Las autoridades de la isla ejecutaron este miércoles el desalojo de la residencia del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, ubicada en el municipio capitalino de Playa. La acción, marcada por un estricto dispositivo de seguridad que impidió a los vecinos documentar el operativo, forma parte del decomiso de bienes ratificado por el Tribunal Supremo Popular tras su condena a cadena perpetua.
El operativo comenzó en las primeras horas de la mañana en una vivienda situada en la calle 24 entre 1ra y 3ra, una de las zonas residenciales más codiciadas de la capital. Según fuentes consultadas, en el inmueble residían la esposa del exfuncionario, su hija, una nieta y el yerno. Durante la intervención, al menos dos camiones se estacionaron frente a la propiedad para trasladar las pertenencias de la familia, cumpliendo así las sanciones accesorias dictadas por el régimen de La Habana tras los juicios celebrados en noviembre.
Agentes desplegados en las inmediaciones impidieron que los residentes del barrio grabaran o tomaran fotografías del desalojo, una práctica habitual de la dictadura cubana para censurar información sobre operaciones policiales y judiciales que involucran a altas figuras del poder. El desalojo se materializa después de que el Tribunal Supremo Popular rechazara a finales de enero los recursos de apelación de la defensa, dejando firme la condena contra Gil Fernández por delitos que incluyen espionaje, cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal.
Contraste con la crisis habitacional en la isla
La residencia confiscada, una casa de dos plantas con garaje, jardín y acabados muy superiores al estándar nacional, contrasta drásticamente con la realidad habitacional que sufre la mayoría de la población. Mientras la cúpula del gobierno cubano accedía a viviendas privilegiadas, el país enfrenta un déficit de más de 800.000 hogares. Informes recientes sobre la crisis estructural indican que cerca del 40% de las viviendas se encuentran en estado regular o malo, lo que agrava el hacinamiento y el deterioro de la infraestructura nacional.
Hasta el momento, el ejecutivo cubano no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el destino de los familiares desalojados ni ha aclarado si la propiedad pasará de inmediato al control estatal. La caída en desgracia y el severo castigo impuesto a Gil Fernández reflejan las purgas internas dentro de la nomenclatura. Esta acción evidencia la falta de transparencia institucional y subraya cómo las disputas de poder en la cúspide del Estado se resuelven mediante un sistema judicial subordinado, lejos de cualquier control democrático y con un impacto directo sobre la ya precaria estabilidad de la ciudadanía.
