El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, defendió este martes las nacionalizaciones de propiedades de ciudadanos estadounidenses ejecutadas en los primeros años de la revolución, asegurando que fueron \»absolutamente legítimas\». El funcionario trasladó la responsabilidad de la falta de compensación al gobierno de Estados Unidos, argumentando que Washington rechazó negociar un acuerdo indemnizatorio.
A través de publicaciones en redes sociales, el alto representante del gobierno cubano sostuvo que las expropiaciones se ajustaron a la Constitución de 1940 y al Derecho Internacional. Fernández de Cossío argumentó que las autoridades de la isla lograron acuerdos de compensación con naciones como Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suiza, pero acusó a Washington de negarse a sentarse a buscar una fórmula aceptable. Según la versión oficial, esta negativa respondía a que el ejecutivo estadounidense ya planificaba en secreto el derrocamiento del régimen, en alusión a los preparativos que culminaron en la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961.
Estas declaraciones fueron rápidamente refutadas por el economista Elías Amor, quien cuestionó tanto la legalidad de las confiscaciones como la narrativa histórica del gobierno. En su blog, el experto argumentó que las medidas violaron la legislación y la práctica internacional vigente en la época. Además, criticó severamente el mecanismo de compensación diseñado por el régimen de La Habana, al considerarlo insuficiente y alejado de la justicia, ya que no contempló una solución específica para las reclamaciones estadounidenses, las cuales concentraban la mayor parte del valor de los bienes confiscados.
La narrativa del embargo frente al colapso estructural
En su intervención, el viceministro volvió a apelar a la retórica tradicional sobre los daños causados por la política de Washington, citando el embargo económico como causa del deterioro material en la isla. Sin embargo, Amor señaló que esta narrativa no fue invocada durante las décadas de dependencia soviética, sino que resurgió como justificación tras el colapso del bloque socialista en Europa del Este. Para los críticos, este discurso busca desviar la atención sobre la responsabilidad directa del régimen en el colapso de la economía nacional, la hiperinflación, el desabastecimiento crónico y el masivo éxodo migratorio que sufre la ciudadanía.
A pesar de las posturas encontradas, el debate vuelve a poner sobre la mesa un pasivo histórico que permanece irresuelto desde hace más de seis décadas y que condiciona cualquier acercamiento diplomático. Según cifras oficiales de Estados Unidos, existen más de 5.900 reclamaciones certificadas contra el Estado cubano que superan los 1.900 millones de dólares, sin contar los intereses acumulados. Mientras la dictadura cubana prioriza la confrontación discursiva para el consumo interno, la resolución de este conflicto patrimonial se erige como un obstáculo insalvable para la normalización de las relaciones bilaterales y la apertura económica que reclama la población.
