Un tribunal penal de Tarija, Bolivia, ordenó este lunes la aprehensión del expresidente Evo Morales tras no comparecer al inicio de su juicio oral por el delito de trata de personas con agravante. La ausencia del exmandatario, histórico aliado del régimen de La Habana, genera un nuevo cisma en la región y pone de relieve las diferencias entre los sistemas judiciales latinoamericanos y la opacidad que impera en la isla caribeña.
La Fiscalía General del Estado de Tarija confirmó que Morales no se presentó a la audiencia ni justificó su inasistencia de manera directa o a través de terceros. Ante esta situación, el Tribunal de Sentencia Penal lo declaró nuevamente \»rebelde\» y comisionó a la Policía Boliviana para ejecutar la orden de captura. El juicio quedó suspendido sine die hasta que el exmandatario y la madre de la víctima, también acusada en el caso, comparezcan voluntariamente o sean conducidos por la fuerza pública.
El proceso judicial se centra en acusaciones de trata de personas con agravante. Como antecedente, en septiembre de 2020, la Fiscalía General informó sobre una denuncia por estupro relacionada con una adolescente de 15 años, con quien el expresidente supuestamente habría procreado una hija en 2016. El fiscal tarijeño Luis Gutiérrez detalló que el Ministerio Público ha acumulado más de 128 pruebas y 39 testigos para sustentar el caso, aunque el avance del proceso depende estrictamente de la comparecencia de los acusados.
Desde su posición, el exmandatario boliviano ha rechazado las acusaciones y ha denunciado lo que califica como una \»guerra legal\» impulsada por el gobierno actual para destruirlo \»moral y físicamente\». Morales sostiene que se trata de una persecución política y judicial orquestada para impedir su regreso a la palestra política, una narrativa que busca agitar a sus bases frente a un sistema judicial que, al menos en este caso, sigue su curso institucional.
El contraste con la impunidad del régimen cubano
La situación legal de Morales ofrece un contraste evidente con la realidad que viven los ciudadanos bajo la dictadura cubana. Mientras en Bolivia un expresidente enfrenta un proceso penal con un expediente robusto y una orden de aprehensión por delitos graves, en Cuba el gobierno de La Habana mantiene un control absoluto sobre el sistema judicial. Las autoridades de la isla garantizan total impunidad a los jerarcas del régimen, quienes son responsables directos del colapso económico, la represión sistemática y el encarcelamiento arbitrario de cientos de disidentes desde el estallido social del 11 de julio de 2021.
El desenlace de este caso en Bolivia no solo definirá el futuro político de uno de los líderes más influyentes del Foro de São Paulo, sino que también evidencia la fragilidad de los aliados de la dictadura cubana en la región. Para la ciudadanía cubana, que carece de mecanismos legales para demandar a sus gobernantes por abusos de poder o violaciones de derechos humanos, el proceso contra Morales reaviva la aspiración a una justicia independiente y subraya el atraso democrático que mantiene sumida a la isla en una profunda crisis institucional.
