El líder del movimiento ecopacifista Naturpaz fue atacado frente a su hijo por individuos que presuntamente actúan bajo las órdenes del aparato represivo del régimen de La Habana. La inacción policial posterior confirma un patrón sistemático de impunidad y criminalización de la disidencia en medio de un profundo colapso social y de seguridad en la isla.
La criminalización de la disidencia en Cuba sigue cobrando víctimas de forma alarmante. Recientemente, Yoanielaysi Rodríguez Montero, presidente del Consejo Comunitario de la organización ecopacifista Naturpaz en la oriental provincia de Las Tunas, denunció haber sido víctima de una brutal agresión física por parte de individuos no identificados en el municipio de Colombia, donde reside. El activista relató que el ataque se produjo cuando se dirigía a sostener un encuentro con otra activista, interrumpiendo su trayecto dos hombres desconocidos que lo agredieron de manera violenta y sin mediar provocación alguna, ocurriendo todo esto frente a su hijo menor.
Según el testimonio del dirigente comunitario, los atacantes utilizaron un objeto contundente que le provocó una herida en la cabeza. La valentía de varios vecinos de la zona fue crucial en ese momento, ya que al percatarse de la brutalidad del suceso, salieron en defensa del activista, lo que obligó a los agresores a huir rápidamente del lugar. Sin embargo, la respuesta institucional ante este acto de violencia no pudo ser más desalentadora y evidenció, una vez más, la complicidad de las autoridades con los mecanismos de amedrentamiento contra la sociedad civil independiente.
Al acudir a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el municipio de Colombia para formalizar la denuncia correspondiente, Rodríguez Montero se topó con un muro de indiferencia burocrática. Los agentes a cargo se escudaron en la falta de «detalles de los agresores» para evadir su responsabilidad. Las autoridades policiales no solo se negaron a iniciar una investigación formal, argumentando la supuesta ausencia de pruebas, sino que ni siquiera se acercaron al lugar de los hechos para recolectar testimonios de los testigos presenciales o recabar evidencias del ataque.
La víctima, con un amplio historial de activismo pacífico, ha atribuido directamente esta agresión a la Seguridad del Estado. El motivo detrás de este acto de violencia selectiva estaría vinculado a las actividades de promoción cívica que lleva adelante Naturpaz. Fuentes cercanas al caso indican que las autoridades locales han mostrado profundo rechazo hacia la labor del activista y otros miembros de la organización, quienes han estado distribuyendo prendas de vestir con el logo y el nombre del grupo ecopacifista. Para la dictadura, cualquier manifestación de organización ciudadana ajena a su control representa una amenaza inaceptable que debe ser neutralizada.
Represión selectiva e impunidad institucionalizada
Este tipo de agresiones no son hechos aislados, sino que forman parte de un modus operandi bien documentado por el régimen de La Habana. La dictadura cubana ha perfeccionado a lo largo de las décadas un sistema de represión de baja intensidad que utiliza a paramilitares o grupos de choque para golpear, intimidar y silenciar a los opositores, manteniendo una fachada de plausible negabilidad. La negativa de la PNR a investigar el ataque contra Rodríguez Montero no es más que una extensión de esta política de Estado, donde las fuerzas del orden se convierten en cómplices pasivos o activos de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales.
El colapso de la seguridad ciudadana en la isla
Paradójicamente, mientras el gobierno cubano despliega sus aparatos de seguridad para perseguir y amedrentar a activistas pacíficos, la inseguridad ciudadana en el país ha experimentado un crecimiento exponencial y descontrolado. La isla, que alguna vez se jactó ante la comunidad internacional de ser un destino seguro, se encuentra sumida en una espiral de criminalidad impulsada por el deterioro económico galopante, los apagones masivos y la escasez crónica de alimentos y combustible. La desesperación de la población ha encontrado en la violencia una vía de escape ante la asfixia material e institucional.
Los datos aportados por organizaciones de la sociedad civil independiente son contundentes y desmienten el discurso oficial. Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó la alarmante cifra de 2.833 delitos en lo que va del actual año. Esta estadística representa un incremento del 115% respecto al año anterior y un sobrecogedor aumento de más del 336% en comparación con el periodo predecesor. Estos números reflejan el fracaso absoluto de las políticas del gobierno cubano para garantizar la vida y la propiedad de sus ciudadanos.
El robo se ha consolidado como el delito de mayor incidencia en el panorama nacional. El informe del OCAC detalla la documentación de 1.536 casos de este tipo, abarcando desde asaltos violentos en las vías públicas y allanamientos de moradas hasta el hurto sistemático de ganado, un fenómeno directamente asociado al hambre y al colapso de la cadena de distribución alimentaria. Asimismo, la violencia social ha escalado a niveles inéditos, registrándose 152 homicidios en el mismo período, dejando un rastro de víctimas fatales que incluye a mujeres, ancianos y menores de edad, sectores tradicionalmente vulnerables que hoy quedan completamente desprotegidos.
La crisis energética que padece la nación actúa como un catalizador de esta violencia desbordada. Los apagones que superan las 20 horas diarias en diversas provincias han dejado a comunidades enteras a oscuras, sin alumbrado público y sin presencia policial, creando un caldo de cultivo perfecto para la impunidad delictiva. En este contexto, las redes sociales y los medios de prensa independiente se han convertido en los únicos canales para visibilizar la realidad, mostrando a diario videos de peleas callejeras, linchamientos y asaltos que hace apenas una década eran impensables en el espacio público cubano.
A este escenario de inseguridad física se suma un profundo empobrecimiento extremo y una tensión social que amenaza con estallar en cualquier momento. La mendicidad, el mercado negro y las migraciones forzadas son solo algunas de las consecuencias visibles del debacle económico. Diversos informes de organismos internacionales y entidades de la sociedad civil estiman que una abrumadora mayoría de la población vive bajo el umbral de la precariedad, luchando diariamente por acceder a bienes de primera necesidad. El descontento popular ha roto el muro del miedo, registrándose un volumen sin precedentes de más de 11.000 protestas, denuncias y expresiones públicas de rechazo a la situación nacional. Estas manifestaciones, que exigen soluciones urgentes a los apagones, el hambre y la violencia, son frecuentemente reprimidas con la misma saña y arbitrariedad con la que se atacó al activista tunero.
A pesar de los ingentes esfuerzos del régimen de La Habana por proyectar hacia el exterior una imagen de control, estabilidad y seguridad, la percepción interna de los ciudadanos es diametralmente opuesta. La población cubana experimenta en su cotidianidad una crisis de seguridad sin precedentes en la historia reciente de la nación, marcada por la desesperación colectiva, la pérdida absoluta de la confianza en las instituciones y el deterioro acelerado e irreversible de la vida diaria. La brutal agresión a Yoanielaysi Rodríguez Montero en Las Tunas es un reflejo micro de una macro catástrofe: un Estado totalitario que reprime implacablemente a quienes promueven la paz y la organización comunitaria, mientras pierde irremediablemente el control sobre la violencia social que él mismo ha generado a través de décadas de mala gestión, corrupción y autoritarismo.
