La escasez de billetes y los topes de extracción impuestos por el gobierno cubano han derivado en un mercado negro dentro de las propias instituciones bancarias, donde cajeros y porteros cobran comisiones de hasta el 20% a los ciudadanos para permitirles acceder a sus propios fondos, profundizando la vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos de la isla.
Obtener el propio salario o pensión se ha convertido en una odisea diaria para millones de cubanos, obligados a enfrentar un sistema financiero fracturado y políticas económicas ineficientes. El caso de Irene, profesora de una escuela secundaria, ilustra con crudeza la dimensión de esta crisis. Tras permanecer cuatro horas en una cola, logró extraer solo 5.000 pesos de su cuenta en la sucursal 322 del Banco Metropolitano, situada en el Wajay, La Habana. Su intención era retirar el doble de esa cantidad, lo que equivale a un mes y medio de su salario, pero las restricciones impuestas por el régimen de La Habana fijan ese tope desde hace más de un año. Mientras tanto, en las mismas filas, individuos identificados como «clientes con privilegios» —presuntos dueños de mipymes o allegados al personal bancario— ingresan sin hacer cola y salen con fajos de billetes de 500 y 1.000 pesos, evidenciando una disponibilidad de efectivo que las autoridades de la isla niegan sistemáticamente al ciudadano común.
La profunda desigualdad en el acceso al dinero ha generado un sistema de extorsión interna que opera a la vista de todos. Irene relató cómo una trabajadora del banco le ofreció la posibilidad de extraer una cantidad superior al límite establecido a cambio de pagar un cinco por ciento de comisión por el «favor». Si además deseaba el dinero en billetes de alta denominación, la tasa ascendía al ocho por ciento. Ante su negativa de pagar un soborno para disponer de su propio salario, la cajera se burló de ella y le entregó los 5.000 pesos en billetes viejos de 10 y 20. La obligaron a cargar un voluminoso e incómodo fajo de dinero, pese a que en la ventanilla había billetes de 200, 500 y 1.000. Esta práctica, lejos de ser una excepción aislada, se ha consolidado como la norma en el sistema bancario cubano.
El calvario de la tercera edad frente a la burocracia estatal
La situación es aún más crítica para la población jubilada, que constituye uno de los sectores más vulnerables ante el colapso de los servicios públicos. Norberto, un jubilado del Ministerio de la Construcción, invierte hasta una semana cada mes en la «odisea» de intentar cobrar su pensión de 3.800 pesos —poco más de siete dólares al cambio en el mercado informal—. Esta cantidad ya está mermada por los descuentos que le realiza el propio Banco Metropolitano por una deuda que arrastra desde 2008, originada por un préstamo recibido como «estímulo laboral» para reparar su vivienda. Su rutina comienza a las cuatro de la mañana en la sucursal 300 del Banco Metropolitano, ubicada en la Calzada de Diez de Octubre y Lacret.
Armado con su almuerzo en un recipiente, Norberto soporta más de ocho horas de espera bajo el sol, interrumpidas constantemente por cortes de conexión, apagones o la excusa de que no hay efectivo hasta que alguien realice un depósito. Para él y miles de ciudadanos de la tercera edad, la llamada «bancarización» impulsada por el ejecutivo cubano es una quimera inalcanzable. No posee un teléfono inteligente para anclar su cuenta a aplicaciones de pago como Transfermóvil, y aunque lo tuviera, las propias tiendas estatales, como las bodegas y panaderías donde compra sus alimentos básicos, rechazan el pago con tarjeta. La desconexión entre las directrices gubernamentales y la realidad material de la población es absoluta.
Corrupción institucionalizada e impunidad bajo el amparo del poder
La impunidad acompaña de cerca a este fenómeno de extorsión. Norberto denunció cómo individuos llegan en sus automóviles, se llevan grandes cantidades en fajos de billetes de 1.000 pesos sin respetar las filas y actúan «como los dueños del banco». La policía, presente en las inmediaciones de las sucursales, no interviene. Esta inacción responde a una evidente complicidad con el personal bancario o al temor de confrontar a individuos con influencias, hijos de funcionarios o allegados al poder. Es un claro reflejo de la impunidad que caracteriza a la dictadura cubana cuando se trata de corrupción institucionalizada o de proteger los privilegios de la élite, mientras la ciudadanía común sufre la ineficiencia y la represión cotidiana.
Un recorrido por diversas sucursales en la capital confirma que la venta de efectivo es una práctica sistémica y generalizada. En entidades como el Banco de Crédito y Comercio, así como en varias CADECAS (casas de cambio), las comisiones oscilan entre el cinco y el diez por ciento. Sin embargo, en la sucursal 254, ubicada en Belascoaín, Centro Habana, el porcentaje llega al 20% para billetes nuevos de alta denominación, y los límites de extracción desaparecen para quienes puedan pagar esas cantidades. Igual situación se repite en la sucursal 248, en el edificio FOCSA de El Vedado, y en diversas localidades de Plaza, Playa, Diez de Octubre, Centro Habana y Habana Vieja.
Las transacciones se realizan con una naturalidad alarmante. Una cajera de una de las entidades recorridas ofreció la «tarifa» del 15% para billetes de 500 y 1.000 pesos nuevos, y del 20% para extracciones superiores a 20.000 pesos, sugiriendo incluso regresar al cierre del banco para no llamar la atención de los que esperaban fuera. Los porteros también actúan como intermediarios en este esquema corrupto, ofreciendo tasas similares y justificando el cobro argumentando que en la calle el efectivo se vende al 15%. Precisamente, las redes sociales como Facebook, WhatsApp y Telegram están plagadas de grupos de compra-venta de dinero en efectivo a nivel nacional, evidenciando una demanda insatisfecha que el gobierno cubano es incapaz de resolver.
Raíces en la crisis estructural de la isla
Este colapso en la circulación monetaria no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la profunda crisis económica estructural que atraviesa el país. La hiperinflación galopante ha hecho que los 5.000 pesos de límite de extracción resulten insuficientes incluso para cubrir la alimentación básica de una sola persona durante unos pocos días, sin contar la compra de medicamentos, el transporte público y otros servicios elementales. El régimen de La Habana, tras el fallido «Ordenamiento Monetario» de 2021, perdió el control de la política monetaria y cambiaria, generando una inflación incontrolable y una devaluación del peso cubano que ha empobrecido drásticamente a la clase trabajadora.
La forzada «bancarización» fue presentada por las autoridades como una solución moderna para dinamizar la economía, pero en la práctica se ha convertido en un mecanismo de control y exclusión. Al no existir efectivo suficiente en las calles y fallar constantemente las plataformas digitales por la inestabilidad del sistema eléctrico y las telecomunicaciones, el ciudadano se ve obligado a operar en un mercado paralelo donde pierde una parte significativa de sus ingresos. Un especialista del Centro de Estudios de la Economía Cubana, bajo condición de anonimato, advirtió que entre el 35 y el 40% de las personas mayores de 60 años se ven obligadas a sacrificar hasta un 20% de sus ingresos para obtener efectivo. Esto afecta a la franja más vulnerable de la población, que no tiene recursos para adquirir tecnología, ni la salud para soportar largas horas en una cola.
La censura y la represión impiden que este problema sea abordado con la urgencia que merece en los medios estatales. La dictadura cubana prefiere ignorar el deterioro de los servicios públicos básicos y la corrupción de sus funcionarios, antes que reconocer el fracaso de su modelo centralizado. La falta de libertades impide que los ciudadanos demanden soluciones efectivas o protesten masivamente por el robo de sus ingresos mediante la extorsión bancaria, consolidando un ciclo de pobreza, desesperación y silencio forzado.
Un futuro sin liquidez y con menos libertades
La venta ilegal de efectivo dentro de los bancos es un síntoma más de la descomposición social y económica de la isla. Mientras el régimen mantenga su ineficacia para inyectar liquidez en el mercado y continúe reprimiendo cualquier intento de protesta social, la brecha de desigualdad seguirá ensanchándose. Los ciudadanos comunes seguirán viendo mermados sus ya exiguos salarios, mientras una élite con acceso a privilegios opera al margen de la ley. Las implicaciones políticas de este fenómeno son claras: el Estado cubano ha perdido la capacidad de garantizar la seguridad de los depósitos y el derecho básico de los ciudadanos a disponer de su dinero. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben poner la mirada en cómo la política económica del régimen no solo empobrece materialmente a la población, sino que viola de manera sistemática los derechos fundamentales de millones de cubanos que solo buscan acceder a lo que legítimamente les pertenece.
