad y la esencia del individuo subsisten, el régimen de La Habana ha logrado alterar profundamente la moral colectiva, instalando una cultura del «todo vale» y un relativismo ético que dificulta la organización de una sociedad civil robusta.
Para Izquierdo Toledo, sanar este daño es un requisito indispensable para que cualquier reforma política futura llegue a buen puerto. La reconstrucción del capital social perdido exige cubanos capaces de superar el adoctrinamiento y reclamar sus derechos. Esta sanación del alma nacional, apunta el investigador, es la única vía para que los ciudadanos dejen de ser sujetos pasivos y se conviertan en los verdaderos protagonistas de su historia personal y colectiva, tal como exhortó Juan Pablo II durante su visita a la isla.
El monopolio del Estado y el blindaje del poder
Desde la perspectiva del fortalecimiento institucional, el sistema cubano ha operado bajo un estricto «monopolio de Estado» que ha copado todas las esferas de la vida pública. Este control se cimentó jurídicamente en la reforma constitucional de 2019, que subordinó toda la estructura del país al Partido Comunista de Cuba, declarado en su artículo 5 como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Lejos de ofrecer solidez, esta arquitectura funciona como un barco haciendo aguas en plena tormenta, sostenido por dinámicas de coacción y estrategias de control más que por un consenso social genuino.
En el plano económico, las autoridades de la isla han dependido de dos sectores principales para sostener a la élite militar en el poder: el turismo y la biotecnología. El conglomerado empresarial GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas, administra la captación de divisas, las zonas especiales de desarrollo y la infraestructura hotelera. Incluso durante la pandemia de COVID-19, cuando el sistema de salud pública colapsaba por falta de recursos básicos como analgésicos, el gobierno cubano priorizó la construcción de hoteles vacíos y el desarrollo de candidatos vacunales con el objetivo principal de exportarlos y generar ingresos frescos.
Otra pieza clave en la economía de la dictadura ha sido la exportación de servicios médicos, una práctica que organismos internacionales han catalogado como una modalidad de esclavitud moderna debido a las condiciones de retención de pasaportes y confiscación de salarios. En el ámbito estrictamente político, el sistema se ha sostenido mediante la fabricación de mitos: la invencibilidad, la unidad inquebrantable y la continuidad histórica. Estos relatos, unidos a un omnipresente aparato de vigilancia y represión estatal, han sido las herramientas utilizadas para neutralizar cualquier intento de la sociedad civil de exigir libertades.
El colapso de los servicios públicos y la fractura familiar
La desestructuración del sistema es más que evidente en el deterioro generalizado de sus instituciones emblemáticas. La salud pública y la educación, otrora presentadas como los grandes logros del régimen, hoy se desploman bajo el peso de la falta de recursos, el abandono de las infraestructuras y la nula planificación estratégica. Los profesionales de estos sectores, desmotivados por políticas salariales que no cubren las necesidades básicas y la escasez de medios de trabajo, han protagonizado un éxodo sin precedentes, dejando a la población sin atención médica adecuada y a las aulas sin maestros.
Paralelamente, la institución más dañada en su esencia ha sido la familia cubana. El paternalismo de Estado ha destruido la comunidad educativa formada por la familia y la escuela, imponiendo cánones ideológicos y suprimiendo la libertad de elección. Fenómenos como el envejecimiento poblacional, el éxodo masivo de los últimos años, las separaciones forzadas por las «misiones internacionalistas» y las escuelas al campo han relegado el rol de la familia a un segundo plano, fragmentando los vínculos generacionales y comunitarios.
Contexto: El fallo multiorgánico de la nación
El análisis del Centro de Estudios Convivencia se enmarca en una realidad nacional marcada por la peor crisis estructural de las últimas décadas. La inflación incontrolada ha destruido el poder adquisitivo de los salarios estatales, empujando a la mayoría de la población a la pobreza extrema. Los apagones diarios, que en algunas provincias superan las 12 horas, evidencian el colapso del Sistema Electroenergético Nacional, mientras que el desabastecimiento de combustibles paraliza el transporte y la distribución de alimentos.
A esta crisis económica se suma un éxodo migratorio de dimensiones históricas, con cientos de miles de cubanos abandonando la isla en los últimos años hacia Estados Unidos, América Latina y Europa. Esta fuga de capital humano, que incluye a médicos, ingenieros, maestros y jóvenes en edad productiva, vacía al país de las fuerzas necesarias para cualquier futura reconstrucción. La respuesta del ejecutivo cubano ha sido la inmovilidad, el endurecimiento penal y el aumento de la represión contra quienes protestan o intentan organizarse al margen del control estatal.
El pacto social en Cuba está roto porque la política ha perdido su esencia de gestionar el bien común. La arquitectura desvencijada del Estado se basa exclusivamente en la supervivencia del aparato burocrático y el control coercitivo, en lugar de garantizar una arquitectura de bienestar y servicio público. La dictadura cubana ha priorizado la permanencia en el poder sobre la subsistencia misma de la nación, profundizando el daño antropológico y alejando cualquier posibilidad de una transición pacífica y ordenada.
Implicaciones para el futuro y la necesaria transición
La salida de la crisis cubana, según la perspectiva analítica del CEC, no puede limitarse a reformas cosméticas o a la sustitución de figuras dentro de la misma cúpula de poder. Un cambio real no es factible realizarlo con los mismos que ostentan el poder y se han beneficiado del control totalitario. El tratamiento para un sistema que se resiste a morir implica la apertura de espacios democráticos, la liberación de los presos políticos y el cese inmediato de la violencia estatal contra la ciudadanía.
De cara al futuro, la reconstrucción de Cuba exigirá un esfuerzo monumental no solo en la reactivación económica y la institucionalidad democrática, sino en la reparación moral de su sociedad. La comunidad internacional tendrá un papel crucial en este proceso, exigiendo al régimen de La Habana el respeto a los derechos humanos y apoyando a las iniciativas de la sociedad civil independiente que trabajan, desde la base, por la sanación del tejido social. Solo a través de la recuperación ética y cívica de los cubanos podrá construirse una democracia estable que supere de manera definitiva el legado de más de medio siglo de autoritarismo.
