La organización de derechos humanos Cubalex ha documentado 19 fallecimientos bajo custodia estatal en Cuba asociados a la falta de atención médica o a una negligencia institucional manifiesta desde enero de 2026. El informe revela un patrón sistemático de abandono en penales de máxima seguridad, unidades policiales y hospitales psiquiátricos, exponiendo cómo el régimen de La Habana utiliza la privación de cuidados básicos como una herramienta de represión y control, resultando en muertes que en su inmensa mayoría eran evitables.
De los 19 casos documentados, 17 de las víctimas se encontraban recluidas en ocho prisiones distintas de la isla, según detalló la organización de asesoría legal este lunes. La distribución geográfica de estos fallecimientos evidencia que no se trata de incidentes aislados, sino de una crisis penitenciaria generalizada. La Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como El Típico, concentra cuatro de estas muertes, constituyendo el penal con mayor número de casos registrados. Le siguen en gravedad el Combinado del Este, en La Habana, y la Prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, con tres casos cada una, mientras que el Combinado de Guantánamo suma dos fallecimientos bajo estas circunstancias.
La alerta emitida por Cubalex no identifica las otras cuatro prisiones involucradas ni ofrece detalles individuales sobre los cinco fallecimientos restantes en centros penitenciarios, lo que refleja la opacidad habitual con la que las autoridades de la isla gestionan la información sobre el sistema carcelario. Sin embargo, los testimonios recabados sobre los casos conocidos dibujan un cuadro desolador sobre las condiciones de vida, o más bien de supervivencia, dentro de las cárceles cubanas.
El Típico: El epicentro del hambre y la muerte
Tres de las muertes registradas en El Típico ocurrieron durante el mes de agosto. Uno de los casos más alarmantes es el de Yoandry Cutiño Oliva, un recluso de 34 años, natural del barrio La Victoria. De acuerdo con la información recabada por Cubalex, Cutiño Oliva llegó a pesar apenas 32 kilogramos, pese a medir aproximadamente 1,78 metros, lo que evidencia un estado de desnutrición severa. Ante este panorama, las autoridades penitenciarias atribuyeron su muerte al cáncer, una versión que su familia recibió sin mayores explicaciones médicas ni acceso a historiales clínicos que confirmen tal diagnóstico.
Los otros dos fallecidos en este penal oriental fueron José Rivero Consuegra, de 63 años y natural de Manatí, quien había sufrido un infarto dos días antes de morir sin recibir la atención de emergencia necesaria, y un recluso cuya identidad aún no ha sido confirmada y que habría muerto directamente a causa de la desnutrición. Los testimonios recibidos por la organización de derechos humanos describen un escenario de hambruna entre los internos, impulsado por la escasez extrema y la pésima calidad de los alimentos suministrados por el Estado.
Ante las constantes quejas de los reclusos por la falta de comida, los funcionarios penitenciarios habrían respondido de manera cínica que debían \»tomar bastante agua\». Además, la dirección del penal eliminó una merienda que consistía en un pan y una pequeña cantidad de agua con refresco. El plato principal que se sirve actualmente es una pasta elaborada con harina que, según los testimonios de los propios reclusos, contiene gusanos y desprende un fuerte mal olor, haciéndola inepta para el consumo humano.
Negligencia policial y represión fuera de los penales
La brutalidad y la negligencia no se limitan a las prisiones. Fuera de los recintos penitenciarios, Cubalex reseñó la muerte bajo custodia policial de Ferrer Ortiz Alayón, de 37 años y residente en Los Palos, Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque. El 16 de agosto, Ferrer sufrió un accidente de tránsito en Los Pocitos, La Habana, y posteriormente fue golpeado por varias personas, incluso con objetos contundentes, según las denuncias de sus allegados. La Policía Revolucionaria lo detuvo pese a que se encontraba visiblemente herido y desorientado.
Los agentes lo trasladaron a la unidad policial de Zanja, en Centro Habana, donde permaneció unas 17 horas sin recibir ningún tipo de asistencia médica, de acuerdo con el relato de su familia. \»Encerraron al muchacho politraumatizado por 17 horas sin atención médica, tiempo crucial y clave para una fractura de cráneo con conmoción cerebral severa\», denunció su cuñado Darel Sosa. Ferrer presentaba graves lesiones cerebrales y tres coágulos en la cabeza; finalmente fue trasladado a un hospital, donde falleció. Hasta el 21 de agosto, las autoridades no habían ofrecido una versión oficial ni se había divulgado un informe policial, médico o forense que permitiera esclarecer el caso, demostrando la impunidad con la que actúa la dictadura cubana frente a abusos policiales.
Otro de los fallecimientos documentados ocurrió en mayo en el Hospital Psiquiátrico de Cienfuegos. La víctima, Arelis Pérez, de aproximadamente 60 años, habría sido golpeada mortalmente por otra paciente. El activista Benito Fojaco atribuyó el desenlace a la falta absoluta de supervisión y asistencia dentro del centro, mientras que el periodista independiente Joanny Limonta denunció antecedentes de muertes relacionadas con carencias de cuidados, medicamentos y alimentos en la institución. Aunque una persona identificada como Urdalvis Dayanis Cabrera, quien dijo ser enfermera del centro, aseguró que \»los hechos no ocurrieron de la forma en que los relatan las redes sociales\», no aportó ninguna versión oficial ni detalles sobre lo sucedido.
La alerta también destaca el caso de Roberto Álvarez Ávila, ciudadano estadounidense de origen cubano, quien resultó herido el 25 de febrero durante un enfrentamiento entre una embarcación procedente de Florida y tropas guardafronteras en las inmediaciones de Cayo Falcones, Villa Clara. Álvarez Ávila permaneció hospitalizado bajo custodia estatal y murió el 4 de marzo. El Ministerio del Interior sostuvo que los ocupantes de la lancha abrieron fuego cuando la unidad de Guardafronteras se aproximó para identificarlos, resultando en cuatro tripulantes muertos y seis heridos. Sin embargo, Cubalex denunció que los sobrevivientes permanecieron durante varios días sin que sus familias conocieran su ubicación o estado de salud, presentando acciones urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas por la actuación arbitraria de la dictadura.
Un patrón sistemático de muertes evitables
Estas 19 muertes forman parte de una categoría más estrecha que la empleada por Cubalex en su balance del primer semestre de 2026. Entre enero y junio, la organización había documentado 39 eventos de muertes potencialmente ilícitas, con un total de 42 víctimas. De estas, 30 personas estaban privadas de libertad y 22 de los fallecimientos fueron asociados directamente con la falta de atención médica o negligencia. El informe semestral también registró 175 incidentes de negación de asistencia médica o atención negligente durante ese período, lo que confirma que las muertes son solo la punta del iceberg de un sistema de abusos diarios.
Cubalex ha advertido que no encontró evidencia alguna de investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre las muertes bajo custodia documentadas durante el primer semestre. La organización considera que la falta de información, la ausencia de pesquisas transparentes y las denuncias constantes de negligencia impiden establecer responsabilidades y favorecen la impunidad más absoluta. \»Los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas\», aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocen el derecho de los detenidos a recibir atención médica adecuada, tratamiento, medicamentos y una alimentación suficiente, normas que el gobierno cubano viola de manera flagrante y sistemática.
Contexto: El colapso del sistema penitenciario y sanitario
La situación en las prisiones cubanas no es un fenómeno aislado, sino el reflejo más crudo del colapso estructural que sufre la isla. La profunda crisis económica, marcada por una inflación descontrolada, el desabastecimiento crónico de alimentos y la devaluación de la moneda nacional, ha golpeado con fuerza a la población civil, pero de manera exponencial a la población reclusa, que depende enteramente de las raciones estatales para sobrevivir. Al carecer sus familias de recursos para enviarles paquetes de comida y medicinas —debido a los altos precios y la escasez en el mercado interno—, los reclusos quedan a merced de un sistema carcelario que ha dejado de garantizarles lo más básico para la subsistencia.
El régimen de La Habana ha mantenido durante décadas un hermético control sobre sus prisiones, negando el acceso a organismos internacionales como la Cruz Roja o relatores de la ONU. Esta opacidad permite que la desnutrición, la tuberculosis, las enfermedades cutáneas y la falta de medicinas se conviertan en penas de muerte lentas para quienes purgan sanciones, muchas veces por delitos menores vinculados a la supervivencia o por disidencia política. El sistema de salud cubano, otrora presentado como un baluarte de la revolución, se encuentra en ruinas, y en las prisiones esta ausencia se traduce en abandono total, donde los reclusos mueren de afecciones curables o por la simple inanición.
Impunidad y exigencia de justicia
Ante este escenario, Cubalex ha reclamado con firmeza la apertura de investigaciones independientes que determinen las causas y circunstancias de cada una de estas muertes, así como la adopción inmediata de medidas para proteger a los reclusos de El Típico y otros penales en condiciones similares. La organización alerta que la desnutrición, la deficiente calidad de los alimentos y la falta de atención médica mantienen en peligro inminente la vida y la salud de cientos de internos en todo el país.
El silencio del ejecutivo cubano ante estas denuncias y la negativa a rendir cuentas ante la ciudadanía y la comunidad internacional consolidan un estado de impunidad que alienta la continuidad de estos abusos. Mientras la dictadura cubana priorice el control político y la represión sobre la vida humana, los penales seguirán siendo fosas comunes silenciosas. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos enfrentan el reto de presionar efectivamente al gobierno para que permitan la supervisión independiente de sus centros de reclusión, antes de que la cifra de muertes evitables siga aumentando en los oscuros pasillos del sistema carcelario de la isla.
