Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) acordaron este domingo la creación de una Misión Internacional de Energía y Electricidad destinada a apoyar al régimen de La Habana frente al acelerado deterioro del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). La iniciativa, propuesta por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante la XXV Cumbre virtual del bloque, se presenta como un mecanismo de cooperación ante una crisis que ha sumido a la isla en prolongados apagones, escasez de combustible y una parálisis generalizada de la economía y los servicios básicos.
El anuncio refuerza la histórica alianza política y económica entre Caracas y el gobierno cubano, en un momento crítico para la estabilidad interna de la isla. Sin embargo, la propuesta surge cargada de contradicciones, ya que Venezuela atraviesa su propia y profunda crisis energética, con un sistema eléctrico nacional igualmente colapsado y una industria petrolera que opera muy por debajo de su capacidad histórica de producción y refinación. La capacidad real de Caracas para asistir a La Habana en materia energética queda, por tanto, seriamente en entredicho.
Hasta el momento, el ejecutivo cubano y los representantes del ALBA-TCP no han publicado detalles concretos sobre el alcance real de esta misión. Se desconocen los recursos financieros y técnicos disponibles, los plazos de ejecución del plan, ni el tipo específico de apoyo material que recibirá la isla. Tampoco se ha informado qué naciones del bloque asumirán los costos de la operación o cómo sortearán las severas limitaciones energéticas y económicas que enfrentan la mayoría de sus miembros, varios de ellos sumidos en crisis fiscales y sociales similares.
La iniciativa de Maduro cobra mayor relevancia a la luz de recientes escándalos vinculados al flujo de combustible hacia la isla. Hace apenas unos días, se conoció la incautación de un buque que transportaba crudo con destino a Cuba, un golpe logístico para las autoridades de la isla en su intento por mantener operativas sus termoeléctricas. A esto se suman investigaciones periodísticas recientes que señalan la presunta reventa, por parte de funcionarios del régimen cubano, de parte del petróleo venezolano recibido en condiciones preferenciales, en un esquema marcado por la absoluta falta de transparencia sobre el uso y destino final de estos suministros vitales.
Una alianza conveniente en medio de la emergencia
Para el gobierno cubano, la creación de esta misión representa un salvavidas discursivo en un escenario doméstico insostenible. La crisis eléctrica en la isla se ha agudizado dramáticamente en los últimos años, con apagones que superan las 12 y hasta las 20 horas diarias en amplias zonas del territorio nacional. Esta situación afecta de manera grave la vida cotidiana, la producción económica, el almacenamiento de alimentos y, de forma alarmante, la prestación de servicios de salud, donde la falta de energía ha provocado incidentes fatales y el deterioro de las condiciones hospitalarias.
El discurso oficial del régimen de La Habana y sus aliados regionales insiste de manera sistemática en atribuir el colapso del SEN al embargo estadounidense. No obstante, expertos independientes, ingenieros eléctricos y economistas dentro y fuera de Cuba han señalado de forma reiterada que el deterioro responde principalmente a décadas de falta de inversión, mala gestión estatal, obsolescencia tecnológica y una dependencia extrema de combustibles importados. El modelo centralizado, planificado y ejecutado sin ningún tipo de control democrático o transparencia, ha llevado a la infraestructura energética a un punto de quiebre del cual es difícil salir sin reformas estructurales profundas.
Antecedentes de una dependencia histórica
La dependencia energética de Cuba respecto a Venezuela no es un fenómeno nuevo. Desde los tiempos de Hugo Chávez, la isla se benefició de acuerdos preferenciales que garantizaban el envío de miles de barriles diarios de petróleo, pagaderos en gran parte con servicios médicos y de inteligencia. Sin embargo, con la caída de la producción petrolera venezolana en la última década, estos envíos se han reducido significativamente, dejando al descubierto la vulnerabilidad estructural del modelo económico cubano, incapaz de generar sus propios recursos para la compra de combustibles en el mercado internacional.
La ineficiencia en la generación de energía local se remonta a la llamada «Revolución Energética» impulsada a mediados de la década de 2000, que priorizó la instalación de grupos electrógenos diesel en lugar de invertir en el mantenimiento y modernización de las grandes termoeléctricas del país. El paso del tiempo, la corrosión de las redes de transmisión y la falta de piezas de repuesto han convertido al SEN en un sistema frágil, propenso a fallos en cascada que dejan a la mayor parte del país a oscuras con cualquier variación en la demanda o avería menor.
Contexto: El colapso sistémico de la isla
La crisis eléctrica no es un evento aislado, sino el síntoma más visible de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La economía del país se encuentra asfixiada por una inflación galopante, la pérdida de valor de la moneda nacional frente al dólar y un desabastecimiento crónico que afecta la comercialización de productos de primera necesidad. A esto se suma un éxodo migratorio sin precedentes en la historia reciente, impulsado por la desesperanza y la falta de oportunidades, que ha mermado a la fuerza laboral del país, incluyendo a técnicos y especialistas vitales para el mantenimiento de infraestructuras básicas como la eléctrica.
En este contexto de miseria generalizada, la respuesta de la dictadura cubana ha sido la represión y el silenciamiento de las quejas populares. Las protestas espontáneas surgidas a raíz de los apagones son rápidamente sofocadas por las fuerzas del orden, mientras que la censura impide que la ciudadanía tenga acceso a información veraz sobre el estado real del sistema eléctrico o los planes de recuperación. La falta de libertades impide cualquier debate público sobre la gestión energética, perpetuando un ciclo de ineficiencia y ocultamiento que agrava la crisis.
La «misión energética» del ALBA, más que una solución técnica, parece configurarse como un gesto político entre aliados que comparten crisis similares y retóricas idénticas frente a la comunidad internacional. Mientras no se aborden las causas reales de la ineficiencia estatal y no exista una apertura que permita la inversión privada y la gestión transparente de los recursos, cualquier ayuda externa, incluida la venezolana, corre el riesgo de ser un paliativo temporal o, peor aún, de desviarse hacia los mismos canales de opacidad que han caracterizado la gestión de las autoridades de la isla durante décadas.
El futuro inmediato para la ciudadanía cubana se vislumbra oscuro. Sin una reestructuración profunda del modelo energético y económico, los apagones continuarán siendo el pan de cada día, profundizando el deterioro de la calidad de vida y alimentando la insatisfacción social. La comunidad internacional observa con cautela cómo dos gobiernos en crisis intentan sostenerse mutuamente, mientras las verdaderas soluciones para el desarrollo y la prosperidad de sus pueblos siguen bloqueadas por la intransigencia y el control autoritario del poder.
