El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, endureció este martes la postura de Washington frente a la crisis cubana al señalar que la economía de la isla está secuestrada por el conglomerado empresarial militar GAESA. En medio de una profunda emergencia social donde la población enfrenta escasez extrema, el jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que la Casa Blanca ampliará las medidas coercitivas contra las estructuras que financian a la dictadura y monopolizan la riqueza nacional.
Durante una entrevista concedida al canal Fox News, Rubio fue categórico al afirmar que «no hay economía en Cuba» en el sentido tradicional y funcional del término. El funcionario detalló que la riqueza generada en la isla está controlada por una empresa propiedad de generales militares que monopolizan los ingresos, en directa referencia al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). «La gente literalmente está comiendo basura de las calles, pero tienen una compañía que controla todo el dinero que hacen allí», sentenció el secretario de Estado, evidenciando la brecha abismal entre la cúpula castrense y el ciudadano común.
El jefe de la diplomacia estadounidense expresó un profundo pesimismo sobre la posibilidad de una recuperación económica bajo el actual sistema político. Según Rubio, la economía cubana está «rota» y es «no funcional», haciendo imposible cualquier cambio sustancial mientras la dirigencia actual permanezca en el poder. «Estas personas han probado ser incapaces. No creo que podamos cambiar la trayectoria de Cuba mientras esta gente siga a cargo de ese régimen», agregó, atribuyendo el deterioro estructural a una gestión caracterizada por la incompetencia y la falta de voluntad para democratizar el acceso a los recursos.
Estas declaraciones se producen en el marco de una nueva escalada de presión impulsada por la administración de Donald Trump. Hace apenas unos días, Washington anunció un paquete de sanciones dirigido específicamente contra GAESA, varios miembros de su directiva y la empresa minera Moa Nickel. Estas medidas buscan asfixiar financieramente a la élite militar que se beneficia del monopolio estatal mientras la población se hunde en la pobreza y el desamparo.
En una comparecencia reciente en Roma, tras sostener una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Rubio defendió con firmeza las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense. El secretario de Estado reiteró que la política de Washington no está diseñada para castigar al pueblo cubano, sino para cercar a las estructuras de poder que saquean la nación. «No son sanciones contra el pueblo, sino contra empresas que se están quedando con todo lo que genera dinero en Cuba», subrayó. Además, advirtió que la Casa Blanca prevé tomar «más medidas» en el corto plazo, aunque evitó adelantar detalles específicos sobre los próximos sectores que podrían ser afectados.
La crisis humanitaria también fue abordada por Rubio durante un reciente encuentro con el pontífice, León XIV. Aunque el funcionario aclaró que el tema de las sanciones no formó parte central de esa conversación, sí aprovechó para denunciar el bloqueo del gobierno cubano a la asistencia internacional. Estados Unidos ha canalizado aproximadamente seis millones de dólares en ayuda humanitaria a través de la organización Cáritas y ha ofrecido hasta 100 millones de dólares adicionales para asistencia de emergencia. Sin embargo, el ejecutivo cubano ha rechazado aceptar esta propuesta. «Queremos ayudar a Cuba, pero es el régimen el que se interpone en el camino», declaró Rubio, evidenciando cómo la politización de la ayuda ahonda el sufrimiento de los ciudadanos.
El endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana se consolidó el pasado 1 de mayo, cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para ampliar las restricciones contra empresas y personas extranjeras vinculadas a sectores estratégicos de la economía cubana. La disposición incluye áreas vitales como energía, defensa, seguridad y finanzas, buscando cortar el flujo de divisas que nutre al aparato represivo y a las empresas parasitarias controladas por la cúpula militar.
El saqueo institucionalizado y la crisis estructural
El señalamiento de Rubio hacia GAESA pone el dedo en la llaga de una de las principales anomalías del sistema económico cubano. Este conglomerado, gestionado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, controla la mayor parte del sector turístico, las tiendas en moneda libremente convertible, la importación de bienes y el comercio mayorista. Mientras el Estado mantiene un modelo fracasado de planificación central que no abastece ni el 30% de las necesidades básicas, la cúpula militar acumula miles de millones de dólares en un esquema de capitalismo de amigos que margina por completo a la población civil y a los trabajadores del sector estatal.
Las declaraciones del secretario de Estado llegan en el momento más álgido de la crisis estructural que sufre la isla. La inflación galopante, la devaluación del peso cubano y el desabastecimiento crónico de alimentos, medicinas y combustible han empujado a amplios sectores de la población a la indigencia, validando la dramática afirmación de que muchos cubanos recurren a la basura para alimentarse. Esta asfixia económica y social ha desencadenado el mayor éxodo migratorio de la historia del país, con cientos de miles de ciudadanos huyendo hacia Estados Unidos y otras naciones latinoamericanas en busca de supervivencia.
A la debacle económica se suma el endurecimiento del aparato represivo de la dictadura cubana. Ante el creciente descontento social y la incapacidad manifiesta de ofrecer soluciones, las autoridades de la isla han optado por el acoso policial, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de activistas y periodistas independientes. La criminalización de la protesta social asegura que el descontento no se traduzca en un cambio político, perpetuando un ciclo de miseria y falta de libertades que el régimen de La Habana se niega a reconocer.
Antecedentes de una política de presión
La estrategia actual de Washington se enmarca en una histórica tensión bilateral, pero con un enfoque renovado hacia las élites. Durante décadas, el embargo comercial general ha sido utilizado por el gobierno cubano como justificación principal para el fracaso económico, ocultando la ineficiencia institucional y la corrupción sistémica. Sin embargo, las sanciones focalizadas de la administración Trump buscan desarticular esta narrativa, demostrando que el verdadero obstáculo para el desarrollo de la isla es la concentración de la riqueza en manos de la élite militar y la ausencia de libertades económicas y políticas para el resto de los ciudadanos.
Implicaciones futuras y aislamiento del régimen
El panorama que se perfila sugiere un aislamiento financiero cada vez mayor para las estructuras de poder en la isla. Con la promesa de nuevas sanciones y la negativa de las autoridades de la isla a aceptar ayuda humanitaria directa, el régimen de La Habana se enfrenta a un callejón sin salida. La comunidad internacional observa cómo la intransigencia del ejecutivo cubano prioriza la supervivencia de su élite militar por encima del bienestar de su población. Si la presión económica logra mermar los ingresos de GAESA, la dictadura cubana podría enfrentar un escenario de inestabilidad interna sin precedentes, mientras la ciudadanía continúa soportando el peso de un modelo político que ha demostrado ser incapaz de garantizar la dignidad y el futuro de la nación.
