Los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio causaron daños materiales directos valorados preliminarmente en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB del país, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dado a conocer recientemente. El balance oficial de víctimas, actualizado por las autoridades venezolanas, asciende ya a 1.430 fallecidos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.
La evaluación preliminar del organismo internacional, elaborada mediante la plataforma RAPIDA —una herramienta que combina inteligencia artificial, sistemas de información geográfica e imágenes satelitales de alta resolución capturadas en las primeras 72 horas posteriores al desastre—, señala que las zonas más afectadas fueron Caracas y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua, algunas de las áreas más densamente pobladas del país. El PNUD calcula que aproximadamente 8,6 millones de personas estuvieron expuestas a sacudidas de intensidad moderada o superior, mientras que otros 2,1 millones experimentaron temblores de mayor fuerza.
Según el informe, unas 1,7 millones de estructuras civiles se encontraban dentro del área impactada por los sismos. Los daños se concentran principalmente en viviendas, edificios residenciales, establecimientos comerciales y otros bienes privados. No obstante, el PNUD advirtió que esta estimación no incorpora las pérdidas sufridas por la infraestructura pública, el impacto derivado de la interrupción de la actividad económica ni los costos que implicará la reconstrucción. El valor total de los daños físicos podría situarse en un rango de entre 4.700 y 8.700 millones de dólares, y la experiencia en catástrofes similares indica que el costo económico total suele alcanzar entre una vez y media y tres veces el monto de los daños materiales directos.
Una tragedia que resuena en la región
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la cifra oficial de fallecidos aumentó a 1.430, mientras que los heridos ascienden a 3.238 y el número de familias damnificadas llega a 3.142. Los expertos consideran que este podría convertirse en el desastre natural de mayor impacto económico registrado en la historia reciente del país sudamericano, lo que plantea interrogantes serias sobre la capacidad de respuesta institucional frente a eventos de esta magnitud en naciones con estructuras gubernamentales autoritarias y economías fracturadas.
Para Cuba, donde el régimen de La Habana mantiene un control absoluto sobre la información y la gestión de emergencias, el sismo venezolano representa un recordatorio inquietante. La isla comparte con Venezuela una alta vulnerabilidad sísmica, especialmente en la zona oriental, y la infraestructura civil cubana —deteriorada por décadas de abandono, falta de mantenimiento y corrupción institucionalizada— ofrece escasas garantías de resistencia ante un evento telúrico de magnitud comparable. Los derrumbes frecuentes de edificios en La Habana Vieja y Santiago de Cuba, incluso sin mediar sismos, evidencian el estado crítico del parque inmobiliario nacional.
La dictadura cubana, históricamente dependiente del apoyo venezolano en materia energética y económica, podría verse afectada indirectamente por las consecuencias de este desastre. Un debilitamiento adicional de la ya maltrecha economía venezolana reduciría aún más el flujo de petróleo y recursos hacia la isla, profundizando la crisis estructural que enfrenta la población cubana. La comunidad internacional, mientras tanto, deberá evaluar no solo la respuesta humanitaria inmediata hacia Venezuela, sino también las implicaciones regionales de un evento que pone de manifiesto la fragilidad institucional de los gobiernos que operan sin transparencia ni mecanismos democráticos de rendición de cuentas.
