La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la dictadura cubana es responsable de una sistemática campaña de hostigamiento, allanamientos y detenciones arbitrarias contra los integrantes del Centro de Información Legal Cubalex y el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo. La resolución del organismo hemisférico evidencia la represión estatal frente a la labor de los defensores de derechos humanos en la isla y exige la reparación integral de las víctimas.
El fallo, resultado de más de ocho años de litigio internacional impulsado por Cubalex y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, detalla cómo las represalias del régimen de La Habana se intensificaron a partir de la cooperación de la organización con mecanismos de la ONU y la propia CIDH. La Comisión documentó que las autoridades de la isla ejecutaron vigilancias, intervenciones telefónicas, campañas de desprestigio y prohibiciones de viaje. Estas acciones no contaron con justificación legal ni control judicial alguno, y su único propósito fue entorpecer el trabajo de la agrupación e infundir terror entre sus miembros.
Uno de los episodios más graves expuestos en el informe ocurrió el 23 de septiembre de 2016, cuando agentes estatales irrumpieron con violencia en la sede de Cubalex en La Habana, residencia de su directora, Laritza Diversent. Durante el operativo, el gobierno cubano confiscó equipos informáticos, teléfonos y archivos de trabajo, además de someter a interrogatorios y registros corporales a varios activistas. En el caso del abogado Ferrer Tamayo, la CIDH determinó que su encarcelamiento, posterior al allanamiento, fue una represalia directa por su labor de defensa, calificándolo de ilegal y perjudicial para su integridad física y salud debido a las precarias condiciones carcelarias.
Represión institucionalizada y exilio forzado
La dictadura cubana no solo negó de forma arbitraria el reconocimiento legal a Cubalex mediante criterios contradictorios y sin justificación adecuada, sino que orquestó un ambiente de hostigamiento que forzó a casi todos sus integrantes y familiares a abandonar el país. Este desplazamiento forzado, una constante en la represión contra la sociedad civil, afectó profundamente el derecho a la residencia y circulación de las víctimas, obligando a la organización a operar desde el exilio. El acoso se extendió a familiares como Marienys Pavó Oñate, esposa de Ferrer Tamayo, a quien la CIDH amplió medidas cautelares en mayo de 2024 ante el persistente asedio estatal para impedir el regreso de su esposo.
La resolución de la CIDH establece que el régimen violó los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad personal de los miembros de Cubalex, exigiendo la investigación de los responsables y la adopción de garantías para impedir nuevas represalias. Esta condena internacional reafirma la responsabilidad directa del poder en Cuba en el colapso de las garantías fundamentales y presiona a la comunidad global a no ignorar la persecución sistemática que ahoga cualquier atisbo de disidencia y defensa legal en la isla.
