La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una firme condena por el uso continuado de la tortura y malos tratos contra personas detenidas por razones políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el organismo interamericano exigió a la dictadura cubana y a los regímenes aliados el cese inmediato de estas prácticas y la liberación de los más de 1.200 reclusos en la isla.
A través de un comunicado, la CIDH alertó sobre los graves riesgos que enfrentan los encarcelados por disentir políticamente. Según datos de la sociedad civil citados por la comisión, Cuba registra actualmente 1.281 personas presas por motivos políticos, superando ampliamente las cifras reportadas en Nicaragua y Venezuela. El organismo reiteró su preocupación por el uso indebido del derecho penal por parte del régimen de La Habana para silenciar a quienes ejercen la libertad de expresión, reunión y asociación, o a quienes defienden los derechos humanos en la isla.
En el caso cubano, la CIDH recogió los informes de la organización Prisoners Defenders, los cuales documentan reiteradas torturas y malos tratos contra los reclusos. Estas prácticas, ejecutadas bajo la impunidad que garantiza la dictadura, incluyen violencia sexual, agresiones físicas, aislamiento prolongado, tortura psicológica y amenazas de muerte. El organismo interamericano subrayó que estos actos son cometidos principalmente por agentes estatales como mecanismos para obtener información, castigar o humillar a los disidentes, afectando de manera especialmente severa a las mujeres.
Impunidad y crisis carcelaria en la isla
Las denuncias de la CIDH se insertan en un contexto de profundo deterioro de las condiciones penitenciarias en Cuba, agravado por el colapso sistémico de los servicios básicos. Las autoridades de la isla mantienen a los presos políticos en celdas insalubres, con severas carencias de agua potable, alimentación adecuada y atención médica. Además, el gobierno cubano utiliza el aislamiento como método de castigo y mantiene una opacidad total sobre la situación y el paradero de muchos detenidos, impidiendo el acceso a información oficial a los familiares.
La represión trasciende los muros de las prisiones. La CIDH advirtió que las familias de los presos políticos en los tres países también sufren acoso, persecución y malos tratos por parte de agentes estatales, tanto durante las visitas a los centros de detención como en las prolongadas vigilias a las afueras de las prisiones para exigir la liberación de sus allegados. Muchas víctimas no denuncian los abusos por temor a represalias, lo que dificulta conocer el número total de afectados por la maquinaria represiva.
El pronunciamiento de la CIDH reafirma la responsabilidad directa del régimen cubano en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. La persistencia de la tortura como herramienta de control social y escarmiento político exige una respuesta contundente de la comunidad internacional. La exigencia de rendición de cuentas para los perpetradores y el establecimiento de mecanismos que garanticen la integridad física de los presos políticos se vuelve inaplazable frente a la inacción cómplice de los organismos de justicia interna en la isla.
