La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) ha incorporado a su base de datos de represores al fiscal Edward Roberts Campbell y a la jueza Paula Joaquina Rodríguez Sánchez, responsables directos del proceso judicial que culminó con la condena a cadena perpetua del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández. La organización evidencia cómo estos funcionarios operan como engranajes de un aparato judicial carente de independencia, utilizado por la dictadura cubana para silenciar disidentes y ajustar cuentas políticas internas bajo el amparo de un legalismo de fachada.
La inclusión de ambos magistrados en este registro internacional responde a su participación activa en causas que, según organismos de derechos humanos, adolecen de garantías procesales y responden a intereses políticos del poder. Roberts Campbell, en su condición de fiscal, y Rodríguez Sánchez, como jueza de la Sala de Delitos de la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, encarnan la figura del operador jurídico que ejecuta las directrices del Estado sin cuestionamiento alguno, convirtiendo los tribunales en instrumentos de control social y represión.
Roberts Campbell es fiscal de carrera desde la década de 1980 y, desde diciembre de 2020, ostenta el cargo de Fiscal Jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades de la Fiscalía General de la República. Desde esta posición, el régimen de La Habana asegura combatir los delitos económicos y los abusos administrativos que azotan a la isla. Sin embargo, su nombre ha quedado vinculado a procesos judiciales de carácter ejemplarizante y políticamente motivados, donde la acusación fiscal ha servido para acallar la crítica o para sacrificar figuras del propio gobierno en medio de crisis de gobernabilidad.
Además de su papel en la condena contra Alejandro Gil, el fiscal Campbell ha intervenido directamente en la represión contra la sociedad civil. Un caso reciente es el de la joven influencer y activista Sulmira Martínez Pérez, conocida como “Salem de Cuba”, recluida en la Prisión de Mujeres de Occidente (El Guatao). Campbell fue el encargado de solicitar una sanción conjunta de 10 años de privación de libertad contra la joven, acusándola de los presuntos delitos de «desacato» y «delito contra el orden constitucional», únicamente por publicaciones críticas en redes sociales. Meses después de la celebración del juicio, Martínez Pérez continúa a la espera de una sentencia firme, lo que evidencia las arbitrariedades del sistema penal cubano.
La hipocresía de los operadores judiciales del gobierno cubano ha sido puesta de manifiesto recientemente por el periodista Mario Pentón, quien expuso una grave contradicción en el entorno familiar del fiscal Campbell. Pentón compartió una captura de pantalla de una publicación en Facebook atribuida a Gabriela Roberts Molinet, identificada como hija del fiscal, en la que se ofrecen abiertamente servicios de envío de remesas, transferencias y venta de dólares a Cuba, operando con tasas alineadas al mercado informal reflejado por la plataforma El Toque. Esta actividad es ilegal según las propias normativas que el Estado persigue, pero parece tolerada cuando involucra a los círculos de poder.
“¿Cómo se explica que la hija de dos fiscales —responsables de pedir más de 10 años de cárcel contra ciudadanos por publicar críticas al régimen en Facebook— se dedique hoy a vender dólares en redes sociales a la tasa de El Toque?”, cuestionó Pentón. La denuncia periodística expone lo que expertos han catalogado como la doble moral de los victimarios de la dictadura cubana: máxima severidad y represión para la ciudadanía común, mientras que para sus allegados opera una economía de mercado informal que les permite enriquecerse al amparo de la impunidad.
La responsabilidad de Roberts Campbell cuesta aún más gravedad si se considera que ha participado en programas y foros internacionales sobre transparencia judicial y Estado de derecho, algunos financiados por la Unión Europea. En estos espacios, teóricamente orientados a la promoción de garantías legales, el fiscal ha representado al sistema cubano, generando un contraste obsceno entre su discurso institucional en el exterior y su rol como acusador en procesos amañados contra activistas dentro de la isla.
Por su parte, la jueza Paula Joaquina Rodríguez Sánchez es la responsable de haber dictado la sanción de cadena perpetua contra Alejandro Gil. Su trayectoria en el Tribunal Supremo Popular está estrechamente ligada a otras decisiones de alto impacto represivo. Entre sus antecedentes destaca la revisión y ratificación de sentencias impuestas a manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J). En dichos procesos, la magistrada mantuvo condenas de prisión contra decenas de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes sin antecedentes penales, a quienes se les aplicaron tipificaciones desproporcionadas por el simple ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
Al igual que el fiscal, Rodríguez Sánchez ha formado parte de delegaciones oficiales del Estado cubano ante organismos internacionales. En estos foros, ha tenido la tarea de defender la legalidad del sistema penal de la isla frente a las constantes denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violaciones sistemáticas de derechos humanos contra presos políticos y de conciencia, negando la realidad documentada por múltiples organizaciones globales.
El secretismo en el caso de Alejandro Gil
El proceso judicial contra Alejandro Gil Fernández, ex viceprimer ministro y exministro de Economía, se desarrolló bajo un hermetismo absoluto. El Tribunal Supremo Popular informó que Gil fue condenado a cadena perpetua por delitos que incluyen espionaje, cohecho y otros vinculados a la actividad económica. Además, se le impusieron 20 años adicionales de prisión en una segunda causa penal, junto a sanciones accesorias como la confiscación de bienes y la privación de derechos públicos.
Sin embargo, las autoridades de la isla no han precisado públicamente los detalles esenciales del caso. Se desconoce cuáles fueron los beneficios personales obtenidos por el exministro, las firmas extranjeras presuntamente involucradas, los funcionarios sobornados y la naturaleza de la información clasificada que supuestamente manejó. Esta opacidad deliberada ha alimentado el escepticismo y ha llevado a analistas y ciudadanos a señalar que Gil está siendo utilizado como un chivo expiatorio, una táctica recurrente del ejecutivo cubano para evadir su responsabilidad en el colapso estructural del país.
Contexto: Crisis económica y judicial en Cuba
El caso Gil y la actuación de sus jueces y fiscales no pueden entenderse de forma aislada; son síntomas de la profunda crisis sistémica que atraviesa Cuba. La economía de la isla se encuentra inmersa en una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de bienes básicos y una dolarización forzosa que ha empobrecido a la mayoría de la población. En este escenario, el régimen de La Habana ha optado por la persecución penal de altos funcionarios como mecanismo de contención del descontento social, intentando transmitir una falsa sensación de justicia frente a la corrupción endémica que el propio sistema genera.
Paralelamente, la represión judicial se ha intensificado como herramienta para frenar el éxodo migratorio y la disidencia. La judicialización de la protesta social, iniciada masivamente tras las manifestaciones del 11J, ha consolidado un modelo donde los tribunales no administran justicia, sino que administran el castigo político. La independencia de poderes es inexistente en Cuba; fiscales y jueces responden a las directrices del Partido Comunista, actuando como un brazo armado del aparato estatal para mantener el estatus quo a cualquier costo.
La dolarización informal, ejemplificada en el escándalo de la hija del fiscal Roberts Campbell, ilustra la fractura social y la corrupción institucionalizada. Mientras la ciudadanía enfrenta severas restricciones para acceder a divisas y sufre el acoso policial por participar en el mercado informal, las élites gobernantes y sus familias operan con total impunidad en estos mismos negocios, lucrándose de la miseria colectiva y de las remesas enviadas por los cubanos en el exilio.
La decisión de la FHRC de documentar la responsabilidad individual de Roberts Campbell y Rodríguez Sánchez busca romper el muro de impunidad que protege a los funcionarios de la dictadura cubana. Al incluirlos en bases de datos internacionales, se sientan las bases para eventuales procesos de rendición de cuentas y se envía un mensaje claro: la obediencia debida no exime de la responsabilidad penal en el ámbito del derecho internacional.
Las consecuencias de estas prácticas judiciales apuntan a un mayor aislamiento del gobierno cubano y a un deterioro acelerado de la confianza ciudadana en cualquier instancia estatal. A futuro, la falta de un estado de derecho real no solo perpetuará la violación de derechos humanos, sino que también ahuyentará cualquier posibilidad de inversión extranjera seria y agravará la crisis económica, empujando a más cubanos a la desesperación y a la migración masiva, mientras el poder insiste en blindar sus privilegios a través del miedo y la condena arbitraria.
