Un especialista en energía del Hospital General \»Saturnino Lora\» fue condenado a 12 años de privación de libertad por el hurto de más de 5,700 litros de diésel. La sustracción, oculta reemplazando el combustible con agua, provocó el colapso de los grupos electrógenos durante un corte del Sistema Eléctrico Nacional, dejando sin asistencia respiratoria a cinco pacientes en estado crítico.
El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba informó que el acusado, quien tenía el control exclusivo del combustible destinado a la generación de respaldo, extrajo 5,742 litros de diésel para su venta en el mercado informal. Para evadir los controles de la Unidad Empresarial de Base de Generación de Energía, el trabajador reabasteció los grupos electrógenos con el diésel de reserva y vertió agua en el tanque de respaldo, una maniobra que alteró la calidad del combustible y terminó inutilizando los filtros de los equipos.
La gravedad de los hechos se evidenció cuando se produjo una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional y los grupos electrógenos contaminados no lograron entrar en funcionamiento. Este fallo afectó directamente la prestación de servicios en el hospital y el Cardiocentro, interrumpiendo el tratamiento de cinco pacientes acoplados a ventiladores pulmonares mecánicos en la Unidad de Servicios Intensivos. Las autoridades de la isla tipificaron el caso como \»apropiación indebida\» y \»sabotaje\», imponiendo además sanciones accesorias como la prohibición de salida del territorio nacional.
Descomposición institucional y crisis energética al desnudo
Si bien el régimen de La Habana ha destacado la severidad de la condena, el caso expone la profunda vulnerabilidad del sistema de salud pública cubano y la descomposición institucional impulsada por la aguda crisis económica. El desabastecimiento crónico, la inflación y los salarios devaluados han convertido el robo de recursos estatales en una práctica de supervivencia y enriquecimiento ilícito, mientras la infraestructura hospitalaria se desploma. La incapacidad del gobierno cubano para garantizar el suministro energético estable y mantener controles internos básicos puso en riesgo directo la vida de ciudadanos que dependen de equipos médicos vitales.
La sentencia de 12 años, justificada por el tribunal alegando un \»escenario energético de alta complejidad\», refleja la política de la dictadura cubana de penalizar con dureza los delitos contra el patrimonio estatal, especialmente cuando estos exponen el fracaso del modelo ante la opinión pública. Sin embargo, la represión penal no soluciona la raíz del problema: la falta de un sistema de generación confiable y la corrupción endémica. Mientras la isla continúe sumida en apagones prolongados y la ciudadanía enfrente el deterioro de los servicios de salud, casos como el del hospital \»Saturnino Lora\» seguirán evidenciando el costo humano de la ineficiencia gubernamental.
