Las autoridades de la isla han impuesto reclusión domiciliaria y prohibido las visitas a Caridad Silvente, madre de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi. La medida se produce tras ser interrogada por la Seguridad del Estado por filmar al suboficial del Ministerio del Interior que le entregó una citación oficial en su vivienda de La Habana, en un nuevo episodio de acoso judicial contra críticos y sus familiares.
Tras acudir a la estación de policía de Alamar, Silvente fue sometida a un interrogatorio de aproximadamente dos horas por parte de tres oficiales de la Seguridad del Estado. Durante el encuentro, los agentes le comunicaron que tiene un plazo de cinco días para conseguir un abogado y que se le imputará el presunto delito de filmar al oficial Yoel Leodan Rabaza Ramos, quien vestía de civil al momento de entregar la citación. Los represores amenazaron a la mujer con una pena de hasta cinco años de prisión, alegando que el agente se siente \»amenazado\» tras la divulgación de su identidad en redes sociales.
El interrogatorio no solo se centró en aspectos legales, sino que incluyó agresiones psicológicas directas. Los agentes de la dictadura cubana insultaron a Silvente, tachándola de \»mala madre\» por permitir que su hija haga denuncias públicas. Además, lanzaron acusaciones infundadas contra Anna Bensi, señalándola de ser \»contrarrevolucionaria\», de conspirar y de recibir supuestas órdenes y apoyo desde Estados Unidos. El objetivo evidente de la citación fue intimidar a la madre para que influya en su hija y obligue a silenciar sus denuncias contra el régimen de La Habana en plataformas digitales.
El uso selectivo del Código Penal para blindar a la represión
Para sustentar esta nueva causa penal, el ejecutivo cubano invoca el Artículo 393 del Código Penal, relativo a los \»actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz\». Sin embargo, expertos jurídicos advierten que no existe una prohibición explícita para grabar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, especialmente cuando actúan en representación del Estado. La aplicación de este artículo a un suboficial del MININT en cumplimiento de su deber evidencia una manipulación del marco legal para proteger a las fuerzas del orden de cualquier escrutinio ciudadano.
Este caso se inscribe en la creciente estrategia del gobierno cubano de utilizar el aparato judicial y policial para criminalizar la disidencia y el activismo digital. Al penalizar la grabación de procedimientos policiales, las autoridades buscan blindar la opacidad de sus operaciones represivas y desincentivar la documentación de abusos por parte de la ciudadanía. La amenaza de cárcel contra familiares de activistas confirma el deterioro del estado de derecho en la isla y profundiza el clima de autocensura forzada que sufren los cubanos que deciden alzar la voz frente a los desmanes del poder.
