El crimen machista de Gloria Almanza Céspedes, una educadora de 52 años asesinada por su expareja en el barrio habanero de Los Mangos, ha elevado a 21 la cifra de feminicidios registrados en la isla durante 2026. El caso, ocurrido el 1 de mayo en el municipio de San Miguel del Padrón, pone de manifiesto la inacción policial ante denuncias previas y refleja el agravamiento de la violencia de género en medio del silencio institucional.
Según el registro del Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT), la víctima había denunciado previamente a su agresor, lo que evidencia una grave falla en los mecanismos de prevención por parte de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana. Almanza Céspedes, quien deja atrás a dos hijas jóvenes, se suma a una alarmante estadística que, hasta principios de mayo, contabiliza 21 feminicidios, 17 intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género en lo que va de año. La plataforma también investiga otros seis posibles crímenes machistas alertados este año y doce casos pendientes de 2025.
El primer trimestre del año cerró con 13 feminicidios documentados de manera independiente, mayormente concentrados en provincias como Granma y Pinar del Río, con un patrón recurrente: en ocho de estos casos, los victimarios eran parejas o exparejas. Esta violencia en el entorno íntimo y familiar ha dejado al menos a siete menores de edad en situación de orfandad. Además, el monitoreo civil incluye el caso de una adolescente fallecida en condiciones no esclarecidas, para el cual las organizaciones reclaman acceso a los informes de investigación.
Opacidad institucional e indefensión de las mujeres
La tragedia cotidiana contrasta radicalmente con la opacidad del régimen de La Habana en materia de transparencia. Mientras los observatorios independientes asumen el riesgo de documentar estos crímenes en tiempo real, el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, dependiente del gobierno cubano, limita sus actualizaciones a una vez al año, dependiendo de datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Sus cifras más recientes, correspondientes a 2024, reconocen 76 asesinatos por razones de género —el 73,7% ocurridos en el hogar—, dejando a 70 menores sin amparo materno. Sin embargo, esta burocracia estatal no ofrece alertas tempranas ni protege a las mujeres en riesgo inminente.
Durante años, colectivos feministas han exigido al ejecutivo cubano la promulgación de una ley integral contra la violencia de género, la creación de refugios seguros y la implementación de protocolos de rescate efectivos. A pesar de que el Código Penal tipifica el asesinato por razones de género, la dictadura cubana ha ignorado sistemáticamente estas demandas, priorizando el control político sobre la vida y seguridad de sus ciudadanas. La falta de voluntad para legislar y proteger a las mujeres no solo perpetúa el ciclo de violencia e impunidad, sino que profundiza la crisis de derechos humanos que atraviesa la isla, dejando a la población femenina en un estado de absoluta vulnerabilidad.
