La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó este viernes los aranceles globales impuestos unilateralmente por el presidente Donald Trump, al determinar que carece de autoridad legal para aplicarlos sin la aprobación del Congreso. La decisión, respaldada por seis votos contra tres, no solo altera la política comercial estadounidense, sino que genera incertidumbre sobre las medidas ejecutivas dirigidas a asfixiar el suministro de combustible a la dictadura cubana.
En un extenso fallo de 170 páginas, el máximo tribunal concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no faculta al presidente para establecer un régimen arancelario de alcance ilimitado. La opinión mayoritaria, redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, subrayó que el ejecutivo \»se arroga la facultad extraordinaria\» de imponer gravámenes sin restricciones de monto o duración. Esta es la primera vez que la justicia invalida una política central de la actual administración, la cual había utilizado esta normativa para aplicar aranceles \»recíprocos\» a más de un centenar de países bajo el argumento de la seguridad nacional y el combate al fentanilo.
La resolución judicial no deroga la totalidad de la política arancelaria de Washington, pero anula aquellos gravámenes implementados específicamente bajo la ley de emergencia, mientras se mantienen vigentes los impuestos a productos como el acero y el aluminio, amparados en legislaciones distintas. Tres jueces conservadores votaron en contra de la medida. El magistrado Brett Kavanaugh advirtió en su disenso que el fallo podría obligar al Gobierno a devolver miles de millones de dólares a los importadores, lo que calificó como un potencial \»desastre\» financiero para el erario público.
Impacto en el asedio energético a La Habana
El fallo adquiere una dimensión particular para el contexto cubano. El pasado 29 de enero, Trump declaró una \»emergencia nacional\» argumentando que las políticas del régimen de La Habana representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. Bajo este amparo legal, se impusieron aranceles a los países que suministran combustible a la isla, en un intento por frenar el flujo energético que sostiene la maquinaria estatal. Queda por ver si esta orden ejecutiva, clave en la presión internacional contra el gobierno cubano, se verá afectada por el nuevo precedente judicial establecido por la Corte.
Más allá de las estimaciones de recaudación, que alcanzaban los 1,5 billones de dólares en una década, la sentencia reconfigura el margen de maniobra del ejecutivo estadounidense en materia de sanciones. Aunque la administración de Trump podría buscar vías legales alternativas para restablecer sus medidas comerciales, el veto judicial obliga a una revisión estratégica. Para la ciudadanía cubana, que sufre el colapso estructural de la isla y la profunda crisis energética, el desenlace de este ajuste jurídico en Washington definirá en gran medida la viabilidad futura del suministro de combustible que requiere el régimen para mantener operativa su ya mermada infraestructura pública y evitar un colapso total de los servicios.
