El líder del grupo ecopacifista Naturpaz, Yoanielaysi Rodríguez Montero, fue víctima de una agresión física por parte de desconocidos en el municipio de Colombia, Las Tunas, un ataque que atribuye a la Seguridad del Estado y que quedó en la impunidad ante la negativa de las autoridades policiales de iniciar una investigación.
El incidente ocurrió en horas de la tarde del pasado 14 de mayo, cuando Rodríguez Montero se dirigía a un encuentro con otra activista. Según relató el dirigente comunitario, dos individuos se acercaron y lo atacaron con un objeto contundente, causándole una herida en la cabeza, todo en presencia de su hijo. La rápida intervención de vecinos presentes obligó a los agresores a huir del lugar.
Al intentar formalizar la denuncia en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Colombia, los agentes se negaron a actuar. Argumentaron falta de pruebas y detalles sobre los atacantes, omitiendo incluso el traslado al sitio de los hechos para recabar testimonios de los testigos. Esta inoperancia policial refleja una práctica recurrente de la dictadura cubana para amedrentar a figuras de la sociedad civil. Rodríguez Montero vincula el ataque al malestar de las autoridades locales por la distribución de pulóveres con el logo y nombre de Naturpaz, una actividad pacífica que ha sido objeto de hostigamiento.
Crisis de seguridad y deterioro social en la isla
Este episodio de persecución y violencia se enmarca en un preocupante aumento de la criminalidad que atraviesa el país. Según datos del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), el régimen de La Habana ha perdido el control sobre la seguridad ciudadana, registrándose 2.833 delitos en lo que va de 2025, un incremento del 115 % respecto al año anterior y de más del 336 % en comparación con 2023. Los robos se han convertido en el delito más frecuente, con 1.536 casos documentados, vinculados directamente al hambre y al colapso económico.
El ejecutivo cubano enfrenta además una profunda crisis energética, con apagones que superan las 20 horas diarias, lo que deja a amplias zonas sin iluminación ni vigilancia, propiciando un clima de desprotección que ha disparado la violencia social, incluyendo 152 homicidios reportados este año. A este escenario de inseguridad se suman más de 11.000 protestas y expresiones de descontento registradas en 2025. La falta de respuestas institucionales y el empobrecimiento extremo de la población han derivado en un aumento de la mendicidad y el mercado negro, erosionando la ya mermada confianza ciudadana.
La impunidad en casos como el de Rodríguez Montero no solo evidencia la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, sino que refleja una crisis sistémica donde el aparato estatal prioriza la represión política sobre la protección de los ciudadanos. La pasividad policial ante la violencia común y la tolerancia hacia los actos de agresión contra activistas auguran un agravamiento de la tensión social, mientras la comunidad internacional mantiene su escrutinio sobre las continuas violaciones de derechos fundamentales en la isla.
