El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la legislación HB 905, una normativa que endurece las restricciones comerciales y políticas contra gobiernos considerados adversarios por Washington, incluyendo medidas específicas hacia el régimen de La Habana. El acto se llevó a cabo en el Museo de la Bahía de Cochinos en Miami, en presencia de veteranos exiliados, marcando un nuevo capítulo en la presión institucional contra la isla caribeña.
La nueva ley, denominada oficialmente Ley de Restricción y Aplicación contra la Injerencia Extranjera, forma parte de un paquete impulsado por el ejecutivo estatal contra naciones catalogadas como \»de preocupación extranjera\», entre las que figuran China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Siria y Cuba. Durante la ceremonia, DeSantis defendió la necesidad de un cambio político en la isla y afirmó que los exiliados que participaron en la invasión de 1961 estuvieron \»del lado correcto de la historia\», reiterando que no se puede hacer negocios con entidades que respaldan la represión sistemática en la isla.
La legislación, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, establece mecanismos estrictos para las empresas con operaciones en territorio cubano. Las autoridades locales de Florida estarán facultadas para suspender o negar licencias comerciales a aquellas compañías que mantengan actividades en la isla y violen las regulaciones federales o estatales estadounidenses. Además, el texto exige la presentación de declaraciones juradas sobre estos vínculos y contempla severas penalidades en casos de perjurio o suministro de información falsa.
Preparativos legales para una eventual transición política
Uno de los apartados más destacados de la normativa es la sección titulada \»Apoyo a una Cuba Libre e Independiente\», la cual diseña un mecanismo de respuesta ante un eventual cambio de poder. El documento autoriza al gobernador de Florida a suspender temporalmente ciertas restricciones estatales si Washington modifica su estatus diplomático hacia La Habana tras el fin de la dictadura cubana. Esta flexibilización busca facilitar intercambios comerciales con una futura administración democrática, aunque su prolongación requerirá aprobación legislativa.
La promulgación de esta ley se produce en un contexto de profunda crisis estructural en la isla, caracterizada por la hiperinflación, el desabastecimiento generalizado, el colapso de los servicios básicos y un éxodo migratorio sin precedentes. Mientras las autoridades de la isla mantienen un férreo control sobre la población y la censura, medidas como la HB 905 buscan asfixiar financieramente a las estructuras que sostienen el aparato represivo, profundizando el aislamiento económico del régimen de La Habana frente a la comunidad internacional.
Esta iniciativa legislativa a nivel estatal refuerza el endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla y envía un mensaje claro sobre las implicaciones futuras para el sector empresarial. Al condicionar el levantamiento de sanciones exclusivamente a un cambio democrático, el gobierno de Florida alinea sus políticas locales con una estrategia de presión máxima, anticipando las condiciones bajo las cuales se normalizarían las relaciones con una Cuba post-autoritaria.
