La Fiscalía Provincial de La Habana dispuso el archivo definitivo de la denuncia penal contra la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente. Sin embargo, el cese del proceso legal no impidió que la Seguridad del Estado sometiera a la joven a un prolongado interrogatorio, amenazándola con enviarla a prisión e intentando coaccionarla para que abandone su activismo digital.
La resolución de la Fiscalía cierra una etapa de hostigamiento policial iniciada en marzo, tras la publicación de un video en el que la joven identificó al oficial que le llevó una citación a su madre. Las autoridades de la isla habían imputado a ambas por el supuesto delito de «actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y la voz, identidad de otra persona y sus datos», tipificado en el Artículo 393 del Código Penal. No obstante, el propio auto fiscal al que tuvo acceso la prensa independiente reconoce que estos hechos solo son perseguibles «en virtud de querella de la persona ofendida a través de la acusación» ante los tribunales, y no mediante la acción directa de la policía.
De la resolución legal a la intimidación en la estación de Alamar
A pesar de que el documento exoneraba a la joven de 21 años y a su madre, poniendo fin a su reclusión domiciliaria y regulación migratoria, el desenlace en la estación de policía de Alamar fue distinto. Tras firmar los documentos de archivo en la tarde de este lunes, Anna Bensi fue conducida a una oficina separada. Allí, tres oficiales de la contrainteligencia de la Seguridad del Estado, vestidos de civil y sin identificarse, la interrogaron durante más de dos horas.
En su relato, la joven describió una táctica de interrogatorio clásica de los órganos represivos: dos mujeres y un hombre que adoptaron roles de «policía bueno y policía malo». Mientras las agentes intentaban simular un tono de consejo amistoso, el oficial masculino ejerció la presión directa. La estrategia de la dictadura cubana en este caso incluyó un intento de soborno basado en las aspiraciones profesionales de la joven. Conociendo su pasión por la música, los oficiales le propusieron apoyar su carrera e incluso garantizarle un Premio Lucas, uno de los máximos galardones de la industria musical en el país, a cambio de que dejara de exponer la realidad nacional.
El mensaje subyacente, según narró la creadora de contenido, era inequívoco: si se dedicaba al arte bajo el patrocinio del Estado, tendría un futuro próspero, pero si continuaba denunciando la situación del país, su carrera y su libertad peligrarían. La manipulación psicológica también incluyó el cuestionamiento sobre su reciente encuentro con el encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer. Los interrogadores calificaron la visita de Hammer como un acto de recepción en su hogar al «representante de un país enemigo y asesino», evidenciando la paranoia del régimen de La Habana ante el contacto entre la sociedad civil cubana y la diplomacia internacional.
La represión familiar como método de coerción
La presión no se limitó a la joven. Los oficiales manifestaron una evidente preocupación por la creciente visibilidad de Anna Bensi en redes sociales y el potencial de que sea percibida como un liderazgo político o social entre los jóvenes cubanos. Para incrementar la coerción, la dictadura cubana recurrió a la amenaza directa contra su entorno familiar. La joven denunció que las presiones incluyeron advertencias sobre su madre y su hermana, Elmis Silvente.
Elmis Silvente, quien reside en Estados Unidos, fue interrogada por la Seguridad del Estado a fines de la semana pasada, justo antes de su regreso al territorio norteamericano. Este uso de la familia como rehén político es una constante en las prácticas represivas de la isla. Anna Bensi sintetizó el ultimátum que le transmitieron sus captores: «Te callas, o te vas del país, o colaboras con nosotros, o vas presa». A pesar de ser su primer enfrentamiento directo con los órganos represivos, la joven aseguró que se mantiene firme en sus convicciones y en su fe, reafirmando la naturaleza autoritaria del sistema: «Esto es una dictadura».
El marco legal como herramienta de hostigamiento
El caso de Anna Bensi ilustra una práctica recurrente del gobierno cubano: la utilización del aparato judicial y policial para abrir procesos penales que carecen de sustento legal, con el único fin de amedrentar, regular migratoriamente y mantener bajo control a ciudadanos críticos. La admisión de la propia Fiscalía de que la policía actuó fuera de su jurisdicción al iniciar el expediente por el Artículo 393 demuestra que la legalidad socialista opera como un barniz institucional sobre el accionar arbitrario de la Seguridad del Estado.
La reciente reforma del Código Penal cubano ha ampliado el catálogo de figuras delictivas y ha endurecido las penas, facilitando el encausamiento de activistas, periodistas y creadores de contenido. Sin embargo, cuando la presión internacional o la falta de pruebas hace insostenible mantener una causa abierta, el ejecutivo cubano opta por el archivo procesal, pero traslada la represión al plano de la coacción extrajudicial, mediante interrogatorios, citaciones y amenazas en las unidades de la policía política.
Contexto: La criminalización del activismo digital y la crisis estructural
El hostigamiento contra Anna Bensi debe entenderse en el marco de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. El régimen de La Habana enfrenta una economía colapsada, caracterizada por una inflación descontrolada, el desabastecimiento crónico de productos básicos, apagones prolongados y una profunda crisis de representatividad. Ante la incapacidad de ofrecer soluciones materiales, las autoridades han optado por el endurecimiento del control social y la censura.
En este contexto, el acceso masivo a internet y el auge de las redes sociales han erosionado el monopolio informativo del Estado. Los jóvenes, que son los principales protagonistas del actual éxodo migratorio que ha vaciado al país de su fuerza laboral y académica, encuentran en plataformas como TikTok, Instagram y X un espacio para denunciar la realidad que la prensa oficialista oculta. La dictadura cubana ha respondido a este fenómeno con una ofensiva contra los creadores de contenido digital, aplicando el Decreto 370 y otras normativas para multar, desconectar o encarcelar a quienes disienten.
El intento de cooptar a Anna Bensi ofreciéndole un Premio Lucas revela el miedo del poder a que las voces emergentes se consoliden como referentes independientes. El régimen comprende que un liderazgo juvenil no cooptado por las instituciones oficialistas representa una amenaza directa a su hegemonía, especialmente en un momento donde el descontento social es generalizado pero fuertemente reprimido, como se vio tras las protestas del 11 de julio de 2021.
Implicaciones y panorama futuro
El archivo de la denuncia no representa una victoria de la justicia en Cuba, sino una readaptación táctica de la represión. Mientras la Fiscalía reconoce la imposibilidad de sostener el caso, la Seguridad del Estado deja claro que el acoso continuará por vías extrajudiciales. Esta dinámica obliga a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos a mantener la vigilancia no solo sobre los presos políticos condenados, sino también sobre los cientos de ciudadanos que sufren regulaciones migratorias, citaciones constantes y amenazas veladas.
Para la ciudadanía, el mensaje del régimen es que ninguna figura, por pequeña o joven que sea, está exenta del radar de la represión si decide alzar la voz. Sin embargo, la resistencia de figuras como Anna Bensi, que se niega a aceptar chantajes y a abandonar su discurso crítico, refleja la fractura irreversible entre el poder y la nueva generación de cubanos. El futuro político de la isla se definirá en esta tensión constante entre un aparato estatal dispuesto a usar todas sus herramientas para no ceder el poder y una juventud que, a pesar del miedo y el exilio, continúa exigiendo cambios democráticos y libertades fundamentales.
