El periodista cubano Yoe Suárez presentó un testimonio ante la Comisión de EE.UU. sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) detallando cómo la dictadura cubana utiliza la detención, el hostigamiento y las amenazas contra hijos de líderes religiosos y disidentes para ejercer coerción. Los casos expuestos evidencian un patrón sistemático de violencia estatal que afecta directamente a la infancia en la isla.
En su declaración, Suárez destacó el caso más urgente: Jonathan David Muir Burgos, un adolescente de 16 años hijo del pastor evangélico Elier Muir Ávila. El menor permanece detenido tras su presunta participación en las protestas ocurridas el pasado 14 de marzo en Morón, Ciego de Ávila. La familia sufrió horas de incertidumbre sobre su paradero y expresa constante preocupación por su estado de salud. El propio registro de víctimas de la USCIRF señala que el joven continúa preso como forma de \»coerción por poder\», una táctica para presionar a su padre, quien lidera la iglesia protestante no registrada Tiempo de Cosecha.
La represión también alcanza a la primera infancia y a familias de activistas cívicos. El testimonio recoge el caso de Emma, una niña de tres años que presenció el arresto de su padre, Ernesto Ricardo Medina, miembro de la plataforma El4tico, en Holguín, acusado de \»propaganda contra el orden constitucional\». Asimismo, se documentó la detención del pastor Rolando Pérez Lora en Matanzas, arrestado frente a sus dos hijos menores cuando se dirigía a oficiar un servicio religioso, tras leer versículos en una transmisión por YouTube. La periodista evangélica Yunia Figueredo sufrió un operativo similar en La Habana, donde sus hijas observaron cómo era arrestada tras liderar un cacerolazo en protesta por los apagones y la escasez.
Hostigamiento en el sistema educativo
La interferencia del régimen de La Habana se extiende a las aulas, donde el Estado busca erradicar cualquier expresión religiosa que escape a su control. Suárez relató cómo las autoridades de la isla han prohibido a estudiantes ejercer su fe en centros educativos, citando el caso de Leosdán Martínez, un estudiante judío de 12 años a quien funcionarios del Ministerio de Educación en Nuevitas le prohibieron usar la kipá dentro de la escuela. Estos actos demuestran que la persecución no se limita al ámbito privado, sino que se institucionaliza desde tempranas edades.
Estos episodios no son hechos aislados, sino que forman parte de la profunda crisis estructural y de derechos humanos que atraviesa Cuba. Ante el colapso económico, la inflación galopante y el desabastecimiento energético, las autoridades cubanas han intensificado la represión social y política para acallar el descontento ciudadano. La persecución a líderes religiosos y a sus familias funciona como un mecanismo de escarmiento generalizado, profundizando el clima de terror y propiciando el continuo éxodo migratorio de cubanos que huyen de la asfixia civil y la falta de libertades.
La exposición de estos casos ante la comunidad internacional pone de relieve la urgencia de un escrutinio más severo sobre las prácticas del ejecutivo cubano. Las implicaciones de esta violencia institucionalizada recaen directamente sobre el futuro de la niñez en la isla, condenada a crecer en un entorno de censura y miedo. La respuesta de los organismos internacionales y la sociedad civil será determinante para exigir la liberación de los presos de conciencia y para frenar el uso de menores como rehenes políticos por parte de la dictadura.
