El Ministerio del Interior (MININT) de Cuba anunció la desarticulación de varias redes dedicadas a la entrega informal de remesas y el tráfico de divisas, tras una serie de operativos en La Habana y Artemisa. Las autoridades de la isla reconocieron tener más de 300 investigaciones abiertas, incluyendo la infiltración en grupos de WhatsApp y Telegram, en medio de una profunda crisis económica y una ofensiva estatal contra el sector privado y el mercado paralelo de moneda extranjera.
El teniente coronel Gisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos de la Dirección General de Investigación Criminal del MININT, detalló a través del programa estatal «Hacemos Cuba» la incautación de cuantiosos recursos en dos viviendas del barrio de Luyanó, en el municipio capitalino de Diez de Octubre. En este primer registro, las fuerzas del orden ocuparon 183.278 dólares, 15.560 euros y 1.500.900 pesos cubanos, además de dos automóviles Kia Picanto modelo 2025, cinco cajas fuertes, tres máquinas de contar dinero, 12 tarjetas magnéticas bancarias, tres teléfonos celulares, una computadora portátil y documentación vinculada a otras cinco propiedades.
Un segundo foco de la operación policial se centró en el municipio de Plaza de la Revolución, donde se identificó otra estructura que operaba de manera sistemática. Según el funcionario, a ambos lugares acudían numerosas personas en autos, motocicletas y a pie para realizar operaciones de canje y recambio de moneda. En este escenario, el ejecutivo cubano decomisó 17.210 dólares, 13.475 euros y 2.199.650 pesos cubanos. El embargo incluyó además dos motos eléctricas, dos computadoras asociadas a equipos de videoprotección, tres celulares, una máquina de contar dinero y siete tarjetas magnéticas, una de las cuales contenía un saldo de 338.776 pesos cubanos.
El asedio al sector privado y el control bancario
La ofensiva gubernamental no se ha limitado a los operadores callejeros. Rivero Crespo confirmó la detención de un «actor económico privado» que, durante uno de los operativos, acudía a depositar sus recaudaciones del día para convertirlas a la tasa de cambio informal. Aunque esta persona no permanece bajo arresto, enfrenta un proceso penal en calidad de imputado. Este hecho refleja la creciente presión del régimen de La Habana sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), un sector que ha sido señalado reiteradamente por las autoridades como responsable de la inflación y la distorsión monetaria, ignorando la responsabilidad del Estado en la planificación centralizada fallida.
Hacemos Cuba: enfrentamiento del mercado ilegal de divisas en el país
El tercer caso expuesto por la propaganda oficial involucra a un ciudadano residente en El Vedado, cuya identidad fue omitida, pero cuyos movimientos bancarios en cuentas en dólares, pesos cubanos y la extinta moneda CUC reflejaban créditos superiores a los 36 millones de pesos cubanos y débitos por más de 35 millones. Las investigaciones determinaron que este individuo formaba parte de un entramado dedicado al tráfico ilegal de divisas —incluyendo dólares, euros, Zelle y pesos mexicanos— operando desde su domicilio y utilizando a un colaborador en el poblado de Quiebra Hacha, en Mariel, provincia de Artemisa. El principal sospechoso es socio, desde 2022, de una MIPYME radicada en Artemisa, a la cual también se le decomisaron grandes sumas de dinero y equipos tecnológicos.
Vigilancia digital y criminalización del mercado paralelo
Uno de los aspectos más preocupantes de la ofensiva estatal es el reconocimiento explícito de la vigilancia en el entorno digital. El MININT admitió que mantiene más de 300 investigaciones abiertas sobre el mercado informal de divisas, lo que ha implicado la infiltración en grupos de WhatsApp y el monitoreo de plataformas como Telegram y Facebook. La dictadura cubana sostiene que estas redes, conformadas por financistas, intermediarios y operadores, facilitan el intercambio de divisas, el movimiento transfronterizo de efectivo y la simulación de recargas internacionales.
El gobierno cubano justifica esta persecución argumentando que el mercado paralelo fija sus tasas de cambio tomando como referencia el tipo informal y añadiendo márgenes que superan el 15%. Según esta narrativa, dichas operaciones presionan al alza los precios y aceleran la devaluación de la moneda nacional. Sin embargo, esta explicación omite la responsabilidad directa del Estado en el colapso del sistema bancario, la incapacidad de proveer liquidez y la negativa a implementar una reforma monetaria coherente que permita la libre convertibilidad del peso cubano.
Contexto: La crisis estructural y la dependencia de las remesas
La persecución a estas redes informales ocurre en un contexto de crisis sistémica agudizada por la falta de políticas económicas efectivas. La isla atraviesa un proceso de hiperinflación rampante, desabastecimiento crónico de productos básicos y un colapso generalizado de los servicios públicos, incluyendo salud, transporte y generación eléctrica. Ante la imposibilidad de acceder a divisas a través de los canales bancarios oficiales —que ofrecen tasas de cambio ridículamente bajas y carecen de liquidez—, la ciudadanía se ha visto obligada a recurrir al mercado paralelo como única vía de supervivencia.
Las remesas constituyen una de las principales fuentes de oxígeno para la economía nacional y, por ende, para la cúpula del poder en la isla. Con estimaciones que superan los miles de millones de dólares anuales enviados por la diáspora, este flujo de capital sostiene el consumo interno y mitiga el impacto de los fracasos productivos del Estado. Sin embargo, el régimen busca controlar de manera absoluta estos recursos, criminalizando a los intermediarios que surgen precisamente para suplir las deficiencias del aparato financiero estatal. Esta dinámica se entrelaza con el éxodo migratorio masivo de los últimos años, que ha expandido la comunidad cubana en el exterior y, con ello, la necesidad de enviar ayuda a los familiares que permanecen en el país.
Antecedentes: El doble rasero del aparato estatal
El endurecimiento contra las redes de remesas informales contrasta con los señalamientos de corrupción y nepotismo en las altas esferas del poder. Recientemente, un reportaje independiente reveló que Emilio Pevida Sánchez, hijo del teniente coronel de la inteligencia cubana y actual embajador en Mongolia, Emilio Pevida Pupo, estaría presuntamente involucrado en un negocio de envío de remesas hacia la Isla desde el exterior. Este tipo de revelaciones expone el doble rasero de la dictadura cubana, que persigue y enjuicia a ciudadanos comunes y pequeños empresarios por suplir una demanda insatisfecha, mientras tolera o encubre operaciones similares cuando estas son controladas por figuras afines al régimen o sus familiares.
Implicaciones y consecuencias a futuro
La advertencia del MININT de que «de forma escalonada serán citados clientes identificados que realizaron mayores operaciones» augura una ola de represión económica contra la población civil y el sector privado emergente. Esta criminalización del mercado informal no resolverá la escasez de efectivo ni estabilizará la moneda; por el contrario, es probable que empuje estas operaciones hacia una clandestinidad más opaca, encareciendo aún más el acceso a las divisas para la población común. A mediano plazo, la inseguridad jurídica y la persecución policial podrían desincentivar el envío de remesas por canales alternativos, profundizando la asfixia económica de los hogares cubanos y reafirmando el control absoluto del Estado sobre la vida económica y financiera de la nación.
