Las autoridades de la isla han desplegado una campaña de recolección de firmas casa por casa para convocar a la denominada \»guerra de todo el pueblo\», un ejercicio que según testimonios de ciudadanos se sustenta en la coerción, el miedo a represalias laborales y académicas, y la promesa de beneficios mínimos como asignaciones de alimentos o combustible.
La iniciativa, promovida desde las estructuras del Comité de Defensa de la Revolución y otros organismos de base del régimen de La Habana, busca presentar un respaldo masivo de la población ante un escenario bélico hipotético. Sin embargo, diversos testimonios recogidos en las redes sociales y por periodistas independientes indican que los listados están siendo llenados bajo presión, con nombres de personas que firman por temor a perder sus empleos, el acceso a estudios superiores, o el derecho a viajar al exterior. La dictadura cubana recurre una vez más a los métodos de movilización forzada que ha empleado históricamente en elecciones y referendos, donde la participación voluntaria es en realidad una obligación impuesta bajo amenaza.
Según reportan fuentes desde la capital, el gobierno cubano habría mantenido durante más de una semana un servicio eléctrico relativamente estable en La Habana, en un esfuerzo evidente por predisponer favorablemente a la población durante la recolección de firmas. No obstante, la carga del tanquero ruso Anatoly Kolodkin está próxima a agotarse, las termoeléctricas comienzan a registrar nuevas averías y los apagones reaparecen progresivamente. En el resto de las provincias, los cortes eléctricos no han mejorado y el número de firmantes reportados dista de ser el que las autoridades pretenden exhibir.
Un compromiso que envejeció mal
La llamada \»guerra de todo el pueblo\» se inscribe en una retórica que remite a la victoria de Playa Girón hace más de seis décadas, pero que hoy carece de respaldo social genuino. Lo que el discurso oficial denomina \»moral combativa\» se ha erosionado profundamente como consecuencia de la crisis estructural que atraviesa la isla: inflación galopante, desabastecimiento crónico, colapso del sistema de salud y un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado al país de su fuerza joven. En este contexto, la convocatoria a defender la patria resulta, para amplios sectores de la población, una exigencia absurda frente a un Estado que no ha garantizado lo mínimo para la subsistencia digna.
Analistas y opositores señalan que, en caso de un conflicto real, el régimen enfrentaría una paradoja insalvable: armar a una población que en su mayoría rechaza al sistema sería un riesgo para la propia cúpula militar. Por ello, en la línea de frente estarían aquellos considerados \»confiables\», un círculo cada vez más reducido y cuya lealtad real es cuestionada incluso desde dentro de las filas del poder. Mientras tanto, los firmantes —muchos de ellos obligados por las circunstancias— marcharán el primero de mayo con hambre y sin descanso, defendiendo con su nombre los intereses de la élite militar y empresarial que controla la economía del país, en particular los activos del conglomerado GAESA, cuyos hoteles, negocios y privilegios contrastan con la miseria que padecen millones de cubanos.
El escenario que se dibuja detrás de la bravata oficial es el de un sistema en declive terminal, donde los llamados a la unidad patriótica no logran ocultar el agotamiento de un modelo que ha vendido el país, ha envejecido su base de apoyo y ha perdido la legitimidad entre quienes se supone debe defenderlo. La comunidad internacional y los observadores democráticos deberían mirar más allá de las cifras infladas que presentará el régimen, y reconocer que estas firmas no expresan consenso alguno, sino el reflejo de un miedo que la dictadura ha cultivado durante más de seis décadas como principal instrumento de control social.
