Al conmemorarse un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la figura del jurista chileno Hernán Santa Cruz, uno de sus nueve redactores originales, cobra una vigencia estremecedora en el contexto cubano. Su férrea defensa de la libertad de movimiento y la democracia como derechos inherentes al ser humano contrasta de manera frontal con las políticas del régimen de La Habana, que mantiene a la isla sumida en una profunda crisis de libertades, represión social y exilio masivo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reeditó en febrero de 2024 la obra «Cooperar o perecer: el dilema de la comunidad mundial», publicada originalmente en 1993 por Santa Cruz. Este texto, disponible en tres tomos para descarga gratuita, ofrece un testimonio invaluable sobre la construcción del multilateralismo y los debates que dieron forma a los derechos fundamentales en el siglo XX. Sin embargo, la lectura de estas memorias en la actualidad invita a una reflexión obligatoria sobre cómo los postulados de 1948 han sido sistemáticamente violados en naciones como Cuba.
Hernán Santa Cruz Barceló (1906-1999) no fue solo un diplomático; fue un humanista cristiano y vecino de Salvador Allende que dedicó su vida al servicio público. Representó a Chile ante las Naciones Unidas en múltiples ocasiones, presidió comisiones contra la discriminación racial y renunció a su cargo en Ginebra el 11 de septiembre de 1973, tras el golpe militar de Augusto Pinochet. Su trayectoria es un ejemplo de coherencia ética, defendiendo que los derechos humanos están por encima de cualquier forma de gobierno, una premisa que el gobierno cubano ha ignorado durante más de seis décadas.
Uno de los aportes más significativos de Santa Cruz a la Declaración Universal fue su elocuente defensa del artículo 13, que garantiza el derecho de toda persona a circular libremente, salir de cualquier país y regresar al suyo. En los debates de París, se enfrentó a la delegación soviética, que pretendía condicionar este derecho a las leyes internas de cada Estado. El jurista chileno argumentó que aceptar tal restricción conduciría a imposibilitar el efecto práctico de la declaración y convertiría el texto en «una declaración del derecho omnímodo de los Estados».
Esta disputa histórica resuena con particular dolor en Cuba. Durante años, la dictadura cubana impuso la tarjeta blanca, un permiso de salida que funcionaba como un muro de contención para la emigración y una herramienta de castigo político. Aunque esta medida fue flexibilizada en 2013, el régimen de La Habana continúa utilizando la prohibición de salida y el exilio forzado como mecanismos de represión contra activistas, periodistas y opositores, violando flagrantemente el espíritu del artículo 13 que Santa Cruz defendió con tanto ahínco.
La democracia como derecho inalienable
El pensamiento de Santa Cruz fue aún más allá al sostener que la democracia es un derecho humano universal. En sus interpretaciones del artículo 21 de la Declaración, el diplomático chileno adelantó que «la democracia es un sistema que se opone a toda concepción dogmática» y que los problemas comunes deben resolverse mediante el sufragio libre. Esta visión, que plasmó en un extenso estudio sobre discriminación en materia de derechos políticos publicado en 1962, choca directamente con la naturaleza unipartidista del ejecutivo cubano.
En Cuba, la voluntad del pueblo no es la base de la autoridad del poder público, como establece la Declaración. Las autoridades de la isla han diseñado un sistema electoral sin pluralismo político, donde el Partido Comunista es la única fuerza legal. Las elecciones en la isla son un ejercicio de ratificación sin alternancia, vulnerando el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes libremente. La represión a quien osa desafiar este esquema es inmediata, con detenciones, acoso y condenas arbitrarias que evidencian el carácter autoritario del Estado.
Contexto sistémico: Crisis, exilio y represión
La negación de estos derechos fundamentales no es un hecho aislado, sino la raíz de la profunda crisis estructural que atraviesa la nación caribeña. El desabastecimiento crónico, la inflación galopante y el colapso de los servicios públicos básicos, como la salud y la electricidad, son consecuencia directa de un modelo económico y político que anula la iniciativa privada, censura la libertad de expresión y concentra el poder sin rendición de cuentas. Al negar la democracia como derecho humano, el gobierno cubano ha sumido a la población en una precariedad extrema.
El resultado de este asfixiante control estatal es el mayor éxodo migratorio de la historia reciente de Cuba. Cientos de miles de cubanos han optado por arriesgar sus vidas en el mar o emprender rutas terrestres hacia Estados Unidos, huyendo de la falta de oportunidades y de la persecución ideológica. La dictadura cubana responde a este fenómeno con una mezcla de indolencia oficial y criminalización de quienes emigran, mientras intensifica el acoso a los que permanecen en la isla, utilizando el aparato judicial para silenciar cualquier disidencia bajo el pretexto de defender la soberanía nacional.
Es precisamente ese argumento de la soberanía el que Santa Cruz desmanteló en 1948. Al rechazar las enmiendas soviéticas, el jurista chileno dejó claro que la legislación positiva de un país debe ajustarse a los derechos humanos, y no al revés. El régimen de La Habana, sin embargo, se escuda en la autodeterminación para justificar sus violaciones sistemáticas a las libertades civiles y políticas, ignorando que, como sostuvo el redactor chileno, estos derechos son inherentes a la personalidad humana y anteriores a cualquier organización jurídica.
Consecuencias y mirada al futuro
La reedición de la obra de Hernán Santa Cruz por parte de la CEPAL no es solo un ejercicio académico, sino un recordatorio de los estándares universales que la comunidad internacional se comprometió a respetar. Para Cuba, el legado de este humanista representa un espejo que refleja el fracaso moral y político de su sistema. Mientras no se reconozca la democracia y la libertad de movimiento como derechos inalienables, la isla continuará hundida en el estancamiento y la diáspora.
La comunidad internacional y los organismos multilaterales tienen en la obra de Santa Cruz una brújula para exigir a las autoridades de la isla el cumplimiento de los compromisos adquiridos hace más de siete décadas. La estabilidad futura de Cuba dependerá de la transición hacia un sistema que respete el sufragio libre, libere a los presos políticos y desmonte el aparato represivo. Solo entonces, las palabras del diplomático chileno en París dejarán de ser una denuncia implícita para convertirse en una realidad tangible para los ciudadanos de la isla.
