El Patronato del Hogar Nacional Masónico Llansó denunció una intromisión arbitraria de las autoridades cubanas en sus finanzas internas, tras una auditoría sorpresa que amenaza con derivar en un proceso penal por presunto tráfico de divisas contra su director. El hecho, que contradice promesas públicas de no injerencia, evidencia un nuevo capítulo de la política de control y asfixia del régimen de La Habana contra las instituciones de la sociedad civil que operan con independencia del Estado.
La crisis se desató el pasado 1 de julio, cuando una comisión auditora se presentó sin previo aviso en las instalaciones del asilo con el objetivo de revisar los libros de contabilidad y los vales relacionados con las donaciones en divisas enviadas por masones residentes en el exterior. La delegación estuvo integrada por el Dr. Alberto Soto, responsable nacional del Adulto Mayor; Odalys Oliva, funcionaria del Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia (MINJUS); y una auditora de la Contraloría General de la República cuya identidad no fue revelada.
Ante este operativo, los miembros del Patronato —órgano encargado de la administración del centro— emitieron un informe aprobado por unanimidad donde manifestaron su absoluto desacuerdo. En el documento, al cual tuvo acceso la prensa independiente, los masones argumentaron que el Estado carece de facultades para fiscalizar fondos que no le pertenecen, calificando la acción como una grave violación a la autonomía del Patronato y, por extensión, a la institución masónica en su conjunto.
La auditoría no se limitó a un mero escrutinio contable. El Patronato denunció que el director del asilo, Raúl Acosta, fue posteriormente citado por una oficial identificada únicamente como «la teniente coronel Kenia», quien le notificó el inicio de un expediente penal por presunto tráfico de divisas. En el ordenamiento jurídico cubano, este delito está sancionado con penas privativas de libertad que oscilan entre ocho y 20 años, lo que configura un escenario de clara intimidación y persecución política por parte de la dictadura cubana.
La amenaza penal adquiere una dimensión aún más grave si se considera que, recientemente, el titular del MINJUS había declarado en televisión nacional que ni su institución ni otras entidades estatales se inmiscuirían en los asuntos internos de la masonería. La divergencia entre la retórica oficial y la práctica represiva demuestra la falta de fiabilidad de las promesas del gobierno cubano y su tendencia a criminalizar la gestión independiente de recursos.
En el informe, los masones rechazaron enérgicamente las insinuaciones de que los fondos de donación se destinan a usos personales del Soberano Gran Maestro, señalando que la auditoría parece ser una maniobra orquestada para justificar prejuicios y perjudicar al presidente del Patronato. «Las donaciones en divisa no le conciernen a ninguna autoridad fuera de los masones», recalcaron, subrayando que los recursos son entregados por hermanos en el exterior para ser administrados discrecionalmente por la dirección del asilo.
Como medida de protección ante lo que consideran una intromisión estatal inaceptable, el Patronato acordó contactar a los donantes para devolverles el monto total de las contribuciones recibidas desde marzo de 2024 hasta la fecha. Aunque reconocen que esta decisión perjudicará directamente a los adultos mayores residentes en el centro, los masones consideraron que es la única vía para «evitar próximas situaciones desagradables» y despojar a las autoridades de la isla de cualquier pretexto para hostigar a la institución.
El Hogar Nacional Masónico Llansó, escenario de este conflicto, posee una profunda tradición filantrópica en Cuba. Fundado para brindar cuidado y refugio a los masones durante su vejez, el centro fue rebautizado en honor al ex gran maestro Enrique Llansó Simoni, fallecido el 5 de julio de 1932. Antes de esa fecha, la institución operaba bajo el nombre de asilo «La Misericordia», consolidándose durante décadas como un pilar de asistencia social al margen de las estructuras estatales.
El contexto de la crisis económica y la sed de divisas
El hostigamiento al asilo Llansó no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla y en la desesperación del régimen de La Habana por captar moneda libremente convertible. Con una economía inmersa en una hiperinflación rampante, un desabastecimiento crónico de productos básicos y la pérdida de valor de la moneda nacional, las autoridades cubanas han intensificado su persecución contra cualquier flujo financiero que escape a su monopolio de control.
En este escenario, las remesas y donaciones enviadas por la diáspora se han convertido en la principal red de supervivencia para millones de cubanos. Sin embargo, el gobierno cubano busca canalizar todos estos recursos a través de sus entidades bancarias y empresas estatales, imponiendo restricciones y tasas punitivas. La gestión independiente de fondos por parte de organizaciones como la masonería representa una afrenta a la lógica centralista del Estado, que ve en la autonomía económica una amenaza a su hegemonía política.
El colapso de la asistencia social y el abandono de la tercera edad
La intervención en las finanzas del asilo Llansó también pone de manifiesto el dramático colapso del sistema de seguridad social en Cuba. El sistema de pensiones se encuentra en bancarrota técnica, con jubilados recibiendo mensualidades que no alcanzan para cubrir ni una semana de alimentación básica en el mercado informal. En este contexto, los asilos y centros de cuidado para la tercera edad, mayormente sostenidos por la caridad privada y la iniciativa de organizaciones religiosas o fraternales, asumen la carga que el Estado ha abandonado.
Al criminalizar la recepción de donaciones en divisas, las autoridades de la isla no solo vulneran la autonomía de la masonería, sino que atentan directamente contra la calidad de vida y la supervivencia de un sector históricamente vulnerado: los adultos mayores. La dictadura cubana, al priorizar el control político sobre el bienestar de sus ciudadanos, demuestra una vez más su incapacidad para garantizar los derechos más elementales de la población.
Represión a la sociedad civil y consecuencias a futuro
Históricamente, la masonería en Cuba ha mantenido un delicado equilibrio de coexistencia con el poder, conservando espacios de autonomía que otras organizaciones perdieron tras el proceso de nacionalización de la sociedad civil en los años 60. El actual episodio de hostigamiento y amenaza penal contra el director del asilo Llansó marca un punto de inflexión peligroso, enviando un mensaje disuasivo a todas las asociaciones independientes que intenten gestionar ayuda humanitaria sin la tutela del Estado.
La decisión del Patronato de devolver los fondos donados para evitar la cárcel de sus directivos es un reflejo trágico de la asfixia legal y policial que impera en el país. Esta rendición forzada dejará a los residentes del hogar en una situación de mayor precariedad, evidenciando cómo la represión institucional termina penalizando a los más desprotegidos. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos deben prestar atención a este caso, que ilustra el uso faccioso del sistema penal para amedrentar a la sociedad civil y consolidar el monopolio del poder en Cuba.
