El legislador cubanoamericano Mario Díaz-Balart hizo público su respaldo a la joven creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, quien enfrenta un proceso judicial arbitrario tras ser imputada por la policía política por el delito de grabar a un agente de la Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. La muestra de solidaridad internacional llega en un momento crítico para la joven y su madre, ambas sometidas a medidas cautelares que restringen su libertad de movimiento y buscan silenciar su labor de denuncia.
Desde su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), Díaz-Balart envió un mensaje directo de apoyo a la joven activista. «Tu fe, valentía, amor por la patria e incansable lucha por una Cuba libre no serán en vano. Eres una heroína», escribió el congresista, acompañando sus palabras con uno de los videos recientes de Bensi. El respaldo de figuras políticas internacionales pone de relieve la creciente atención sobre los métodos represivos empleados por el régimen de La Habana contra la nueva generación de comunicadores independientes que utilizan las plataformas digitales para evadir la censura oficial.
La situación legal de Anna Bensi se materializó recientemente cuando acudió a una citación de la policía política, donde se le impuso la instrucción de cargos por el supuesto delito de «actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos», tipificado en el artículo 393 del Código Penal cubano. Como consecuencia, las autoridades de la isla le asignaron una medida cautelar de reclusión domiciliaria, prohibiéndole salir del país o viajar entre provincias sin la debida autorización, una táctica habitual para aislar a los activistas y impedir su vinculación con otras organizaciones de la sociedad civil.
El origen de esta persecución radica en un video difundido por Bensi en el que se observa a dos individuos vestidos de civil —posteriormente identificados como agentes de la Seguridad del Estado— entregando una citación oficial a su madre, Caridad Silvente Laffita. En la grabación se evidencia el rostro de Yoel Leodan Rabaza Ramos, suboficial del Ministerio del Interior (MININT), quien supuestamente se siente amenazado por la divulgación de su identidad, argumento esgrimido por la dictadura cubana para justificar la criminalización de la joven y de su madre.
Represión familiar y tortura psicológica
El acoso estatal no se limita a la creadora de contenido. El pasado 11 de marzo, su madre, Caridad Silvente Laffita, fue sometida a un interrogatorio de varias horas por oficiales de la Seguridad del Estado. Entre los represores presentes se encontraba Kenia María Morales Larrea, ampliamente señalada por la sociedad civil por su papel en la persecución de periodistas, activistas y artistas en la isla. La presencia de esta oficial demuestra que el caso es manejado directamente por los aparatos de inteligencia del gobierno cubano, encargados de neutralizar cualquier brote de disidencia.
Silvente relató que la sesión fue calificada por ella misma como «horrible». Durante el interrogatorio, los agentes le impusieron la misma medida de reclusión domiciliaria, la amenazaron con hasta cinco años de prisión y recurrieron a la humillación psicológica. «Me dijeron hasta mala madre, que no le brindaba seguridad a mi hija al exponerla; que mi hija era contrarrevolucionaria, que estaba conspirando y recibiendo órdenes de Estados Unidos», denunció Silvente. La clara intención de los operativos represivos era intimidar a la madre para que coaccionara a su hija y lograra silenciar sus denuncias en redes sociales, demostrando el carácter cobarde de la maquinaria represiva.
Inconsistencias legales y manipulación del Código Penal
La fundamentación jurídica esgrimida por el gobierno cubano para procesar a ambas mujeres presenta graves deficiencias técnicas, según expertos en derecho. La dictadura cubana sostiene que filmar a funcionarios públicos es ilegal amparándose en el derecho a la imagen y la privacidad. Sin embargo, la abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, ha precisado que en el Código Penal cubano no existe ninguna figura que prohíba grabar a un policía o funcionario público en el cumplimiento de sus funciones, especialmente si se encuentran en espacios públicos. Los expertos coinciden en que los funcionarios en el ejercicio de sus deberes no gozan de las mismas protecciones de privacidad que los ciudadanos privados.
A esta contradicción se suma el argumento presentado por el abogado Roberto Ortega Ortiz, defensor de Caridad Silvente, en el «Escrito de solicitud de archivo de la denuncia» dirigido a la Fiscalía. El jurista apunta que el artículo 394.1 del propio Código Penal establece que este delito, junto con los de calumnia e injuria, «solo son perseguibles en virtud de querella de la persona ofendida y no mediante denuncia». Esto implica que el Estado no debió siquiera radicar la denuncia ni activar la maquinaria judicial, lo que evidencia que el proceso responde a una motivación estrictamente política y no a un imperativo legal, utilizando el sistema de justicia como un instrumento de control político.
Contexto sistemático: La criminalización de la palabra en Cuba
El caso de Anna Bensi y su madre no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la profundización de la maquinaria represiva de la dictadura cubana frente al auge de las redes sociales. Ante la incapacidad del Estado para controlar la narrativa en plataformas digitales, el régimen de La Habana ha desplegado una estrategia sistemática de amenazas, citaciones, arrestos temporales y procesos judiciales amañados contra ciudadanos que se atreven a documentar la realidad nacional. La implementación del nuevo Código Penal en 2022 ha servido como un instrumento clave para tipificar delitos de manera ambigua y castigar la disidencia bajo el pretexto de proteger la «intimidad» o el «orden público», criminalizando de facto el periodismo ciudadano.
Esta persecución ocurre en medio de la peor crisis estructural que ha atravesado la isla en décadas. Mientras la hiperinflación devora los salarios, el desabastecimiento de alimentos y medicinas colapsa la calidad de vida, y el éxodo migratorio vacía ciudades enteras, el ejecutivo cubano prioriza el despliegue de sus fuerzas represivas para acosar a jóvenes y madres de familia. La asignación de recursos estatales para vigilar, citar y procesar a creadores de contenido evidencia una vez más que la prioridad del gobierno no es resolver la emergencia económica, sino blindar su permanencia en el poder a través del miedo y la persecución selectiva.
Implicaciones y respuesta internacional
La denuncia pública de estos abusos y el respaldo de legisladores como Mario Díaz-Balart son vitales para contrarrestar el hermetismo informativo que impone el gobierno cubano. La presión de la comunidad internacional y de organismos defensores de los derechos humanos se vuelve indispensable para exigir el archivo de estas causas y el cese del hostigamiento a la sociedad civil. La visibilidad de casos como el de Anna Bensi obliga a la comunidad democrática a no mirar hacia otro lado ante la violación sistemática de las garantías procesales en la isla.
El futuro inmediato para Anna Bensi y Caridad Silvente Laffita se mantiene en vilo, condicionado a la voluntad arbitraria de la Seguridad del Estado. Sin embargo, la resistencia de esta joven, que continúa denunciando las arbitrariedades del sistema pese a las amenazas de cárcel, refleja la determinación de una nueva generación de cubanos que desafía la censura. El desenlace de este caso no solo determinará la suerte de dos mujeres, sino que marcará un precedente sobre los límites de la impunidad con la que opera la dictadura cubana frente a la vigilancia ciudadana y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
